Se trata de una reforma que avanza sobre los derechos laborales (tercerización, flexibilización, precarización) y al reducir costos laborales (baja de contribuciones patronales, indemnizaciones y juicios) se constituye en una reforma pro mercado. Lejos está de advertirse, tal como lo planteó el presidente, que “cada uno tiene que ceder un poco“, toda vez que implica que los únicos que ceden son los trabajadores. La reforma es contraria a los intereses de la clase trabajadora y su aprobación implicaría una pérdida real de derechos e ingresos, retrocediendo en conquistas históricas.

La orientación de la reforma está implícita en los objetivos que plantea. En sus palabras: la “liberalización de las fuerzas de la producción y del trabajo de todos aquellos mecanismos regulatorios y fenómenos distorsivos que impidan el desarrollo de las empresas como comunidades productivas, innovadoras, eficientes y competitivas”. Es decir, al igual que durante la última dictadura militar y el menemismo, se busca flexibilizar el mercado de trabajo, y se visualiza al derecho laboral protector de los trabajadores como un factor “distorsivo” que debe eliminarse. En ninguna parte se plantea que la relación entre empresarios y trabajadores es asimétrica y que por ello los empleados deben contar con amparo legal para la defensa de sus derechos.

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Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) - noviembre de 2017