Un Estado cuya función debía ser la de proteger y garantizar los beneficios del gran capital, que expandía sus tentáculos por todos los rincones del planeta para poder continuar con su proceso de acumulación. La historia ha demostrado en infinidad de ocasiones cómo este proceso es incompatible con la soberanía de los distintos territorios tanto del Norte como del Sur, es decir, es incompatible con la democracia de los pueblos. Uno de los puntales que debía acompañar este proceso era la creación de un derecho internacional que pasara por encima de la ley soberana de cada país.

En el caso de América Latina este proceso ha tenido una profundidad especialmente intensa, en la que la intención ha sido evitar cualquier control democrático y soberano sobre las actividades de las compañías transnacionales, priorizando su obtención de renta y beneficios ante los derechos humanos y las posibilidades de políticas de desarrollo. Aquí, en nombre de la seguridad económica, los tratados bilaterales y multilaterales y los mecanismos de arbitraje internacional han jugado un papel esencial haciendo que muchos de los países de la región cedieran su soberanía jurisdiccional. Esta cesión democrática ha sufrido en la última década importantes giros en los que distintos países latinoamericanos han recuperado sustanciales cuotas de soberanía nacional priorizando el bienestar de sus pueblos y las políticas de desarrollo. Estos giros marcan el camino a seguir en la región cuyos resultados no serán satisfactorios si no se llevan a cabo de forma conjunta por un destacado número de países que quieran recuperar la soberanía nacional en materia de derecho.

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América latina en movimiento (ALAI) - 17 de mayo de 2017