¿Por qué sigue agudizándose y extendiéndose la crisis económica europea? ¿Ignorancia? ¿Demasiado poder concentrado en pocas manos? ¿O será, quizá, todo lo contrario: que los que deben tomar las decisiones necesarias no tienen el poder para hacerlo? Creo que es una diabólica combinación de estos tres factores.

Ignorancia. Está claro que ni entre los gobiernos ni entre los expertos hay acuerdo acerca de qué hacer. El debate entre los defensores de la austeridad y quienes proponen gastar más para estimular el crecimiento de la economía domina los titulares. A medida que la crisis arrecia, este debate se transforma en un torneo de frases hechas y afirmaciones superficiales. Después de todo, la austeridad no suele ser una opción entre varias. Los pobres no viven austeramente porque, después de pensarlo bien, decidieran que prefieren ser frugales. Así, para muchos países -y familias- la austeridad es una feroz e ineludible realidad. Por otro lado, imponerles más austeridad a quienes ya no pueden vivir con lo poco que tienen tampoco es una opción válida. El debate sigue y la seguridad con la cual los más renombrados economistas ofrecen sus recomendaciones contrasta con la validez de sus pronósticos.

Andrew Lo, del MIT, acaba de publicar en el Journal of Economic Literature una reseña de los 21 libros que más resonancia tuvieron en los debates sobre la crisis. Su conclusión: "De este amplio y contradictorio conjunto de interpretaciones no emerge una narrativa única; la gran variedad de conclusiones. enfatiza la desesperada necesidad que tienen los economistas profesionales de ponerse de acuerdo sobre una base de datos común de la cual puedan construir inferencias y narrativas más precisas".

En otras palabras, si los mejores economistas ni siquiera se pueden poner de acuerdo sobre cuáles son los datos relevantes para explicar la crisis, no debe sorprendernos que tampoco estén de acuerdo acerca de qué hacer para salir de ella.

Mucho poder en pocas manos. También es obvio que la crisis no es sólo económica y que las contradicciones entre los expertos no bastan para explicar lo que está sucediendo. La política tiene mucho que ver, y hablar de política es hablar de poder. Hay protagonistas de este drama que, aunque no tienen el poder para solucionar la crisis, tienen el poder de vetar las iniciativas ajenas que no les convienen y así truncar el juego. La canciller alemana, Angela Merkel, por ejemplo, es uno de estos protagonistas con enorme poder de veto. La venta de un bono único emitido por Europa es un buen ejemplo de iniciativas válidas que hasta ahora han sido frenadas por Alemania. Estos eurobonos tendrían la garantía colectiva de todo el continente, lo que disminuiría su prima de riesgo.

Pero en estos tiempos el poder no sólo se concentra en algunos países y líderes. Los financieros que tienen la capacidad de mover grandes volúmenes de capital también son protagonistas importantes del drama europeo. Si bien no pueden imponer políticas, sí pueden vetar decisiones o limitar las opciones de los gobiernos.

Poco poder en muchas manos. Por otro lado, un paradójico y contradictorio aspecto del poder en estos tiempos es su escasez, precariedad y transitoriedad. Aun los más poderosos se encuentran con inmensas limitaciones para ejercer el poder. Y además lo pierden con inusitada frecuencia, siendo reemplazados por rivales, colegas o sorprendentes contendientes que aparecen súbitamente. Merkel no puede hacer todo lo que le gustaría y sus opciones son restringidas por una miríada de micropoderes que, si bien no tienen la fuerza de imponer sus deseos, sí tienen cómo limitar a los más poderosos. Ni siquiera los líderes de las finanzas pueden hoy dormir tranquilos suponiendo que sus cargos e instituciones están a salvo de la turbulencia en la que vivimos. Incluso quienes más poder tienen sólo pueden influir sobre su evolución de manera tenue e indirecta. La crisis sigue porque en Europa no hay quien tenga el poder para contenerla. Por ahora.

El famoso arquitecto Alejandro Bustillo hizo el castillo estilo Tudor que los Pereda tienen en sus campos de Cañuelas, a 45 kilómetros de la sede de la Sociedad Rural Argentina. Los jardines los hizo el no menos célebre paisajista Carlos Thays. En los miles de hectáreas de alrededor, los Pereda tuvieron décadas de renta extraordinaria y de viajar los otoños bonaerenses a las magníficas primaveras parisinas.

Celedonio Pereda (h) estuvo codo a codo con otros terratenientes en las tórridas jornadas de la Apege (Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias) en el verano del ’76. Pereda presidía la Sociedad Rural Argentina y sabía perfectamente que en cuestión de semanas se produciría una brutal transferencia de recursos de los sectores industriales vinculados al mercado interno hacia los sectores agroexportadores y también de la clase trabajadora hacia el sector más concentrado de la oligarquía argentina. El otro líder de aquella gesta cívica imprescindible para que los campos de concentración se llenaran de militantes y fueran convertidos en mataderos era Jorge Aguado, el presidente de Carbap (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) y de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas).

Los indicadores muestran que la economía argentina durante 2012 no tiene ningún escenario de crisis por delante. En buena medida porque muchas de las decisiones tomadas a fines del año pasado apuntaron a corregir algunas cuentas. Algunas difíciles de entender como la restricción de la compra de monedas extranjeras al menudeo o las normas de importación. Pero –más allá de los métodos con los que se otorguen las licencias de compra de artículos extranjeros o las limitaciones para que, por ejemplo, un residente peruano pueda remitir parte de sus ingresos a sus familiares de origen– el Gobierno Nacional dio muestras de intervenir en los mercados para ayudar a que las cuentas nacionales queden a salvo de los malos vientos externos. No se trata sólo de las distorsiones del comercio internacional por la crisis en las naciones llamadas desarrolladas, sino también porque la Argentina tiene todavía una pesada carga producto del desendeudamiento externo. En este sentido, entre capital e intereses, durante este ejercicio, el Estado tiene que hacer frente a vencimientos por cerca de 15 mil millones de dólares. Y esto es así por la perversa configuración de pagos que hizo Domingo Cavallo quien, asociado con la gran banca privada extranjera, dejó un sistema que fuera cavallodependiente. El desparpajo y el talento de Néstor Kirchner –apoyado en una sociedad que tomaba conciencia de la situación– permitieron el desenganche de la economía y la política nacional de los poderes externos y sus aliados nativos.

Solo basta que el Tribunal Fiscal no dé la razón a las grandes exportadoras para que el Estado reconquiste un monto no pagado gracias a un subterfugio.

Si el Tribunal Fiscal de la Nación no dilata el trámite, el Gobierno confía en contar rápido para aumentar su colchón de divisas con la mayor parte de los casi 500 millones de dólares que reclama a las exportadoras de cereales. La cifra está dentro de la que exige la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por maniobras de las cerealeras en 2007 en perjuicio del Estado nacional.

La AFIP viene tratando de cobrar 800 millones de dólares que las cerealeras eludieron con subterfugios. Ya recuperó para el Estado 383 millones aplicando medidas que abarcaron desde demandas penales hasta la persuasión sobre empresas que se allanaron a pagar sin necesidad de juicio.

En el presente trabajo se busca introducir el debate alrededor de los conceptos de espacio, territorio, territorialidad, lugar y sus posibles incumbencias para el análisis de sujetos políticos, centrado en un caso de movimiento de desocupados en Argentina: la CTD Aníbal Verón. En primer lugar, se aborda la discusión acerca de si el espacio puede ser pensado como dimensión constitutiva de lo político o si basta pensarlo como manifestación del conflicto, demarcación de un límite y control del acceso, entendiendo el espacio construido en tanto territorio. En segundo lugar, se desarrolla el análisis de la relación de los sujetos con el espacio, su apropiación y dotación de sentido, involucrando relaciones identitarias que a menudo son analizadas a través de la categoría de lugar.

Los Tratados Bilaterales de Inversión fueron promocionados durante la década del ’90 como instrumentos para una mayor cooperación económica entre los países desarrollados con las naciones en desarrollo. La prédica asociada al Consenso de Washington afirmaba que esos tratados prometían “estimular la iniciativa económica privada”, “el flujo de capitales”, “mantener un marco estable para las inversiones” y un “trato justo y equitativo” a las inversiones. Las condiciones de la “seguridad jurídica”. Sin embargo, en la práctica se constituyeron en la privatización de la soberanía económica. Con la adhesión al Ciadi, el Estado argentino quedó subordinado a ese tribunal arbitral internacional, dependiente del Banco Mundial.

La decisión política de recuperar YPF a partir de un proceso de expropiación colocó en el centro del debate los problemas derivados de la vigencia de los TBI y la pertenencia al Ciadi. Economistas, abogados y funcionarios locales e internacionales recomiendan denunciar esos tratados y construir una nueva estructura jurídica en el marco de la Unasur. Como antecedente aparece la experiencia de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Sudáfrica.

Los impuestos inmobiliarios provinciales, los urbanos más los rurales, han ido perdiendo peso desde hace años en el país y hoy aportan una recaudación de sólo 0,4% del PIB. Si se le suman los ingresos por los impuestos provinciales a los automotores (del orden del 0,3%) y el tributo nacional “a los bienes personales” (0,3% del PIB) se totaliza una recaudación patrimonial anual del 1% del PIB.

15 de mayo de 2012 — El anunció que hizo el pasado viernes 11 de mayo Jamie Dimon, director ejecutivo (CEO) del banco JPMorgan Chase, cuando admitió que el banco había perdido 2 mil millones de dólares en apuestas en derivados especulativos en su filial de Londres, dio pábulo a una andanada mayor de llamados en respaldo a las peticiones ya existente para restablecer la ley Glass-Steagall. Una cantidad cada vez mayor de voces se suman a esa demanda, y hay quienes piden que Jamie Damon no solo renuncie a su cargo del JPMC, sino que lo saquen del consejo directivo del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

En un artículo publicado en la revista electrónica de negocios Slate, titulado "Flawed Dimon" (Dimon defectuoso) el ex gobernador de Nueva York, Eliot Spitzer exigió que se reinstituya la Glass-Steagall y que Dimon renuncie a su puesto en la Reserva Federal de Nueva York. Del mismo modo se pronunció Joe Klein en un artículo de la revista Time titulado "Jamie Dimon's Worst Nightmare" (La peor pesadilla de Jamie Dimon). Klein se refiere a un esquema enrevesado para reglamentar a los bancos elaborado por el ex precandidato presidencial republicano Jon Huntsman (quien ha planteado también la reinstitución de la Glass-Steagall) y luego agrega que el "ex senador de Delaware Ted Kaufman y otros están a favor de un enfoque más directo: una versión actualizada de la ley Glass-Steagall que separa la banca comercial de la banca especulativa, y que mantuvo bajo control las pasiones animales de Wall Street desde la Gran Depresión hasta finales de los 1990, cuando fue sustituida por la desafortunada desregulación de Bill Clinton".

Ni dictaduras industrializadoras, ni flexibilización laboral al extremo. La receta asiática para el desarrollo se encuentra en la capacidad de esos Estados para disciplinar a las elites capitalistas y condicionar su comportamiento para garantizar que promuevan el cambio tecnológico, reinviertan, exporten más, innoven, aumenten el empleo y mejoren las condiciones laborales. A diferencia de la experiencia pasada y presente en Asia, el economista de la Universidad de Cambridge Gabriel Palma advierte la incapacidad de los Estados de América latina para, además de ofrecer subsidios y otros beneficios, exigirles a los sectores empresarios dominantes la reinversión de sus ingresos.

En Argentina hay 568 entidades que brindan medicina prepaga , que cuentan con 11,9 millones de beneficiarios , de los cuales casi la mitad son jóvenes, menores de 36 años. Las cifras son del Registro de la Superintendencia de Servicios de Salud, creado con la nueva ley de medicina privada aprobada el año pasado. Incluye sociedades comerciales, mutuales, fundaciones, asociaciones civiles, obras sociales del personal de dirección y las que tienen planes de adherentes, complementarios o superadores.

De estos números oficiales se desprende que funcionan en todo el país más entidades de medicina prepaga que las que se creía o esperaba. Pero eso no impide que el sistema esté muy concentrado : ocho entidades tienen más de 500 mil beneficiarios y 338, menos de 5 mil usuarios. Por lejos, OSDE encabeza el ranking con 1,7 millón de usuarios.