Si bien datos cruzados impiden verificar que la toma de tierras sea mayor a la de años anteriores, resulta evidente que la pandemia ha agravado el déficit crónico y estructural habitacional. 

La desigual distribución del ingreso que experimentó el país a partir de los inicios del neoliberalismo está haciendo eclosión en una etapa en la que, debido a la reducción del trabajo fundamentalmente no registrado, muchas de familias que alquilaban están siendo desalojadas. Sus precarios e informales acuerdos de alquiler eluden la prohibición de desalojos impuesta por el gobierno. 

Un grupo denominado “Mujeres en Lucha de la Toma de Tierras de Guernica” escribieron una carta a la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, donde señalaban, entre otros conceptos, que “Esta pandemia nos agarró haciendo muchísimo esfuerzo para poder pagar un alquiler que no baja de los cinco mil pesos, para poder afrontar el pago de las tarifas, y para poder alimentar a nuestros hijos. En nuestro caso, no pudimos afrontar más ese costo, y muchas de nosotras nos vimos frente a la peor decisión que puede vivir una madre: elegir entre pagar un alquiler, o comprar comida y pañales para nuestros hijos. Frente a esta situación, desde el 20 de julio estamos realizando una ocupación pacífica y tomamos en nuestras manos el reclamo por una vivienda digna que nos ha sido negado (…) No tener vivienda también es violencia”.

Terremoto

Del mismo modo que ahora, en 1944 una catástrofe natural puso en evidencia las desigualdades e injusticias de una sociedad, en este caso debido al terremoto de San Juan. Una provincia cuyo poder se ejercía por parte de la elite que comandaba la agroindustria (vitivinícola). La crisis natural potenció el déficit habitacional y expuso la concentración de la tierra y la riqueza, así como la desidia e inacción del Estado en los años previos. 

Con todo, posiblemente por la lógica del terremoto, no existieron las voces de condena que en la actualidad diversos políticos y periodistas, del ámbito opositor y oficial, efectuaron hacia los damnificados.

La modalidad en que el gobierno encaró esta situación, debe ser observada en el presente bajo dos grandes diferencias, como lo son la ausencia de una pandemia que dificulte nuevas edificaciones y la posibilidad de apelar a un amplio espectro de la sociedad que no se vio afectada, pero bien vale la pena revisarlo como el primer antecedente de construcción masiva de viviendas por parte del Estado, en medio de una tragedia natural.

Esto último es lo que postula el estadounidense Mark Healey, autor de “El peronismo entre las ruinas: el terremoto y la reconstrucción de San Juan” (Ed. Siglo XXI, 2012), el primer trabajo sobre las políticas iniciadas por quien revestía como secretario de Trabajo y Previsión Social, Juan Perón, frente al terremoto, que afectó al diez por ciento de la población sanjuanina y produjo 10.000 muertos.

Recursos

De acuerdo al trabajo “Los cambios en la política social argentina y el impacto del terremoto de San Juan” (2014) su autor, el historiador e investigador del Conicet Pablo Buchbinder, señala que uno de los primeros elementos puestos en práctica fue apuntalar los fondos públicos con recursos provenientes de donaciones, tanto de “ayuda directa”, mediante aportes a la Secretaría de Trabajo y Previsión para las víctimas del terremoto, como a través de intermediarios que reportaban a la Comisión Pro-Ayuda a San Juan, dirigida por la misma Secretaría.

Al tiempo se prohibió que organizaciones privadas realicen colectas, como forma de centralizar la recaudación y ejecución, que fue llevada a cabo tanto por el Ejército como por la misma Secretaría. 

Asimismo, se organizó una jornada recaudatoria que convocó a representantes de la industria, el comercio, y las entidades deportivas y cinematográficas, donde los aportes voluntarios, y otros que se sospecha coercitivos, permitieron recaudar 40 millones de pesos “cuando se calcula que en esos tiempos una casa de dos dormitorios en San Juan costaba 3000 pesos”, apunta el investigador. Para agregar que en el lapso de tres meses, se construyeron 200 mil metros cuadrados, compuestos de 25 barrios con un total de 3000 viviendas para cerca de 15 mil personas.

Los montos obtenidos eran informados periódicamente a la prensa, como forma de exhibir la transparencia de la misión, lo cual no evitó que desde la derecha opositora se corearan en algunas marchas “Donde están, donde están, los dineros de San Juan” o “Perón, Evita, ¿donde está la guita que San Juan necesita?”, según comentó Healey a este diario 15 años atrás, en una entrevista otorgada a Mario Wainfeld. 

Si bien es posible que haya habido desvíos, el hecho de que la reconstrucción de San Juan haya sido la segunda obra pública de viviendas del primer peronismo, luego de la del complejo Ezeiza, habla a las claras de la inversión destinada a tal fin.

Planificación

Para llevar adelante tamaño desafío, se utilizaron recursos técnicos de la flamante Dirección de Arquitectura, del Consejo de Reconstrucción, y de una Comisión de arquitectos para evaluar las mejores alternativas de construcción, junto a una planificación relativa al suministro de energía eléctrica y agua, todo ello basado en las modernas ideas de conferirles elementos técnicos y de planificación a la administración pública, en lugar de los burocráticos y clientelares que, al igual que en la actualidad, parecían primar en el Estado. 

De hecho, de forma paralela fue creada, dentro de la Secretaría de Trabajo y Previsión, la Dirección de Vivienda, desde la cual se desarrollaron construcciones en todo el país para los trabajadores.

Según Healey, la catástrofe y la acción del Estado serían también la semilla de un concepto que se extendió a lo largo de las presidencias peronistas, la del derecho a la vivienda, hasta entonces solo vinculada a un símbolo de status antes que a una necesidad básica.

El autor menciona también que se logró confrontar con la elite sanjuanina, que buscaba un regreso al statu quo previo mediante la compensación económica a sus destruidos viñedos, algo que no lograron tal cual lo demandaban, sino que por el contrario esa provincia, como el resto del país, se volvió más igualitaria. 

Incluso, el propio Perón lo vio como una gran oportunidad política, la de exhibir sus capacidades para la conducción de un Estado que revierta años de corrupción y desidia, lo cual contribuyó a su éxito político. Haley propone que esa campaña solidaria fue el primer paso para la construcción de una alianza entre el propio Perón y las clases populares. 

La concreción del proyecto original de reconstrucción, con todo, no fue logrado en su totalidad, como tampoco la eliminación del estrato clasista en la distribución de las viviendas, donde las mejores construidas y ubicadas se asignaron a los estratos más acomodados. Esto exhibió también, apunta Healey, que los importantes logros del peronismo no estuvieron ausentes de límites y contradicciones.

^{Suplemento CASH de Página/12 - 27 de septiembre de 2020}