Desfinanciaron el sistema

Sergio Carpenter


Hay una relación muy fuerte entre la evolución macroeconómica y el sistema previsional. Por ejemplo, una macroeconomía que genera desempleo, informalidad laboral y disminución del salario real, tiene un sesgo desfinanciador de la previsión social. Ello es así pues su financiamiento está basado en impuestos y contribuciones asociadas al trabajo formal y por ende “sufre” el impacto de los vaivenes en el nivel de actividad y su grado de formalidad. Así lo fue en el gobierno de Carlos Menem y ocurrió lo mismo en el experimento neoliberal de Mauricio Macri.

A la inversa, el propio diseño del sistema previsional y en consecuencia, las medidas de política sectorial impactan en la evolución macroeconómica del país. En este sentido destacamos dos casos. La política previsional del gobierno de la Coalición Cambiemos tuvo un rasgo característico, fue desfinanciadora del sistema. Dan cuenta de ello el tratamiento otorgado a la devolución por parte de la Nación de recursos por 1,6 por ciento PBI a las provincias, en cumplimiento de un fallo de la Corte; y la reducción de las alícuotas de las contribuciones patronales. Esa última medida, más el impacto del deterioro de la formalidad y de la actividad económica, provocó la baja en la recaudación de aportes personales y contribuciones patronales desde 5,9 por ciento PBI en 2015 a 4,8 por ciento PBI en 2019. El gobierno de Macri no atinó a compensar dichas reducciones de recursos afectados. En consecuencia, las políticas macroeconómica y previsional de 2016/2019 redundaron en menores recursos para la Seguridad Social del orden de 1,9 por ciento PBI.

Un segundo rasgo de la política previsional macrista refiere a un componente del diseño del haber jubilatorio: la formulación de su movilidad. En 2017 fue asociada a la evolución de la inflación y de los salarios, aplicada trimestralmente con 6 meses de rezago. Más allá de la reducción en los haberes referido al “trimestre perdido” que supuso su aplicación, ésta terminó impactando fuertemente en las condiciones de la estabilidad macroeconómica. En una economía en donde cae el nivel de actividad y se acelera el nivel inflacionario, el rezago de la movilidad provoca pérdida de poder adquisitivo aumentando el rumbo recesivo de la economía (véase lo ocurrido en 2018 y 2019); y a la inversa, en el marco de un plan de estabilización que busca la reducción del nivel inflacionario, esa movilidad puede disparar el nivel del gasto por sobre las posibilidades de recursos de una economía en recesión.

La decisión de suspender la fórmula de movilidad de la Ley 27.426 va en el sentido de lograr la estabilización macroeconómica. Suponiendo una tasa de inflación hacia la baja para 2020, la movilidad suspendida provocaría un aumento de la necesidad de financiamiento, con cargo al Tesoro Nacional, superior a 3 por ciento del PBI. Ese es un buen indicador de la gestión Macri de lo previsional: hacia 2020 provocó una verdadera explosión en la necesidad de recursos para financiar el sistema de Seguridad Social, una variable que en 2015 alcanzó el 0,7 por ciento PBI.

A su vez, la Ley de Solidaridad Social abre el debate sobre la movilidad que debería aplicarse en el futuro. Hay varios rasgos que nos parecen adecuados tener en cuenta.

1) Que la suerte de los trabajadores pasivos debería conjugarse con la suerte de los trabajadores activos. Es decir, si los trabajadores observan aumentos del salario real, dicho derrotero debería impactar en los haberes previsionales, que es la manera en que las ganancias de productividad que perciben los activos les lleguen a los pasivos. Un mecanismo idóneo para financiar las consecuencias negativas de shocks macroeconómicos es un fondo de reserva, tal lo establecido inicialmente para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

2) Que, dada la volatilidad histórica de la economía argentina y su historia inflacionaria, debería estudiarse la asociación de la movilidad con variables esperadas y no en función del pasado. Ello evitaría la regeneración de inestabilidad y daría más grados de libertad al hacedor de política económica. Podría establecerse un mecanismo de compensación de las diferencias entre las expectativas y lo realmente observado.

3) Que el sistema previsional tiene una fuerte heterogeneidad estructural. El haber promedio correspondiente al decil de mayor ingreso es 5,6 veces el referido al decil de menor ingreso. Ese indicador aplicado a los ingresos de la población ocupada es 22,7 veces; lo que resalta el rasgo redistribuidor del sistema previsional público. Pero si se toma en cuenta que la jubilación mínima abarca cerca del 50 por ciento de los beneficiarios, se tiene que la desigualdad existente para la mitad “mejor paga” del sistema previsional (5,6 veces) es mayor que la de los trabajadores ocupados, que alcanza sólo 3,7 veces (decil 10/ decil 5). Otra muestra de la desigualdad existente, que resulta particularmente irritante, es la de quienes perciben un haber por arriba del haber máximo (103 mil pesos). Son 65.300 beneficiarios, el 1,2 por ciento del total, que perciben el 6,2 por ciento del monto de haberes pagados. ¿Por qué no se cumple con el tope?

Estos rasgos habilitan al menos dos caminos complementarios. Uno, la revisión de los regímenes diferenciales, especiales y particulares, una tarea de más largo aliento que implica la definición de una institucionalidad específica que revise con ecuanimidad el otorgamiento prestacional de condiciones diferentes a las del sistema general. Y dos, la segmentación de la fórmula de movilidad. Esta podría tener dos componentes, uno variable y otro fijo, éste último sujeto a la evolución de las condiciones macroeconómicas y al impacto diferencial entre los beneficiarios.

- Sergio Carpenter, Economista del IADE. Coordinador del GT CLACSO “Seguridad Social y Sistemas de Pensiones

 

Página/12 - 13 de enero de 2020

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