La décima segunda medición de la actualización jubilatoria derivada de la ley de movilidad aprobada en 2020, aplicable desde marzo 2024 alcanzaría 29,8%.

En nuestro país, el sistema de seguridad social se ha expandido notablemente desde 2005 y en particular a partir de la reversión de la privatización del sistema de jubilaciones y pensiones, la extensión de beneficios no contributivos de carácter inclusivo y universales y de programas masivos de transferencias monetarias condicionadas, como las asignaciones por hijo para protección social (AUH).

¿El sistema se debe ocupar sólo de los que aportaron o debe ofrecerles una alternativa de sustento a todos los adultos mayores en tanto ciudadanos? Qué camino exploró el Gobierno durante la última década y cómo se insertan las moratorias dentro de esa estrategia.