Por contradictorio que parezca, las grandes empresas farmacéuticas dan muy poca prioridad al derecho humano a la salud, a pesar de que les corresponde un rol estratégico en este marco.  Su meta principal es la ganancia, y como trabajan en una industria cuyos clientes finales son de alta vulnerabilidad –las personas con enfermedades– les da un margen mucho mayor que en otras industrias para fijar precios exagerados.  Corresponde, entonces, a los Estados establecer los parámetros de operación de estas empresas en aras del interés público y para garantizar el derecho a la salud.