A veces los economistas solemos simplificar los análisis separando los modelos económicos donde el Estado interviene en la economía y los que dejan todo librado al azar del mercado. No obstante, el Estado está presente en todos los aspectos de la economía, y a pesar de que suele decirse que los modelos neoliberales implican un “Estado ausente”, en verdad es un Estado muy presente para resolver los problemas de las grandes empresas y ausente cuando se trata de solucionar los problemas del resto. Gran parte de esta intervención del Estado se hace a través de los enormes recursos presupuestarios que tiene en sus distintos niveles (nacionales, provinciales, municipales) que representan casi 40% del PBI.

Los recursos del Estado nacional en 2019 se distribuyeron por uso de la siguiente manera: 49% se gasta en seguridad social (jubilaciones y pensiones), 4,5% en educación y cultura, 2% en salud, 5% en subsidios energéticos, 2% en subsidios a transporte, 20% en pago de la deuda, 10% en pago de salarios.

En 2014, el gasto del Estado nacional se repartía de la siguiente manera: 43% en seguridad social, 5,5% en educación y cultura, 2% en salud, 9% en subsidios energéticos, y 4% en subsidios al transporte, 7% en pago de la deuda y 10% en pago de salarios. 

Como se ven, las principales tendencias son la fuerte suba en pago de la deuda (pasó de 7 a 20%) y seguridad social (43% a 49%), mientras que los subsidios a los transporte y energía bajaron de 13% a 7% y la educación y cultura cayeron de 5,50% a 4,5%. Es decir que en los cambios en la estructura de gasto del Estado Nacional aparecen los principales ganadores y perdedores del modelo económico de Cambiemos, y en consecuencia se devela la alianza social que apoya al gobierno. Por un lado, las energéticas que se benefician de la quita de subsidios y de la dolarización de las tarifas. Por otro lado, las finanzas que se benefician por la colocación de los bonos de deuda externa y los intereses derivados de los mismos. Además, como son datos del presupuesto, hay que agregarle las ganancias que deriva de las elevadas tasas de interés en Lebac primero y Leliq después, que son extrapresupuestarios. 

Entre los perdedores encontramos al sector de la Educación y la Cultura, que ven reducido el presupuesto asignado y se encuentran en una situación peor en 2019 que en 2014. Por otro lado, a esos perdedores del modelo se suman los usuarios de energía eléctrica y de transporte, así como los distintos actores que piden préstamos para consumo o inversión y se ven perjudicados por los tarifazos y aumentos de las tasas de interés definidas desde el Estado nacional. En particular, las empresas que más energía consumen (generalmente las productoras) y las que comercian con 60 o 90 días de rezago en los pagos fueron especialmente afectadas.

El caso del rubro servicios sociales (jubilaciones, pensiones, beneficiario de la Asignación Universal por Hijos) es interesante ya que su crecimiento de 43 a 49% en un contexto de caída en términos reales del presupuesto fue una de las motivaciones del gobierno para tratar de realizar reformas provisionales que trajo el conflicto social más grande de su período en diciembre de 2017.

Mención aparte merece el asalariado estatal que si bien sigue representando la misma proporción en el presupuesto a lo largo del período (10%), lo hace en un contexto de merma en la ejecución presupuestaria de 12% entre 2016 y 2018 si descontamos la inflación. Con lo cual, a pesar de ser mencionado como el culpable de todos los problemas, el ajuste que sufrió el empleado público merece particular atención. Más si sabemos que de los casi 400.000 empleados que cuenta el Poder Ejecutivo Nacional, un tercio son de las fuerzas armadas y otro tercio de las fuerzas de seguridad. Con lo cual, solo 100.000 empleados están a cargo de los principales ministerios y agencias del Estado, entre las que se incluyen el Conicet.

La estructura del empleo en el sector público nacional se completa con el personal de las universidades nacionales (190 mil puestos), los bancos nacionales (20 mil puestos), el poder judicial (32 mil puestos) y el poder legislativo (12 mil puestos) que a pesar de ser poco relevante es muy criticado. Esto explica que el Estado nacional tenga una enorme cantidad de personal civil calificado: 44% tienen título universitario, cuando en el total del país el promedio es de 21% para la población en edad entre 25 y 64 años. Más generalmente, es necesario aclarar que las “profesiones liberales” suelen existir por una demanda estatal a distintos niveles, tanto impositivos (contadores), como legales (abogados), para trabajar en lugares públicos como hospitales (médicos), los ministerios o las universidades.

Del lado de la recaudación impositiva, en un marco general de caída de 10% en términos reales entre 2016 y 2018, el IVA y el impuesto a las ganancias siguieron siendo la principal fuente impositiva con casi 60% del total, seguida por el “impuesto al cheque” que sube de 12 a 16% y las retenciones a las exportaciones que tienen una primera tendencia a bajar de 16% en 2014 a 5% en 2018, año a partir del cual asciende hasta recuperar los niveles de 16% del total en 2019. Esto marca bien la situación del sector agropecuario respecto del gobierno: si bien se asumió como uno de los ganadores en diciembre de 2015 y se dio lugar a su principal reclamo de reducción de las retenciones a las exportaciones, enseguida la situación se tornó insostenible por el creciente déficit fiscal. Al final, para mantener el buque a flote, se decidió volver a aumentar las retenciones a fines de 2018, marcando el carácter de apoyo importante pero no definitorio del campo respecto de la alianza social en el poder.

* Coordinador del departamento de economía política del Centro Cultural de la Cooperación | 31-10-2019.