El fantasma de Karl Polanyi sobrevoló Davos. El tema con que se convocó la reunión de este año del Foro Económico Mundial fue “La Gran Transformación”, el título del libro de Polanyi que criticaba lo que consideraba el carácter utópico del capitalismo libremercadista del siglo XIX. Una libertad total de los mercados conduciría a un colapso político y social, sostenía.

A cuatro años de una brutal recesión que ha dejado desempleados a 200 millones de personas en el mundo, y con movimientos de protesta ocupando los espacios públicos en capitales occidentales, alguna introspección y balance tenía que llegar a Davos.

El programa de la reunión empezó el miércoles con un debate sobre si el capitalismo del siglo XX es apto para la sociedad del siglo XXI.

DAVOS, Suiza.- Los líderes políticos mundiales reunidos en el Foro Económico Mundial, incluido el FMI, presionaron ayer una vez más a Europa para que tome medidas urgentes contra la crisis de la deuda y evite el contagio al resto del mundo, al tiempo que prevén un sombrío futuro para la eurozona.

"Nadie es inmune a la situación actual europea", porque el mundo "nunca estuvo tan interconectado", advirtió desde Davos la directora del FMI, Christine Lagarde. "Todo el mundo tiene interés en que esta crisis se resuelva, ya que puede producir un efecto dominó en todo el mundo", agregó.

Lagarde urgió a los mandatarios europeos, que mañana se reúnen en una nueva cumbre en Bruselas, a que erijan rápidamente un "claro y simple" cortafuegos para evitar el contagio y generar confianza, porque sino la situación no hará más que empeorar. Además, la directora del FMI pidió más esfuerzos para impulsar el crecimiento, la competitividad y la consolidación presupuestaria.

Esta guerra entre liberales en el corazón mismo del liberalismo no hace sino acentuar el contrastado viaje de la tasa Tobin. Desde su nacimiento hasta hoy, la idea ha atravesado fronteras muy dispares y generado consensos fuera de lo común. La inventó un liberal, la defendió la izquierda y ahora es un tema prioritario de la derecha. El primer paso fundador ya es una paradoja. En 1972, en el curso de una conferencia en la Universidad de Princeton, el economista liberal James Tobin puso sobre la mesa la idea de un gravamen sobre las transacciones financieras. Tobin buscaba “arrojar granos de arena en el engranaje de la finanza internacional” y frenar así el incremento de la especulación a corto plazo. El porcentaje de la tasa adelantada por Tobin oscilaba entre el 0,05% y el 0,2%. El economista norteamericano recibió el Nobel de Economía en 1981, pero su idea nunca fue verdaderamente llevada a la práctica. El único país que la aplicó fue Suecia.

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aseguró que su país no avalará las decisiones del Centro Internacional para la Resolución de Disputas sobre Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial (BM). “Ahora nos amenazan con el Ciadi, de ese Ciadi tenemos que salirnos. No reconoceremos sus decisiones”, dijo Chávez, refiriéndose a la demanda elevada ante ese órgano contra su país, presentada por la empresa norteamericana Exxon Mobil por la nacionalización de activos petroleros en 2007. La Cámara de Comercio Internacional (CCI) ordenó recientemente al gobierno de Chávez indemnizar con 907 millones de dólares a la compañía norteamericana por la nacionalización de uno de sus activos, monto que representa menos de un 10 por ciento de los 12.000 millones pedidos por la petrolera, que aguarda otro fallo del Ciadi, previsto para febrero.

“Ahora nos amenaza la misma Exxon, a pesar de la decisión allá en París (del CCI) de que Venezuela sí les debe, pero no 12.000 millones de dólares”, dijo el mandatario, que habló de la demanda de Exxon Mobil durante su programa televisivo Aló Presidente, que se transmite desde la Faja petrolífera del Orinoco, en el Estado de Anzoátegui. La petrolera multinacional exigía ese monto, pero Caracas anunció la semana pasada que sólo pagaría 225 millones de dólares en un plazo de 60 días.

A su vez, el líder bolivariano señaló que la empresa pretende lo imposible: “Que les paguemos lo que no les vamos a pagar nunca. Y nos amenazan con expropiarnos allá (en Estados Unidos) la (filial de la estatal petrolera venezolana) Citgo, que debe valer como 20.000 millones de dólares por lo menos”, manifestó y afirmó que su país no se doblegará ante el imperialismo. “A la Exxon Mobil le vamos a pagar los 200 millones de dólares y de yapa un tarrito de petróleo”, se mofó el mandatario. Asimismo, señaló la necesidad de crear un organismo en la Unasur donde se puedan dirimir diferencias entre otros gobiernos y América latina. “¿Por qué tenemos que ir para allá, al Banco Mundial, a Estados Unidos, qué es eso?”, preguntó el presidente venezolano.

En 2007 Chávez estableció una estructura de empresas mixtas, con acciones minoritarias para las empresas extranjeras, frente al mínimo de 60 por ciento de la estatal petrolera Pdvsa. La negativa de Exxon Mobil y de su compatriota ConocoPhillips a participar en ese sistema llevó a la expropiación de sus activos, y al inicio por parte de ambas de procesos de arbitraje internacional contra Venezuela.

Según el diario colombiano El Tiempo, Venezuela es el segundo país con más demandas internacionales (después de Argentina) por las nacionalizaciones emprendidas por Chávez. En su versión digital del viernes, este medio señalaba que una veintena de empresas extranjeras exigen pagos de hasta 40.000 millones de dólares al gobierno venezolano. El Tiempo estimó que la demanda más pesada que afronta Venezuela ante esa instancia es la de la transnacional petrolera ConocoPhillips, que exige casi 30.000 millones de dólares por la nacionalización, en el año 2007, de sus proyectos y equipos en la Faja del Orinoco, que alberga la reserva de crudo más grande del mundo.

El viejo fantasma de la restricción externa está lejos de corporizarse. Para 2012 cabe descartarlo y éste sería un buen año de transición para desenvolver proyectos de cambio estructural que terminen de diluir ese riesgo como un peligro para el mediano plazo. Si la mayor fortaleza de la Argentina ha sido el superávit comercial que supo conseguir –una genuina fuente de divisas que permitió, entre otras cosas, desendeudarnos en moneda extranjera y controlar las presiones especulativas contra el peso–, la fórmula ideal para quitar del horizonte el riesgo de restricción externa pasa por sostener el excedente comercial. En tal sentido, los datos del último trimestre 2011 son por demás alentadores. El año concluirá con un excedente comercial cercano a los 11.000 millones de dólares y, probablemente, con un poco significativo desequilibrio en el balance de pagos. No conozco experiencias de naciones que estuvieran al borde de la restricción externa con estos números en su cuenta de mercancías.

Algunos indicios recientes sobre las tendencias con que concluyó 2011 nos permiten esperar que concluya este ejercicio con una tasa de crecimiento superior al 8,5 por ciento. A su vez, el efecto arrastre otorgaría a la macroeconomía de 2012 un punto de partida que, bien aprovechado, le permitiría evolucionar mejor a lo pronosticado por la mayoría de las estimaciones de origen privado que se conocieron en las últimas semanas y terminar el año que viene en torno a las metas que se fijaron en el Presupuesto Nacional.

El siglo 21 celebra el inicio de una nueva era de la integración latinoamericana, y el accionar de la Unión de Naciones Suramericanas es una clara expresión de los vientos de cambio que atraviesan la región. El fin de la guerra fría, el rotundo fracaso del modelo económico neoliberal y la reestructuración de la agenda de Washington a partir de los atentados del 11-S aumentaron el margen de autonomía de las naciones suramericanas, y éstas supieron aprovecharlo. El volumen de comercio intrarregional es cada vez mayor: Brasil, por ejemplo, es el principal socio comercial de Argentina, Colombia lo es de Venezuela y Ecuador de Colombia. Las inversiones internas también aumentan, y esto naturalmente incide positivamente sobre las lógicas del transporte, la interconexión energética y la infraestructura. De este modo, se va definiendo una región con mayor densidad de relaciones, donde aumentan los lazos de interdependencia mutua, en el marco de un subsistema regional liderado por gobiernos democráticos y en el que, en lo sustancial, reina la paz y la concordia; con escasas excepciones acotadas en el espacio y en el tiempo.

La crisis financiera está arrinconando a las naciones europeas. Aunque con distinta intensidad, las convulsiones económicas en Irlanda, Grecia, Portugal, España e Italia dan cuenta de ello. Los tibios intentos de revival keynesiano, que dominó la escena internacional durante 2008, ya fueron archivados. La Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) continúan prescribiendo la antigua receta de apretar el cinturón. Así, el desembolso de fondos de la burocracia financiera internacional queda supeditado a la implementación de planes de austeridad.

En glas de juego. Por ejemplo, el gobierno irlandés se comprometió a crear nuevos impuestolíneas generales, los países afectados aceptaron esas res y a implementar un severo recorte de gastos para reducir el déficit fiscal al 3 por ciento en 2014. El ajuste no incluyó a los 50.000 millones de euros utilizados para el salvataje del sistema financiero, a pesar de que ésa fue la principal causa de que el déficit público ascendiera al 32 por ciento del PIB. El caso griego es bastante similar.

Luego de la sólida expansión económica de la posguerra, la economía japonesa cayó a principios de los noventa en una etapa de prolongado estancamiento, en lo que inicialmente se conoció como la “década perdida”. La extendida duración del fenómeno y la aparente inefectividad de las políticas implementadas para revertirlo generaron un rico debate en torno a sus verdaderas causas y a las herramientas adecuadas para combatirlo. En la mirada de varios analistas y académicos, lo acontecido en Japón exhibe algunos puntos en común con el actual panorama de la economía mundial, lo que conduce a reflexionar acerca de la posibilidad de que se repita un largo período de bajo crecimiento en los Estados Unidos y en Europa en los próximos años.

Hoy en la Argentina comienza a tenerse presente el rol de un Estado activo en el proceso económico. Sin embargo, observamos que desde sectores imbuidos del pensamiento neoliberal de los grupos dominantes que impulsó al golpe de Estado de 1976 y que se acentuó en la pasada década del ’90 del siglo XX, con el apoyo de nostálgicos personajes que perdieron el tren de la historia, ahora las critican y postulan reiterar la receta que nos llevó a la crisis de 2001/2002. Marginan la crisis que actualmente ocurre en los países de alto desarrollo y también las dolorosas recetas que sufrirán esos pueblos, por intentar revivir el anarco-capitalismo, y oxigenar el sistema financiero, su núcleo promotor.

Las circunstancias que está padeciendo el mundo ante el rotundo fracaso del paradigma del mercado para unos pocos como motor del proceso económico, requiere pensar otros medios o instrumentos de política económica que posibiliten el desarrollo económico y social, y terminen con un orden social injusto.

La Cámara Nacional de Casación Penal aceptó los reclamos de los abogados del Estado y declaró la "nulidad absoluta" de un fallo previo que la propia Cámara había adoptado en beneficio de las principales empresas cementeras del país, acusadas de actuar de manera "cartelizada" para fijar los precios del sector.

La inusual decisión fue adoptada el lunes pasado por la sala IV de la Casación, el máximo tribunal penal del país, que de ese modo anuló el fallo que había dejado sin efecto la aplicación de multas por más de $ 300 millones contra Loma Negra, Juan Minetti SA, Cementos Avellaneda SA, Petroquímica Comodoro Rivadavia SA y Cemento San Martín SA, como también a la Asociación Fabricantes de Cemento Portland.

Los camaristas Mariano Borinsky, Raúl Madueño y Eduardo Riggi declararon la nulidad absoluta de la resolución anterior, dictada apenas tres meses atrás, ya que concluyeron que no se notificó al Ministerio de Economía, por lo que se privó a sus abogados de ejercer el derecho a "defender los intereses del Estado Nacional".

"El trámite del referido recurso de casación comporta un vicio insanable que acarrea una nulidad absoluta que debe ser declarada aun de oficio", plantearon los camaristas de la Sala IV, la misma sala que, aunque con su composición anterior, había admitido en septiembre pasado el reclamo de las cementeras.

Las sanciones aplicadas en julio de 2005 por el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, involucran cifras multimillonarias: $ 138,7 millones a Loma Negra; $ 100,1 millones a Juan Minetti SA; $ 34,6 millones a Cementos Avellaneda; $ 28,5 millones a Cemento San Martín; $ 6 millones a la Petroquímica Comodoro Rivadavia, y $ 529.289 a la Asociación.

"Estas compañías pactaron acuerdos para mantener precios elevados a través de la concertación de cuotas", denunció Lavagna al anunciar la aplicación de las multas por parte de la Comisión de Defensa de la Competencia, por la presunta cartelización detectada entre 1981 y 1999.

Ante la apelación planteada por las cementeras, la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico, órgano jurisdiccional competente, con la firma de Carlos Pizzatelli, Marcos Grabivker y Roberto Hornos, confirmó las multas impuestas.

Camaristas cuestionados

Las cementeras, sin embargo, apelaron ante la Cámara de Casación Penal, y el reclamo recaló en la Sala IV del tribunal. Integrada por Augusto Díaz Ojeda y Mariano González Palazzo, la sala les dio la razón y anuló lo actuado, dejando sin efecto las multas.

Al ser notificada de esa resolución, sin embargo, la representante del Estado nacional se presentó y planteó su nulidad, ya que no había sido notificada antes de la tramitación de los recursos de Casación presentados por las cementeras multadas.

En el ínterin, a su vez, la sala IV cambió por completo. Díaz Ojeda renunció, mientras que González Palazzo, sospechado a su vez de beneficiar al sindicalista José Pedraza en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra, retornó a su cargo como integrante de la Cámara del Crimen.

Con esta decisión, vuelve a cobrar vigencia el fallo anterior de la Cámara en lo Penal Económico que había confirmado las multas, por lo que las cementeras, si así lo consideran, deberán tramitar otra vez su apelación ante la Casación para intentar anularlas