Un debate desordenado y confuso en torno de la potencial expulsión de personas calificadas de delincuentes extranjeros antes de recibir condena firme se ha instalado en la opinión pública de manera inverosímil.

El solo debate en torno de la posibilidad de regresar a los tiempos de la Ley de Residencia de 1902, que permitía al gobierno expulsar a inmigrantes sin juicio previo, amerita que el campo nacional y popular se tome el desafío muy seriamente. Las consecuencias laterales, no deseadas, de haber destapado la caja de Pandora de la xenofobia, despertando un componente de intolerancia que se encontraba latente en la sociedad, no deben ser subestimadas por las fuerzas políticas y sociales del arco progresista.