Solo basta que el Tribunal Fiscal no dé la razón a las grandes exportadoras para que el Estado reconquiste un monto no pagado gracias a un subterfugio.

Si el Tribunal Fiscal de la Nación no dilata el trámite, el Gobierno confía en contar rápido para aumentar su colchón de divisas con la mayor parte de los casi 500 millones de dólares que reclama a las exportadoras de cereales. La cifra está dentro de la que exige la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por maniobras de las cerealeras en 2007 en perjuicio del Estado nacional.

La AFIP viene tratando de cobrar 800 millones de dólares que las cerealeras eludieron con subterfugios. Ya recuperó para el Estado 383 millones aplicando medidas que abarcaron desde demandas penales hasta la persuasión sobre empresas que se allanaron a pagar sin necesidad de juicio.