La noche previa al paro nacional convocado por los sindicatos de trabajadores –además del movimiento estudiantil, la Organización Nacional Indígena, la Cumbre Agraria y diversos movimientos sociales y partidos políticos–, el Escuadrón Móvil de Policía Antidisturbios (ESMAD) difundió un video promocional en el que aludía a sí mismo como «la familia», alardeaba de su fuerza y mostraba cruentas escenas de sus miembros disolviendo protestas.

Seis días después, las protestas continuaban en todo el país. En un momento dado, en la Plaza de Bolívar –en el centro de Bogotá, frente al Congreso, la Alcaldía, la Catedral Primada y el Palacio de Justicia– varios funcionarios de la Procuraduría tuvieron que conformar un cordón humano para facilitar la retirada de un grupo de agentes del ESMAD, a los que una multitud de jóvenes increpaba fuertemente. La razón de la ira era contundente: dos días antes, justo en la fecha prevista para celebrar su ceremonia de graduación del colegio y tras 48 horas de agonía, había muerto el joven Dilan Cruz, de 18 años, a causa de un disparo de escopeta de bean bag que recibió en la cabeza durante una protesta disuelta por el ESMAD.

¿Cómo se pudo llegar a semejante situación? ¿Qué busca la protesta social y cuál ha sido la reacción del gobierno? ¿Qué sigue ahora? Estas son las preguntas claves en la Colombia actual.

Antecedentes

El 24 de noviembre de 2016, tras más de cuatro años de intensas negociaciones, el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) suscribieron el Acuerdo final para la finalización del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Durante ese tiempo, el ex-presidente Álvaro Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, se concentró en la creación de un nuevo partido político, el Centro Democrático (CD), enfocado en la firme oposición contra el proceso de paz.

En las elecciones de 2014, mientras el proceso de paz todavía se encontraba en negociaciones que provocaban una creciente polarización ciudadana, CD obtuvo una copiosa votación que le permitió ocupar una buena cantidad de escaños en el Congreso. Además, ganó la primera vuelta en las elecciones presidenciales, pero perdió la segunda por un estrecho margen. Cultivando el poder alcanzado y la resonancia de sus mensajes entre un amplio sector de la opinión pública, CD lideró la campaña por el «No» en el plebiscito que el presidente Juan Manuel Santos convocó dos años después para que la ciudadanía refrendara los acuerdos de paz.

Tras el triunfo del «No» en el plebiscito, el gobierno y las FARC tuvieron que renegociar el Acuerdo sobre la base de las propuestas de la coalición ganadora. Sin embargo, la única modificación que no pudo aceptarse en La Habana fue precisamente aquella cuyo mensaje tenía más resonancia entre el uribismo: la oposición a la «paz con impunidad», es decir, a la participación política de los ex-comandantes guerrilleros, sin que antes hubieran cumplido sus condenas en el marco de la justicia transicional. El nuevo Acuerdo de Paz fue entonces ratificado rápidamente por el Congreso, lo que fue aprovechado por la oposición, liderada por el ex-presidente y ahora senador Uribe, para generar la sensación de que Santos, las FARC y los partidos de la coalición de gobierno no habían honrado la voluntad del pueblo.

Desde ese momento, y ante la premura de la siguiente contienda electoral, la coalición de gobierno se fue erosionando y el ímpetu legislativo que requería la implementación del Acuerdo fue desvaneciéndose. Aunque buena parte de sus elementos centrales lograron concretarse, otros tantos quedaron truncos. Entre estos últimos, se destacan los que buscaban lograr una mayor participación política de las organizaciones sociales en los territorios más afectados por el conflicto y aquellos que establecían medidas más robustas de seguridad para los líderes sociales y los ex-combatientes.

Las campañas para Congreso y a la Presidencia profundizaron la polarización de la ciudadanía, en consonancia con la lógica de confrontación política del momento, caracterizada por la difusión (sobre todo en las redes sociales) de mensajes engañosos y ejemplificada por la campaña por el Brexit, la de Donald Trump y la del mismo «No» en el plebiscito. El triunfo de CD en las elecciones legislativas de marzo de 2018 fue contundente: obtuvo la mayor cantidad de curules en el Senado (19 de 108) y la segunda mayor en la Cámara de Representantes (32 de 172).

El candidato a la Presidencia por CD, Iván Duque, quien desde el Senado había liderado junto con Uribe la campaña del «No», llegó a la primera vuelta presidencial con más de siete millones y medio de votos. El segundo lugar lo ocupó un ex-combatiente de una de las guerrillas desmovilizadas en el marco de la Asamblea Constituyente de 1991, el M-19, ex-congresista y ex-alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, con casi cinco millones de votos. En la segunda vuelta, resultó ganador el candidato de CD, con casi 10,5 millones de votos, frente a Petro, quien obtuvo ocho millones.

Aunque Duque adoptó un tono medianamente conciliador desde su campaña y aún más desde su posesión, en la práctica ha asumido posiciones conservadoras y ha tomado medidas tendientes a minar aún más la implementación íntegra y eficaz del Acuerdo de Paz. Entre ellas, las más sobresalientes han sido sus objeciones, casi letales, contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y su viraje hacia la adopción de políticas más agresivas en la lucha contra el narcotráfico.

El «subpresidente» y la violencia

Sin embargo, la sensación prevalente entre la opinión pública es que Duque cumple un papel de «subpresidente», como lo llaman jocosamente, dada la percepción de que fue elegido bajo la égida de Uribe y de que el ex-presidente y senador tiene un enorme ascendente en la asignación de altos cargos en el gobierno. En ese sentido, si bien la bandera programática de Duque es la «economía naranja», bajo la superficie se puede ver una especie de retorno a la «seguridad democrática», que incluso ha conducido a que se vuelvan a adoptar políticas que incentivan el conteo de cuerpos, como aquellas que produjeron las miles de ejecuciones extrajudiciales conocidas en aquel entonces como «falsos positivos». A esto se ha sumado el asesinato sistemático de alrededor de 1.000 líderes sociales, ambientalistas, defensores de derechos humanos e impulsores de procesos judiciales que buscan restituirles sus tierras a las víctimas del desplazamiento forzado y el despojo. También han sido asesinados alrededor de 100 ex-combatientes de las FARC, incluyendo un sonoro caso de homicidio premeditado por parte de una unidad del Ejército, y decenas de indígenas y campesinos, principalmente en los departamentos de Cauca, Nariño, Antioquia y Córdoba.

Este contexto de exacerbación de las violencias, que ha tenido un alto impacto en la conciencia colectiva de la nación, recibe distintas lecturas desde las diferentes orillas del espectro político. Para algunos, es un legado de la «paz con impunidad», que dejó tanto disidencias de la guerrilla como incentivos que alimentan la violencia producto del narcotráfico. Para otros, es un contexto que responde a la lenta y tortuosa implementación íntegra del Acuerdo de Paz, especialmente de sus componentes de desarrollo rural y de garantías de seguridad para los líderes políticos y sociales. El debate entre estas posiciones caldea los ánimos e incrementa la polarización.

La muerte de alrededor de 18 niñas y niños tras un bombardeo de las fuerzas militares a un campamento de disidentes de la guerrilla terminó siendo la gota que rebasó la copa, y la presión social y política condujo a la renuncia (con homenaje por parte del presidente) del ministro de Defensa. Este fue reemplazado en su cargo por el funcionario que venía ocupando la cartera de Relaciones Exteriores, también del círculo cercano del senador Uribe, quien venía jugando un papel central en el concierto internacional junto con el ex-vicepresidente Francisco Santos, actualmente embajador en Washington, para presionar una transición política en Venezuela. A su vez, el fiscal general, también cercano al gobierno y a CD, tuvo que renunciar en medio de controversias sobre su anterior papel como abogado de la firma con mayor responsabilidad en el escándalo de corrupción de Odebrecht en Colombia.

Por todo esto –el sabotaje del Acuerdo de Paz, el recrudecimiento de la violencia contra líderes sociales y ex-combatientes, el retorno de políticas que incentivan las violaciones de derechos humanos, los escándalos de corrupción y el intervencionismo en Venezuela–, al paro nacional convocado por los sindicatos y los movimientos sociales se le sumó tanta gente, sobre todo jóvenes, de manera espontánea. Originalmente, el paro tenía demandas en contra de las reformas impulsadas por el gobierno y el sector privado sobre pensiones, impuestos, condiciones laborales, medio ambiente y recursos para la educación pública. Sin embargo, acabó siendo un paro contra una situación que excedía por mucho a esas demandas y que se sintetiza en la violencia existente en el país.

Ante la convocatoria y la creciente popularidad del paro, el gobierno y CD reaccionaron estigmatizando las protestas con predicciones de que habría vandalismo y violencia. Se llevaron a cabo allanamientos (presuntamente ilegales) de sedes de organizaciones de izquierda y de medios de comunicación alternativos. Además, se militarizaron las ciudades.

Como una promesa autocumplida, los pocos desmanes que se produjeron en medio y al margen de las monumentales marchas pacíficas fueron intencional y no intencionalmente amplificados por algunos políticos, los medios de comunicación y las redes sociales, y se sembró tanto pánico en las ciudades de Cali y Bogotá que la policía no pudo dar abasto ante la cantidad de llamadas de auxilio por parte de vecinos que pensaban que hordas de vándalos estaban invadiendo sus conjuntos residenciales (que terminaron siendo falsas alarmas). La situación condujo a que se declarara el toque de queda en esas dos ciudades y a que las primeras declaraciones del presidente Duque se centraran en los desmanes y no en las demandas de los cientos de miles de marchantes.

Ante eso, la ciudadanía, de nuevo de manera espontánea, inició un cacerolazo, primero desde las ventanas y luego, desafiando el toque de queda, en las calles. Esto incitó un llamado a la continuación de las marchas y las protestas que contó con una masiva participación durante los días posteriores al día inicial del paro. Como respuesta, el presidente Duque llamó a una «conversación nacional» improvisada y desordenada, a la que no ha invitado a la gran diversidad de organizaciones convocantes del paro nacional, ni siquiera a algunas de las más importantes. Mientras tanto, funcionarios del gobierno, como la ministra del Interior, y políticos del CD, como la senadora Paloma Valencia, continúan asumiendo un discurso confrontativo y de estigmatización de la protesta social.

Según una reciente encuesta, la mayor parte de la ciudadanía apoya el paro, pero una parte aún mayor quiere que todo vuelva pronto a la normalidad. La gente siente que las cosas van por mal camino y la aprobación del presidente está en su punto histórico más bajo (21%). Ya se viene diciembre y, por ahora, las protestas continúan.

^{Nueva Sociedad (NUSO) - diciembre de 2019}