El petróleo y el gas constituyen recursos estratégicos del Estado –bienes públicos indispensables como palancas o instrumentos soberanos de planificación y regulación económica para el progreso económico con justicia social (desarrollo humano) del art. 75, inc. 19 CN-. De allí que merezcan –como otros tópicos estructurales- de una Política de Estado. Esto se ha concretado con la expropiación del 51% propiedad de REPSOL, sus controlantes y controladas, en el capital accionario de la sociedad anónima privatizada REPSOL/YPF, lo que contó con el apoyo mayoritario de las fuerzas sociales y políticas de Argentina y de nuestra América. Esta decisión soberana provocó la reacción de grupos políticos y mediáticos minoritarios que argumentan con intención aviesa o palmario desconocimiento del derecho.