La economía argentina
El segundo año de gobierno de Mauricio Macri llega a su fin. Cerrado el ciclo electoral que impulsó al gobierno a abandonar momentáneamente su fe liberal y dar rienda al “populismo financiero” (dólar barato con apertura importadora financiado con endeudamiento externo, y cierto impulso al gasto público, especialmente en obras), parece haber llegado el tiempo de la “cirugía liberal”.
El “reformismo permanente” apunta a implementar la ansiada agenda del establishment por amputar el “costo argentino”. La reforma laboral apunta a reducir el costo laboral, la reforma previsional a bajar los aportes patronales a la seguridad social y la reforma tributaria a achicar los costos impositivos. En el imaginario oficialista, esas reformas permitirían un incremento estructural de nuestra competitividad que, de la mano de una profundización de los acuerdos comerciales internacionales, insertarían exitosamente a la Argentina en los mercados mundiales. Una utopía que promete la expansión de la actividad y el empleo, con generación de divisas que vuelvan sustentable el actual esquema de endeudamiento externo.
Pero los sueños oficiales pueden transformarse en pesadillas, tanto por causas internas como por el contexto mundial. En el plano interno, el principal escollo es imponer social y políticamente la reducción del “costo argentino” que, visto del otro lado del mostrador, es nada más y nada menos que el “ingreso de los argentinos”. Bajar el costo laboral implica reducir el ingreso de los trabajadores, hecho que genera la resistencia de parte de sus organizaciones sindicales. La reducción de los costos impositivos merma los ingresos del Estado e incrementa el déficit fiscal. Para evitarlo se abre una negociación con los gobernadores sobre el reparto de los costos del ajuste (“Consenso fiscal”) donde el pato de la boda fueron los fondos de la ANSES. Los ingresos de la seguridad social también se ven comprometidos por la rebaja de los aportes patronales que proyectan las reformas, de ahí el impulso oficial a la antipopular medida de cambiar la fórmula de actualización de las jubilaciones, pensiones y AUH siguiendo las recomendaciones del FMI plasmadas en su reporte 16/346, para generar un “ahorro fiscal” que obviamente sale de bolsillo de los jubilados, pensionados y madres que perciben asignaciones.
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Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) - diciembre de 2017
