“No hay ni una menos sin vivienda”, reclama el feminismo popular desde la toma. La falta de acceso y una vulnerabilidad histórica.

Comencé a militar políticamente con dieciséis años, en el peronismo de Florencio Varela. Viví como todos los argentinos y argentinas la convertibilidad, el estallido de 2001 y la recuperación de la esperanza que puso en marcha Néstor Kirchner. Luego viví el declive silencioso pero ostensible que produjo la irrupción cambiemita. Ahora transito (transitamos) este presente cargado de interrogantes e inquietudes.

Todo el sistema político, incluidos varios dirigentes del espacio político al que todavía pertenezco, se han apresurado a decir que las ocupaciones de tierra son delito. Algunos incluso han sostenido su posición con afirmaciones que atentan contra la dignidad de familias pobres, desesperadas, que buscan un pedacito de tierra para dejar de padecer el hacinamiento, porque no pueden pagar más el alquiler de la piecita o porque directamente están en la calle. Otros, sin llegar a tales extremos, buscan cubrirse de los huevazos mediáticos poniendo adelante el cuerpo de algún “ocupa”. Se lavan las manos.