Durante la década de 1990 la retirada del Estado de distintos órdenes de intervención configuró un escenario en el que el bienestar de la población tendió a estar gobernado casi con exclusividad por los avatares del mercado. En el marco de los cambios que siguieron al abandono de la convertibilidad -entre los que es posible incluir el retorno de la inflación, las nuevas iniciativas en materia de política social y los diversos intentos por recomponer los ingresos de los asalariados y los pasivos- reviste interés la evaluación del rol distributivo del cual el Estado tendió a desentenderse en la etapa anterior.El presente trabajo tiene por objetivo explorar el impacto del accionar estatal sobre la distribución del ingreso en los últimos años, a partir de la evaluación de su intervención en distintas esferas: política de ingresos, política social y fiscalización de los precios internos. Entre las conclusiones se señala una sensible revitalización -posterior a la devaluación- del accionar estatal en materia redistributiva, que se manifestó en forma temprana en la política social -desde la implementación, en 2002, del Plan Jefes y Jefas de Hogar- y más tardíamente, en la política de ingresos -con las progresivas actualizaciones del salario mínimo y el haber jubilatorio mínimo-. Por su parte, las medidas destinadas a contener la inflación parecen haber contribuido (progresivamente) a saldar la brecha entre las dispersiones de los ingresos nominales y reales de los hogares, brecha abierta por el efecto de la devaluación sobre los precios internos. No obstante esta importante reversión del autismo estatal de la década de los ‘90, se señalan también las dificultades aún persistentes en esta materia.