La disponibilidad de electricidad es un factor estratégico para el desarrollo socioproductivo y las redes de infraestructura energética constituyen un elemento vertebrado de la integración del sistema económico y territorial. La existencia de grandes distancias entre los centros de producción y los de transformación y consumo, junto con la imposibilidad de almacenar la electricidad producida, hacen necesario el desarrollo de una red técnica que asegure la circulación, vinculando los sistemas de transporte con los puntos físicos donde los usuarios requieren la electricidad.

La energía eólica no es considerada una alternativa de base por la inestabilidad que presenta y la imposibilidad de ser acumulada, pero es un aporte complementario que puede servir para ampliar la capacidad de generación eléctrica en el corto plazo, sin emisiones de dióxido de carbono. El Congreso Nacional sancionó en 2006 una ley de fomento y promoción de fuentes renovables que prevé incrementar al 8 por ciento su participación en la matriz energética para 2016. Dentro de esa denominación se incluye también el aporte solar, biomásico y de hidráulicas de baja potencia (ver relacionado), aunque el objetivo oficial es que la mitad de ese porcentaje lo aporten los vientos.

El Gobierno adjudicó en 2010 a través del Programa de Energías Renovables (Genren) 895 MW de potencia. La energía eólica obtuvo 754 MW (ver aparte) y el resto fueron para proyectos térmicos con biocombustible (110,4 MW), solar fotovoltaicos (20 MW) y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos (10,6 MW), que registran distintos grados de avance.