APU: Como especialista, ¿cuál es tu impresión sobre lo que fue la actuación de Smartmatic, la empresa que se ocupó del recuento provisorio en medio de muchas controversias?

Pablo Vannini: Para ser bien claros y no generar preocupación de más. Mientras haya papeles, telegramas y urnas, no hay preocupación real sobre la posibilidad de un fraude. Eso es lo más importante para destacar. Si hubiera voto electrónico el escenario sí sería bien diferente y mucho más alarmante.  

APU: Para entender bien: Smarmatic se ocupa del recuento provisorio, mientras que el definitivo sigue haciéndose como siempre se lo hizo. Por ende, no hay riesgo de fraude; en todo caso, se podría manipular el primer recuento que publica. Ahora, con el voto electrónico si existe la posibilidad concreta de fraude electoral. ¿Entiendo bien?

PV: Claro. En esta elección se cambió la forma en que se comunican los telegramas, pero no se avanzó hacia el voto electrónico. En este último caso, estaríamos votando con un sistema electrónico y a veces, sin siquiera respaldo en papel. Creo que no hay ningún especialista que venga del mundo informático que diga que ese sistema funciona y es deseable. Para resumir: es celebrable la foto de la gente poniendo su voto en papel en una urna. Ese sistema sigue siendo el mejor, porque siempre están los votos en papel para recontar. 

APU: Con respecto al recuento provisorio, ¿cómo era antes?

PV: Antes era asi: se cerraban las escuelas, pasaba personal del Correo, juntaba las actas y las mandaba al centro de cómputo. Eso, es cierto, lleva tiempo. Ahora: tampoco se debe darle tanta prioridad a la cuestión temporal cuando discutimos sobre calidad de la democracia. La idea ahora es transmitir directamente desde la escuela. Eso se hace en algunas provincias. En Santa Fe, por ejemplo, se hace y muy bien. Primero se hizo con una prueba piloto y luego se aplicó en toda la provincia. En ese caso, se hace con software público, que desarrolló el Estado local. En el caso de Nación, lo hace Smartmatic. 

APU: ¿Cuánto costó Smartmatic?

PV: La licitación fue muy cuestionada. Se hicieron dos contrataciones, una por el sistema para scaneo y envío de actas, y después la licitación por el sistema y recuento de votos. Más de 17 millones de dólares (que incluye el sistema en sí y la contratación de personal para la carga del día de la votación). A esa cifra hay que sumarle otros costos como el de infraestructura del Correo, la compra de scanners, etc.

APU: El domingo se denunciaron algunas irregularidades. De hecho, desde el peronismo se dijo que estaban los resultados (muy adversos para el Gobierno) pero que no se querían comunicar. ¿Cuál es la potestad de Smartmatic sobre el proceso?

PV: El escrutinio provisorio está a cargo de la Dirección Nacional Electoral. Ahí hay una tensión desde hace mucho tiempo entre esa Dirección y la Justicia electoral. La primera responde al Poder Ejecutivo y la segunda al Poder Judicial. La empresa no tiene empleados, contrató 1000 data entry para cargar la información el domingo de las elecciones. Ese día en el Correo estuvieron personas de Smartmatic, de la Dirección Electoral y la Justicia ordenó la presencia de veedores informáticos. Siempre pasa que hay algo de arbitrariedad de la Dirección Electoral al momento de ordenar la carga y la publicación de la información. A esto se suman las irregularidades en la contratación de esta empresa, cuya licitación tuvo 10 impugnaciones. Es una empresa con antecedentes muy malos en elecciones en otras partes del mundo.  

APU: El sistema de Santa Fe, ¿podría ser replicado a nivel nacional?

PV: La discusión no debería ser sólo Smartmatic sí o no. Por supuesto que la respuesta es no. Pero tampoco es Indra la respuesta. El Estado organiza elecciones cada dos años, por lo tanto, puede y debe desarrollar un sistema público. Se puede aplicar el sistema de Santa Fe, tranquilamente. Para que te dés una idea: hay un software libre desarrollado en Córdoba que usan algunos partidos políticos para llevar un recuento paralelo. Y funciona. Se necesita un software complejo, con las suficientes medidas de seguridad, pero puede hacer en el país y ya existen experiencias en ese sentido. El software debería ser público, desarrollado por el Estado, y abierto, para que todos los especialistas puedan tener acceso al código y revisarlo.

^{Agencia Paco Urondo (APU) - 16 de agosto de 2019}