Para tratar de entender la guerra mediática e ideológica que tiene lugar en México, expresada en una creciente campaña de desprestigio, nacional e internacional, contra la gestión y la persona de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, es útil tener en cuenta al menos dos fenómenos. El primero, que el conflicto político actual en el país va más allá del que suele existir cuando hay un cambio de gobierno. En esta ocasión, se trata del enfrentamiento entre los representantes y beneficiarios del modelo neoliberal, dominante en México por casi 40 años, y un nuevo proyecto de país -de izquierda y nacionalista- conocido como la Cuarta Transformación. Opuesta al esquema anterior, la 4 T cuyos objetivos principales se sintetizan en el lema “Desarrollo con justicia y democracia”, tiene en su centro el combate de la impresionante y creciente corrupción que hubo en las décadas anteriores y que, entre otros muchos efectos, dejó al país con más del 50% de su población en pobreza, las finanzas públicas casi en bancarrota, un altísimo endeudamiento y el sistema de salud casi desmantelado.

El otro elemento que debe ser tomado en consideración, es que desde mucho tiempo antes de la campaña electoral para la presidencia de 2018, las aspiraciones presidenciales de López Obrador venían siendo obstaculizadas por la elite política dominante; una parte muy representativa del gran sector empresarial y sus organizaciones; un segmento significativo de la voluble clase media; la comentocracia, en gran medida financiada por políticos y empresarios y autoasumida como portavoz de la sociedad civil y por los principales monopolios de los medios de comunicación tradicionales (televisivos y periodísticos).

En 2006, como posteriormente se documentó y reconoció, el expresidente priista Carlos Salinas de Gortari y el entonces presidente del país, el panista Vicente Fox, intentaron desaforar a AMLO, acto jurídico que impediría su participación en la contienda presidencial de ese año. Sin embargo, el intento fracasó debido a la amplia movilización que apoyó al entonces jefe de gobierno de la ahora Ciudad de México. No obstante, siendo ya candidato, Andrés Manuel fue víctima de una campaña dirigida a proyectarlo como un “peligro para México”. El relativo éxito de la operación y la activación de comportamientos fraudulentos en la jornada electoral, como compra de votos, acarreo, alteración de actas de escrutinio, etc., perjudicaron sus aspiraciones. Al final, los resultados oficiales, cuya validez es todavía cuestionada, dieron el triunfo al candidato del PAN, por un muy escaso margen de 0.58%.

En el 2012, año en que AMLO compite por segunda ocasión por la Presidencia de la República, tuvo que enfrentar a un personaje creado muy tempranamente y promovido por Televisa, uno de los dos monopolios televisivos con gran influencia en la sociedad mexicana. Articulada la campaña como una especie de “reality show” (incluido el matrimonio del candidato Enrique Peña Nieto con una exitosa actriz de la organización televisiva), la diferencia en los resultados oficiales de la elección fue de 6.8%

Sin embargo, ya en 2018, la congruencia mostrada por López Obrador en su larga vida política logró aglutinar amplios sectores de la población y de movimientos sociales de origen y pensamiento muy diversos, pero unidos por el hartazgo hacia los partidos tradicionales, promotores directos de los trágicos saldos del dominio del esquema neoliberal y de la ineficiencia, corrupción, crecimiento del crimen organizado e inseguridad que lo acompañó. La copiosa votación y el triunfo del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia con el 53.19% de los votos emitidos, mientras su más cercano adversario solo alcanzaba el 22.27%, no dejaban margen para algún intento de manipulación fraudulenta de los resultados, como había sucedido en 2006 y 2012. AMLO ganaba el gobierno, el poder público de la República.  En adelante, sin embargo, sufriría un mayor y creciente embate de los llamados poderes facticos consevadores, tanto internacionales como nacionales. Entre los primeros están las calificadoras, los empresarios ligados a la corrupción y/o aquellos con fuertes intereses en el sector petrolero y bancario. Entre los segundos, se observa una franja del sector empresarial, destacadamente los dirigentes de la influyente Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, políticos desplazados y propietarios de medios de comunicación tradicionales, junto con sus intelectuales y comentaristas cómplices. La fórmula ya había sido empleada durante la campaña electoral, por ejemplo, en la llamada operación Berlín, donde poderosos empresarios e intelectuales reconocidos se unieron con el propósito de realizar y difundir un documental y mensajes y memes en las redes sociales, con el propósito de relanzar la campaña de 2006 de que el candidato era “un peligro para México.”

Deben mencionarse también a aquellos personajes, quienes reivindican su pertenencia a la izquierda del espectro político.  Ellos, no obstante, son feroces críticos del gobierno pues algunos consideran que su papel, como en el pasado, es el de enfrentar al poder presidencial. En otros, su justificada oposición deriva de la ausencia de medidas distributivas en la política macroeconómica de presupuesto y gasto o en la falta de castigo y encarcelamiento de los antiguos funcionarios públicos de alto nivel, en particular los expresidentes.

El hecho es que, además de las tradicionales respuestas del sector empresarial para oponerse a las medidas gubernamentales y expresar su discrepancia -como la caída de sus inversiones y la fuga de capitales- la oposición ha seguido prácticamente al pie de la letra los cinco componentes y herramientas que conforman lo que se conoce como el Golpe Blando, presentado por Gene Sharp en el libro De la dictadura a la democracia. Un sistema conceptual para la liberación: Ablandamiento, Deslegitimación, Calentamiento de calles, Promoción del clima de ingobernabilidad y Fractura institucional. En términos generales, su objetivo es matar la esperanza en el cambio, generar miedo, suprimir la base social de la transformación y preparar el camino para una potencial intervención de las fuerzas armadas nacionales o aún de otro país. Sus herramientas, entre otras, incluyen noticias, fotografías y videos falsos; discursos ideológicos que fundamenten la imperiosa necesidad de derrocar al jefe de gobierno; protestas callejeras respaldando causas legítimas, pero que inducen a la represión a través de grupos agresivos y la judicialización del actuar gubernamental.

Cuando apenas empezaba a implementarse el programa de la 4 T, intempestivamente brotó la pandemia de coronavirus Covid-19. La oposición conjetura entonces que tiene la gran oportunidad de debilitar y hasta de obtener la salida de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Con tales propósitos, arrecia su actuación golpista, incluso en contra del programa de sanitario que combate la pandemia. Es algo inconcebible. En otros países, tal es el caso de Argentina, se ha podido observar que los partidos políticos hicieron un frente común con el gobierno para enfrentar la pandemia, incluido el expresidente Mauricio Macri. Uno de los principales mecanismos empleados por AMLO para hacer frente a la embestida es la transparencia y el dialogo continuo con la sociedad, práctica que ha acompañado a su gobierno desde el inicio. Cada mañana tiene una conferencia de prensa donde ofrece información, fija su posición sobre distintos temas y da respuesta a las preguntas de reporteros de diferentes medios. Otro tanto hace cada noche, el vocero oficial de la campaña sanitaria.

A pesar de todo ello, es importante subrayar que el gobierno encabezado por López Obrador no quiere gastar energías en enfrentar a sus adversarios. Como él mismo afirma, le interesa más mirar hacia adelante. Así que, ha ido avanzando con mucho cuidado, fortaleciendo sobre todo a los sectores más desprotegidos con diversos e importantes programas sociales; “primero los pobres” es un emblema que lo ha acompañado a lo largo de su buena parte de su vida política. Al parecer su apuesta ha sido emplear los recursos adicionales que se han obtenido impidiendo la corrupción que dominaba y alcanzó niveles asombrosos en los sexenios anteriores, y la participación en el consumo de los sectores favorecidos por los programas sociales. Sin embargo, es claro que esto no ha sido suficiente, y menos lo será ahora con la pandemia del Covid-19. De la misma forma, tampoco ha podido iniciar en forma los que se han calificado como los megaproyectos del sexenio. En parte, porque la judicialización, herramienta opositora antes mencionada, ha paso a una oleada de amparos que han retrasado las obras del gobierno. Se ha dicho, por ejemplo, que se han interpuesto alrededor de 900 amparos para detener la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

Si alguna duda hubiera en torno a los objetivos de la 4 T, como pretende inducir la derecha opositora, basta con revisar el espíritu y las medidas que AMLO formuló en el G-20 y en su programa de reactivación económica dado a conocer el 5 de abril. En la reunión virtual de los jefes de Estado propuso primero, para promover la recuperación internacional, que la ONU intervenga para garantizar tanto “a todos los pueblos, y los países por igual, el acceso a medicamentos y a equipos, que por la emergencia están siendo acaparados por los que tienen más posibilidad económica”, así como para que “no haya especulación en compras de medicamentos, equipos, ventiladores, todo lo que se requiere.“ En segundo lugar planteó que “las grandes potencias” hagan una tregua para “Evitar políticas arancelarias unilaterales, no a los monopolios comerciales, revisar (el) manejo del precio del petróleo, que está afectando mucho a la economía mundial, ayudar a estabilizar los mercados financieros y atajar la especulación.” Finalmente hizo un llamado en contra del racismo y la discriminación.

A la vez, el presidente ha advertido claramente, que el objetivo del programa de reactivación económica o programa emergente para el bienestar y el empleo es “proteger la economía popular, sobre todo proteger a los pobres, los más débiles”. Tenemos que procurar que haya una distribución equitativa de la riqueza, explica. También ha informado que no se volverá a repetir lo que se hizo en las crisis económicas financieras previas cuando a la población se le decía “ni modo, hay que  apretarse el cinturón”, en tanto se contrataban nuevos créditos con el FMI; eran rescatados los bancos y las grandes empresas; se otorgaban privilegios fiscales; se convertía “el endeudamiento privado de unos pocos en deuda pública” (como ocurrió durante la crisis de 1994 con el FOBAPROA - IPAB, y del cual se adeuda hoy día 1 billón de pesos); se elevaba el precio de los combustibles y de los servicios públicos; disminuían los salarios, los trabajadores eran despedidos y la seguridad social se eliminaba o reducía.

Las medidas anunciadas, en efecto, representan en parte, un cambio radical respecto a la considerada tradicionalmente política anticíclica. Conjuga el reforzamiento de la inversión pública en los megaproyectos y el aumento del empleo, con recortes en los ingresos de los altos funcionarios públicos. No incluye nuevos impuestos, ni el aumento del precio de la gasolina. Además de otras medidas lo que destaca es que el grueso del apoyo económico de dirige a familias y personas integrantes de los programas sociales, así como al otorgamiento de créditos a los pequeños y medianos empresarios del sector formal e informal.

 La respuesta no se ha hecho esperar e inmediatamente que el jefe del Ejecutivo presentó su programa, sus opositores inundaron las redes sociales con tuits que ya piden su renuncia, tal como lo establece el manual del Golpe Blando. En contraste, “a nadie engañamos -ha dicho AMLO- lo que estamos haciendo es lo que hemos sostenido desde hace años. Es por lo que votaron millones de mexicanos (…) un modelo económico que solo beneficia a minorías no produce bienestar general, engendra miseria publica y violencia”.

* Posgrado en Economía (UNAM) - gracidae@unam.mx | 22-04-2020.