El Estado argentino ha asumido, mediante el derecho, un papel económico y político clave en el proceso de reestructuración de la relación entre el capital y la fuerza de trabajo en el interior de los sectores de infraestructura y la producción de hidrocarburos privatizados durante los años noventa. Ello se evidencia en el análisis de la lógica económico-política que asumió la interacción entre tres componentes regulatorios que influenciaron el comportamiento de las fracciones de clase bajoanálisis durante el período de vigencia del plan de convertibilidad (1991-2001). Se trata, en primer lugar, de la regulación laboral instrumentada en el ámbito de los sectores de infraestructura e hidrocarburos privatizados, que funcionó como punta de lanza de la denominada "flexibilización laboral" durante el período. En segundo lugar, las normas que por acción u omisión incidieron sobre el comportamiento del capital en dichas actividades estratégicas, tanto en relación con la fijación de los precios y cantidades producidas, como en lo atinente al control de las prácticas abusivas y actos de concentración de las empresas con dominancia económica. Este último conjunto de regulaciones  denominadas activa y antimonopólica se abordan en esta segunda parte del artículo (la Parte I se publicó en el Nº 252). El primer tipo de regulaciones está orientado a incidir sobre los niveles de precios, las cantidades producidas y la formación de capital en cada uno de los sectores involucrados; el segundo, a limitar y sancionar las prácticas anticompetitivas de las empresas con dominancia económica que afecten a terceros así como a fiscalizar sus actos de concentración. También, se analiza la interacción entre los tres componentes regulatorios jerarquizados y sus impactos sobre la relación entre el capital y la fuerza de trabajo.