La zoncera del gasto público

Magdalena Rua


Tal como nos cuenta Arturo Jauretche en su Manual de zonceras argentinas (1968), las zonceras económicas son las más frecuentes porque constituyen la finalidad última de todas. Las restantes son preparatorias, su objeto es formar una mentalidad colonial, y el objetivo de las colonias, particularmente de las semicolonias de la economía, es su aprovechamiento material.

Así, Jauretche decía: La colonización económica va acompañada de la «colonización pedagógica». La «pedagogía colonialista» busca que los argentinos nos empeñemos en hacer lo que no podemos y que no hagamos lo que podemos. Así, una puede decir que las zonceras son también los marcos teóricos erróneos que nos imponen desde el Norte Global, importados con entusiasmo por los intelectuales orgánicos del poder económico.

Como se ha visto, el Covid-19 desató, además de la crisis sanitaria y las descomunales pérdidas humanas, una fenomenal crisis económica en todo el mundo. A su vez, la pandemia dejó al desnudo problemáticas estructurales y dio testimonio de que es posible utilizar la emisión monetaria y la inversión pública a requerimiento de los Estados para paliar las crisis.

El último análisis del FMI en relación con los paquetes fiscales anunciados por los distintos países muestra que la política adoptada por gran parte del globo ha sido un exponencial aumento del gasto público para dar respuesta a la crisis que desata el Covid-19. Ante esto, surge un interrogante dirigido a la teoría económica ortodoxa: ¿no era el gasto público el gran mal que aquejaba a las economías? A esta altura hay sobrada evidencia de que, ante la crisis, los países centrales no aplicaron sus propias recetas o recomendaciones que apuntan a los países periféricos, más bien, han recurrido al gasto público a requerimiento de las necesidades que desata la crisis. Parece que repentinamente ha quedado en desuso la receta ortodoxa que aconseja reducir el gasto público para evitar la emisión monetaria que genera inflación.

Veamos los paquetes fiscales que ha estado implementando el centro (con información actualizada hasta el 30 de julio) según el relevamiento realizado por el FMI:

Alemania: Para combatir la crisis de Covid-19 y posteriormente apoyar la recuperación, adoptó dos presupuestos suplementarios: € 156.000 millones (4.9 por ciento del PIB) en marzo y € 130.000 millones (4 por ciento del PIB) en junio. En total 8.9 por ciento del PIB. Al mismo tiempo, está ampliando el volumen y el acceso a garantías públicas para empresas de diferentes tamaños, aumentando el volumen en al menos € 757.000 millones (24 por ciento del PIB).

Austria: el paquete fiscal total anunciado el 15 de marzo asciende a 38.000 millones de euros (alrededor del 9,5 por ciento del PIB de 2019).

Bélgica: el gobierno ha puesto en marcha un paquete de medidas fiscales con un impacto presupuestario estimado de € 16.4 mil millones (alrededor del 3.4 por ciento del PIB), junto con alrededor de € 52.000 millones (alrededor del 12 por ciento del PIB) de garantías de préstamos.

Canadá: Las medidas clave de impuestos y gastos (15 por ciento del PIB) incluyen:

  1. U$S 20.000 millones (0.9 por ciento del PIB) para el sistema de salud;
  2. alrededor de U$S 212.000 millones (10 por ciento del PIB) en ayuda directa a hogares y empresas;
  3. alrededor de U$S 85.000 millones (4.0 por ciento del PIB) en apoyo de liquidez a través de aplazamientos de impuestos.

Comisión Europea: El último paquete de la Comisión Europea fue de aproximadamente 540.000 millones de euros (4 por ciento del PIB de la Unión Europea — 27 miembros) y también activó la cláusula general de escape de las reglas fiscales de la UE, que suspende los requisitos de ajuste fiscal para los países y les permite tener déficits superiores al 3 por ciento del PIB.

Estados Unidos: Un estimado de U$S 2.3 billones (alrededor del 11 por ciento del PIB) que incluye:

  1. U$S 293.000 millones para proporcionar reembolsos de impuestos únicos a individuos;
  2. U$S 268.000 millones para ampliar los beneficios de desempleo;
  3. U$S 25.000 millones para proporcionar una red de seguridad alimentaria para los más vulnerables;
  4. U$S 510.000 millones para préstamos, garantías y respaldo al programa de la Reserva Federal;
  5. U$S 349.000 millones en préstamos y garantías perdonables para ayudar a las pequeñas empresas que retienen trabajadores;
  6. U$S 100.000 millones para hospitales,
  7. U$S 150.000 millones en transferencias a gobiernos estatales y locales y
  8. U$S 49,9 mil millones para asistencia internacional.

Francia: Las autoridades han legislado en abril un aumento en la dotación fiscal dedicada a abordar la crisis a 110.000 millones de euros (casi el 5 por ciento del PIB, incluidas las medidas de liquidez). Esto se agrega a un paquete existente de garantías de préstamos bancarios y esquemas de reaseguro de crédito de € 315.000 millones (cerca del 14 por ciento del PIB).

Grecia: El gobierno ha anunciado un paquete fiscal de medidas que totalizan alrededor del 14 por ciento del PIB (€ 24.000 millones), incluidas garantías de préstamos, financiadas con recursos nacionales y de la UE (algunas de estas últimas implican fondos reprogramados).

Hong Kong: Se han anunciado y se están implementando medidas fiscales que equivalen al 10 por ciento del PIB.

Irlanda: las autoridades han anunciado un paquete fiscal integral de €24.5 mil millones (alrededor del 14 por ciento de la PBN) distribuido durante 2020 y 2021, que incluye € 20.5 mil millones en apoyo directo y € 4.000 millones en apoyo indirecto a través de un esquema de garantía de crédito y un Fondo de estabilización y recuperación pandémica (ISIF), de 2.000 millones de euros cada uno. Los apoyos directos incluyen:

  1. medidas impositivas de 2.900 millones de euros, es decir, almacenamiento y aplazamientos;
  2. medidas de gasto de 17.600 millones de euros a través de
    • a) 11.400 millones de euros de apoyo al mercado laboral,
    • b) mejora de la capacidad del sector de la salud de 2.000 millones de euros,
    • c) 1.500 millones de euros de apoyo empresarial,
    • d) obras de capital de 500 millones de euros.

Italia: El gobierno adoptó un paquete de emergencia de € 25.000 millones (1.6 por ciento del PIB). Luego adoptó un paquete adicional de «relanzamiento» de 55.000 millones de euros (3.5 por ciento del PIB). El 6 de abril se aprobaron garantías estatales adicionales de hasta € 400.000 millones (25 por ciento del PIB) y tienen como objetivo desbloquear más de € 750.000 millones (cerca del 50 por ciento del PIB) de liquidez para empresas y hogares. El 30 de julio, el Parlamento aprobó la solicitud del gobierno de una desviación adicional del déficit de € 25.000 millones (1.6 por ciento del PIB), que probablemente se utilizará en extender el apoyo a los ingresos para familias.

Japón: El 7 de abril el gobierno adoptó un Paquete Económico de Emergencia contra Covid-19 de 117.1 billones de yenes (21.1 por ciento del PIB de 2019) que subsumió los paquetes anunciados anteriormente (el estímulo de diciembre de 2019 paquete (aprobado en enero de 2020) y los dos paquetes de respuesta Covid-19 anunciados el 13 de febrero y el 10 de marzo, respectivamente).

Singapur: Las autoridades anunciaron 5 paquetes de medidas el 18 de febrero, 26 de marzo, 6 de abril, 21 de abril y 26 de mayo del 19.7 por ciento del PIB.

Suecia: El paquete fiscal anunciado incluye inyecciones de capital entre 10.8 y 16.6 por ciento del PIB de 2019, dependiendo del impacto.

Rusia: Anunció una serie de paquetes de apoyo a nivel federal por un monto que equivale a 10.4 por ciento del PIB de 2019.

Si bien la Argentina, frente al resto de Latinomaérica, se posiciona como uno de los países con mayor gasto público en salud (en porcentaje del PIB) y con uno de los mayores esfuerzos fiscales en respuesta al Covid-19 —con alrededor del 5 por ciento del PIB de medidas fiscales adicionales—, el monto de inversión pública pierde peso en comparación con los países centrales.

El coronavirus posiblemente profundizará las desigualdades de ingresos dentro de los países del mundo y entre ellos, dada la capacidad diferencial de éstos para enfrentar sus impactos económicos y en la salud (Valeria Esquivel y Corina Rodríguez Enríquez, 2020). Considerando el elevado incremento de la pobreza que se espera en la Argentina a raíz del Covid-19 (10,8 puntos porcentuales en 2020, según CEPAL, es crucial fortalecer el sistema de protección social. En este sentido, es momento de pensar una ampliación del IFE, teniendo en cuenta, además, el consenso internacional que han ido ganando la intervención estatal y las políticas fiscales expansivas. Desde ya que esta política deberá ser acompañada por la creación de puestos de trabajo y de una política tributaria progresiva que reduzca las desigualdades sociales existentes.

Un Ingreso Mínimo Vital debería considerarse un derecho ciudadano, que garantice  la posibilidad de vivir dignamente a toda la población cuyos ingresos estén por debajo de un determinado monto mínimo.

En esta línea, un aspecto fundamental de esta política, entonces, es que el monto asignado debe ser lo suficientemente elevado como para garantizar su objetivo. En este sentido, el ingreso debería estar –como mínimo— por encima de la línea de la pobreza. A modo de ejemplo, para un hogar con dos personas adultas y dos menores (de 6 y 8 años), la canasta básica total que calcula INDEC asciende a $40.373,01.

Por otro lado, es importante también que sea compatible con otros ingresos, mientras no se supere el umbral establecido. Es decir, que sea posible cobrar la asistencia por la diferencia entre una canasta básica total y los restantes ingresos.

Además, la política social debe tener perspectiva de género: es necesario tener en cuenta que el ingreso no esté condicionado a la existencia de un núcleo familiar y, por otro lado, que se priorice el cobro por parte de las mujeres en hogares donde hay más de una persona apta para cobrar el ingreso, por ejemplo. Esto ha sucedido en el caso del IFE, donde se comunicó que la mayor parte fue cobrado por mujeres y que se había adoptado el criterio de cobro de un solo un integrante del grupo familiar, priorizando a la mujer. En esta misma línea, surge la idea de un salario feminista esencial, como expone Camila Barón en un interesante artículo sobre el futuro del IFE.

La política económica, fiscal y tributaria debe contribuir a paliar las necesidades de los sectores más afectados en esta situación de extrema emergencia y a abordar problemas estructurales del sistema fiscal y de la estructura social de nuestro país. Estos desafíos estructurales están signados por una estructura tributaria regresiva, con escasa capacidad de recaudación y con exiguo alcance a los sectores de altos ingresos y patrimonio, así como a las grandes empresas. Esto limita severamente los recursos con los que cuenta el Estado para hacer frente a la política pública indispensable, por un lado, y, por otro, restringe la capacidad de redistribución de recursos hacia los sectores vulnerados, distorsión que también debería corregirse.

 

El Cohete a la Luna - 9 de agosto de 2020

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