El haber básico, incluido el bono, no alcanza a cubrir ni 30% del gasto. Cuatro millones y medio de jubilados cobran una mínima de $ 279.121,71.

Publicados los datos de la inflación de enero y el índice de salarios de INDEC correspondiente al mes de diciembre, se pueden proyectar dos cuestiones relevantes en materia de movilidad previsional: el aumento de las jubilaciones que se hará efectivo en el mes de marzo 2025 y su comparación con el incremento que hubiera establecido la fórmula anterior (Ley 27.609 de 2021). 

Desde que el gobierno de Milei decidió retirar los medicamentos gratuitos del PAMI los miembros de La Libertad Avanza desplegaron las más extrañas justificaciones para el calvario que viven millones de jubilados y jubiladas.

El mayor gasto que implica la universalización no llevaría a una situación fiscal muy diferente a la del caso de plena formalización del mercado de trabajo. La jubilación universal es, en definitiva, el reconocimiento a una trayectoria laboral que se presume todos y todas han tenido, al margen de si ella es reconocida o no en lo formal. La universalización debe incluir como beneficiarios a quienes han realizado trabajo dentro del hogar.

Quienes se quedan sin empleo al borde de la edad de retiro se exponen a las dificultades para encontrar otra ocupación, a la discriminación en las búsquedas laborales y a la informalidad como opción casi obligada. El pedido de un grupo de autoconvocados para impulsar una ley que permita adelantar la jubilación a quienes ya tienen los 30 años de aportes.

El 'achatamiento de la pirámide' eleva el piso mínimo de la protección, sin perjudicar el nivel medio de las prestaciones, pero manteniendo la cúspide relativamente estancada. La inequidad del sistema actual se da con una diferencia entre el piso y el techo de haberes que es de 7 veces. Suspender la movilidad abre la oportunidad para atener esta desigualdad.

Desde el 2008, las jubilaciones y pensiones tenían por ley, un incremento garantizado dos veces por año, en marzo y septiembre, en base a un coeficiente que promediaba la variación de salarios de la economía con la variación de la recaudación tributaria semestral con un rezago de 6 a 12 meses.