El sector público, a través de sus políticas de gastos e impuestos, puede actuar sobre la distribución primaria con el fin de apuntar al logro de mayor equidad en la distribución de ingresos de la sociedad.

El Estado, a través de su política de impuestos y de gastos, modifica la distribución del bienestar. A partir del indicador de bienestar de las familias, el primer paso para medir el impacto redistributivo de la política fiscal consiste en determinar cuál es la distribución de dicho indicador de bienestar (ingreso o consumo) antes de la acción de la política fiscal.