Los datos de pobreza marcan la urgencia de resolver el hambre en nuestro país. El presidente Alberto Fernández avanzó en una convocatoria sin precedentes en el Consejo contra el Hambre. Sin embargo, arribar a esquemas sustentables de provisión de alimentos obliga a retomar el tema de la tierra y la necesidad de reencausar su vocación agrícola, desempolvando viejas costumbres como la compra local y el consumo de frutas y verduras de estación mientras se fomenta el arraigo. Esta necesidad se hace más evidente cuando atendemos a la huella de carbono que producen los alimentos que consumimos y el vínculo entre lo urbano y lo rural.

Las experiencias internacionales de países centrales demuestran no solo que es posible, sino conveniente avanzar en sistemas alimentarios territoriales. Las experiencias recientes de regulación municipal sobre aplicación de fitosanitarios interpelan a los tomadores de decisión a indagar nuevas maneras de administrar la tierra a través del ordenamiento territorial, permitiendo prácticas agroecológicas que puedan atender la necesidad de alimentación de la ciudadanía y desmitificando la supuesta “imposibilidad de producir” sin el paquete tecnológico.

Si bien en Argentina no hubo una reforma agraria, algunas provincias han desarrollado políticas de distribución de la tierra fiscal, y comparten con experiencias latinoamericanas las consecuencias: estancamiento y falta de transparencia. Estancamiento, debido a que estas adjudicaciones de tierra rural no fueron acompañadas de acceso al crédito, asistencia técnica y obras de infraestructura. Falta de transparencia en adjudicaciones: casos íconos de opacidad en la privatización de la tierra resultan los inmuebles que adquirió Joseph Lewis alrededor del Lago Escondido, las adjudicaciones en la provincia del Chaco durante la gestión de Rozas, y la propiedad de casi un millón de hectáreas que pertenecen a Benetton originada en un fraude a la Ley Avellaneda Nº817 de Inmigración y Colonización, con participación de hombres de paja (testaferros) y paraísos fiscales. Sin embargo, existen iniciativas como el anteproyecto de ley de Tierras de la provincia del Chaco que cuestiona la descapitalización del Estado a través de la venta de tierras.

Debemos animarnos a innovar en políticas de tierras para el Siglo XXI. Estas deben diseñarse desde las necesidades locales de alimentación y arraigo, con base en las autonomías locales, pero imbuidas de prácticas de participación de la ciudadanía como garantía de transparencia y sustentabilidad. Este desafío conlleva reconocer el rol de la mujer como dadora de alimento, que es quién en el campo cuida la chacra y la granja y en la ciudad se organiza para enfrentar el hambre a través de ollas populares y comedores.

- Florencia Gómez, Experta en políticas de tierras rurales y directora Gajat-Ceppas.

^{Suplemento CASH de Página/12 - 5 de enero de 2020}