-¿Qué temas contempla en la actualidad la agenda de APYME?

-Desde APYME sostenemos que es preciso abordar una agenda que contemple metas de desarrollo equitativo, lo que involucra a todos los sectores del trabajo y la producción agredidos por el actual modelo y seriamente expuestos a los cambios globales en un modelo aperturista y de alta dependencia de los flujos internacionales de capitales e inversiones. En ese sentido, nuestra propuesta incluye diez puntos que no buscan agotar el tema sino constituir ejes para la discusión y la adopción de medidas tanto de corto como de mediano plazo. Ellos son:

• Papel del Estado. Vigencia de un Estado constitucional, soberano, inclusivo, activo y participativo. Implementar políticas estructurales para el desarrollo por parte de un Estado eficiente en conjunto con el sector privado. No basta con asegurar el funcionamiento de las “reglas de mercado” para unos pocos sectores; las políticas públicas deben contemplar la situación del conjunto de los agentes productivos.
• Fomento del mercado interno. Fortalecer los niveles de ocupación y el poder adquisitivo del salario, lo que significa vigencia la legislación laboral y previsional. No flexibilizar el trabajo y el salario sino impulsar políticas que estimulen la demanda local y acrecienten la capacidad de dar empleo.
• Competitividad. Aplicar regulaciones efectivas para preservar la competitividad de las empresas de menor porte. Debe evitarse la falacia de la ineficiencia del sector, ya que en un contexto de concentración y cartelización el que debe ser eficiente es el Estado para asegurar una competencia realmente libre. Herramientas públicas para operar sobre cadenas de valor.
• Financiamiento. Ampliar el cupo de financiamiento, fundamentalmente el orientado con especificidad a las MIPyMES, con tasas y condiciones de acceso adecuadas. Orientar el crédito hacia la producción, como prevé la Carta Orgánica del Banco Central de la Repúblicas Argentina. Discutir una reforma de fondo del sistema financiero, que aún se basa sobre una ley de la dictadura.
• Categorización y segmentación. Definir parámetros para una adecuada caracterización de micro, pequeñas y medianas empresas, considerando todos los factores que inciden en su desempeño, de modo de orientar eficazmente las políticas públicas para el sector. Hoy se privilegian variables cuantitativas, dejando sin efecto elementos que hacen a tipo de actividad, número de empleados y contexto regional, entre otros.
• Políticas sectoriales. Definir claramente las características y el proyecto del organismo destinado a diseñar y gestionar las políticas para el sector. Herramientas específicas para el sostenimiento, el desarrollo y la innovación. Participación de los representantes sectoriales. Consolidación de una defensoría de las PyMES y creación de un organismo que coordine las políticas de modo integral.
• Planificación industrial sustitutiva. Definir un proyecto que contemple a la industria local, con un papel activo del Estado y una integración inteligente en el marco regional y global. Proceso coordinado y selectivo de sustitución de importaciones con base en la integración tecnológica, la investigación y la transferencia de conocimiento.
• Comercio exterior e integración regional. Regular eficientemente importaciones con objetivos nacionales y soberanos. Ley Integral y efectiva de Compre Argentino y Compre PyME. Fomento de exportaciones del segmento pequeño y mediano, con diversificación productiva y mayor incorporación de valor agregado.
• Economías regionales. El problema de las economías regionales excede ampliamente la cuestión del nivel de las retenciones. Sebe asegurarse el fomento a las exportaciones, la protección a las producciones locales y la implementación de sistemas compensatorios que aseguren precios rentables a los productores. No se puede dejar librado el desarrollo al arbitrio de sectores exportadores cartelizados, mientras se desarticulan los organismos de control. Hace falta un Estado presente en la continuidad y afianzamiento de las obras públicas estratégicas.
• Sistema impositivo. El sistema presenta rasgos de inequidad incompatibles con el desarrollo sustentable y la disminución de la pobreza. El proceso actual agudiza tales características. Es alarmante la cantidad de embargos y ejecuciones en curso derivados de esta situación. Disminuir la presión sobre el trabajo, el consumo y las empresas: gravar en mayor medida a grandes contribuyentes y rentas financieras. Abordar herramientas fiscales que estimulen la actividad productiva en lugar de la especulativa. Controles sobre el fraude fiscal y operaciones de fuga y elusión.

-Desde el gobierno se insiste que han implementado numerosas medidas y cambios en la legislación (ley PYME, ley de Emprendedores), así como nuevas líneas crediticias facilidades para exportar, rebaja de impuestos, etcétera- que han representado un cambio positivo para el desenvolvimiento y desarrollo del segmento. A juicio de APYME ¿son suficientes? ¿han notado una mejora en la actividad de las empresas?

-La ley 27.264, que establece un Régimen de Fomento para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, creó expectativas favorables aunque en verdad se enfoca en estimular la oferta en una hipotética economía con perspectivas de crecimiento, no en proteger al sector en la situación de crisis que atraviesa. En esa ley se dejó de lado toda referencia a la Emergencia MIPyME, que fue el planteo inicial, con lo que se terminó beneficiando a empresas medianas y a subsidiarias de las corporaciones.

Desde la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa se impulsa una política destinada al apoyo y formación de “emprendedores”. Esta dirección es acorde con los lineamientos del Plan Productivo Nacional que impulsa el gobierno, con orientación netamente neoliberal, que propone para la Argentina un perfil de especialización productiva basado sobre “ventajas comparativas” (explotación de recursos naturales, commodities, armaduría).

El Programa Nacional para la Transformación Productiva (PNTP), creado por resolución de los ministerios de Producción y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, es un ejemplo alarmante del tipo de iniciativas que se impulsan. Como en los años ’90, se vuelve a ponderar la “eficiencia” de las empresas. Seguirán subsistiendo las “empresas dinámicas” y las que sobrevivan al ajuste y la “normalización”, para reconvertirse y adaptarse a las cadenas globales. En lugar del crecimiento industrial se propone la salida del “sálvese quien pueda”, el emprendedurismo, la flexibilización, la precarización de la seguridad social y la adaptación a entornos de libre mercado. Para este esquema, sobran decenas de miles de empresas y trabajadores.

En cuanto a la mejora de la situación, la realidad viene demostrando que no es tal, sino que se agudiza la crisis del sector, resultado de la devaluación, el incremento de precios de insumos, la reducción del mercado interno, el encarecimiento y la falta de acceso al crédito, la liberalización de importaciones, la limitación en planes de pago de AFIP y la falta de control a la concentración productiva y comercial, entre otros puntos.

La caída de las PyMES, en particular de la industria y el comercio, afecta a la vez el empleo, pero no porque estas empresas tengan predisposición a despedir trabajadores, sino porque cierran sus persianas junto con ellos.

Un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) arroja que las grandes empresas despidieron más trabajadores bajo el ciclo del actual gobierno, a diferencia de las pequeñas y medianas, que “han mantenido sus plantillas sin grandes modificaciones. Las empresas con más de 1.500 empleados redujeron personal en forma ininterrumpida desde diciembre de 2015”.

Las PyMES venden principalmente en el mercado interno, por lo que es determinante el sostenimiento del empleo y del poder adquisitivo de la población para que puedan sostenerse y crecer.

El desempleo en CABA y Buenos Aires llega al 12 %. La disminución del empleo y del poder adquisitivo del salario es sostenida. Desde el gobierno se cuentan como nuevos empleos los nuevos registros de monotributistas (68.000 en un año), lo que en realidad significa el blanqueo de un esquema de trabajo precarizado (que se quiere terminar de instaurar mediante leyes que implican flexibilización y el ataque a la justicia laboral). Esta situación incide en las ventas: sólo en las tres primeras semanas de mayo las ventas minoristas cayeron 4,2 %. La actividad industrial cae sostenidamente, con una leve recuperación en rubros acotados que sin embargo está lejos de los niveles de 2015. Las importaciones siguen creciendo y afectando a la industria nacional. Entre enero y abril, el 70% de los sectores que más contribuyen a explicar las importaciones de bienes de consumo aumentaron en las cantidades frente a los mismos meses del año pasado. En 2016 cerraron más de 4.600 empresas, 4.100 de las cuales tenían menos de 10 empleados, y por lo dicho anteriormente, no se ve una perspectiva favorable con estas políticas.

-¿Qué opinión le merecen las declaraciones del presidente de la Nación vinculadas a la “mafia del juicio laboral” y su vinculación con la difícil situación que enfrentan las PyMES?

-En estos días se nos quiere enfrentar con los trabajadores por el tema de los juicios laborales. Desde APYME hemos venido advirtiendo y proponiendo modificaciones en relación con la problemática de los juicios. Hay posibilidad, sin vulnerar ningún derecho adquirido por los trabajadores, de que las PyMES no sientan esta espada de Damocles que significa una legislación laboral que nos equipara con las multinacionales.

Las grandes corporaciones ya tienen incorporadas en sus costos la previsión y provisión para despedir empleados; las PyMES no tenemos ni queremos esa posibilidad. Las estadísticas reflejan un hecho: en el sector privado, quienes más han despedido son los sectores concentrados de la economía; las PyMES, con todo el sacrificio que significa esto, hemos retenido y retenemos a nuestros empleados, porque convivimos con ellos, compartimos el futuro con ellos, son parte de nuestro capital y de nuestra experiencia de vida.

De modo que no aceptamos este falso diagnóstico y la agresión a la Justicia laboral que se está llevando a cabo por parte del Gobierno y sus aliados. Una vez más, se busca utilizar a las PyMES como ariete para imponer leyes de flexibilización que promueven las grandes empresas, como queda claro en la postura de la UIA y el G-6. Las PyMES no cierran a causa de los juicios, sino, como dijimos, de la política económica. Una investigación reciente estableció que apenas el 19 por ciento de los siniestros de trabajo se dirimen en el fuero laboral y que esto involucra sólo al 1 por ciento de los trabajadores. Además, en 2016, las ART mejoraron su facturación en un 41 por ciento. Mientras, se continúa beneficiando a los sectores financieros especulativos, las empresas de energía, las mineras y las grandes corporaciones locales y extranjeras, que no realizan inversiones productivas, sacan sus divisas fuera del país y controlan sus costos mediante salarios a la baja, despidos y suspensiones.

-El Compre Nacional es un instrumento que los países, tanto industrializados como en vías de desarrollo, utilizan para que las PyMES tengan mayor acceso a las compras y licitaciones gubernamentales. Ante el proyecto elevado al Parlamento por el Poder Ejecutivo ¿Cómo se posicionó la entidad?

-En la Cámara de Diputados se están debatiendo distintos proyectos sobre la modificación de la ley 25.551 de Compre Trabajo Argentino. Con el objetivo de dar mayor participación a las pequeñas y medianas empresas en las compras del Estado, entidades como APYME, CADIEEL, CGERA y ADIMRA trabajamos y participamos en las comisiones con propuestas para lograrlo. La visión de las entidades, vertida en las reuniones de comisiones, es que el proyecto oficial, en lugar de mejorar la legislación vigente, abre la puerta a una mayor incidencia de empresas extranjeras y descuida aspectos claves para el sector. Entre los principales puntos que planteamos cabe destacar:

• Ampliar los sujetos obligados al Compre Argentino. El universo de “Sujetos Obligados” propuesto por las citadas entidades, podría generar compras equivalentes a un 13% del Presupuesto Nacional.
• Reservar un importante segmento de compras públicas para las PyMES, ampliando al 25 % la reserva de las compras de los sujetos obligados para el sector.
• Definir con claridad el producto de origen nacional, de manera que la investigación, el desarrollo y el beneficio de la actividad quede en el país.
• Formar una comisión asesora, con participación de las PyMES, para que se asegure la representación sectorial en los procesos de compra.
• Evitar la utilización de filtros técnicos, como puede ser la exigencia de cumplimiento de normas internacionales, como mecanismo para evadir la presente ley y hacer intervenir al INTI como actor fundamental en la comisión asesora.

- Por último, y desde la experiencia de sus años en la actividad gremial empresaria ¿Usted considera que las PyMES se preocupan por respaldar en todo momento a las entidades que la representan o bien solo “piensan” en ellas cuando necesitan su apoyo?

-Es lógico que en épocas de crisis los empresarios se acerquen más a las entidades que representan genuinamente sus intereses, es una prueba de que las cosas no andan tan bien como se las quiere presentar. APYME nuclea empresarios, no es una cámara, expresa la defensa global del segmento y de la industria nacional, con delegaciones que actúan localmente en todo el país. En este sentido, siempre se ha trabajado para fomentar la participación, el debate y las acciones para lograr medidas y políticas de Estado acordes con la defensa del conjunto del sector y el entramado productivo nacional. Constantemente se bregó también por la unidad de las entidades representativas del sector y del empresariado nacional. Hoy por ejemplo, junto con distintas organizaciones y cámaras impulsamos un proyecto de ley que declara la emergencia MIPyME en todos los niveles, nacional, provincial y local. Este proyecto incluye medidas para abordar los principales problemas del conjunto, entre ellos: la inadecuada segmentación que favorece a sectores concentrados; el ahogo fiscal y financiero, los aumentos de tarifas e insumos dolarizados; el crédito insuficiente y prohibitivo; la falta de protección a la industria nacional; la caída del mercado interno, y la falta de organismos que tomen en cuenta los problemas reales de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Informe Industrial