El contrabando y el comercio ilícito ganaron peso en la agenda pública durante 2025 y 2026, con estimaciones sectoriales que muestran un fuerte aumento en categorías como celulares, una creciente preocupación de las cámaras empresarias por la competencia desleal y proyectos de ley que atribuyen responsabilidad objetiva o solidaria, o el traslado de facultades de verificación y/o fiscalización, a plataformas digitales.