Las elecciones presidenciales de 2021 en Ecuador dieron el primer triunfo electoral a la derecha en más de dos décadas. Pese a que el de Lenín Moreno fue un gobierno escorado a la derecha, el hecho de que las fuerzas verdaderamente representativas de ese espectro ideológico –como el Movimiento Creando Oportunidades (CREO) y el Partido Social Cristiano (PSC)– hayan obtenido el triunfo electoral marca un hito en la política ecuatoriana y expresa un nuevo contexto histórico al que los espacios de izquierda y progresistas deben prestar atención.

En su tercer intento electoral, el banquero Guillermo Lasso logró imponerse por casi cinco puntos sobre el correísta Andrés Arauz. A pesar del escrutinio final, tanto los resultados presidenciales de primera vuelta como la composición de la Asamblea Nacional revelan que la configuración del tablero político es bastante más compleja que lo que indica la mera elección del binomio Lasso-Borrero. Esto da un peso significativo a las izquierdas en la oposición al futuro gobierno, de perfil neoliberal, tanto dentro como fuera de los juegos políticos partidarios.

Ecuador vive un contexto difícil: el aumento de la pobreza, el desempleo agudizado en medio de la crisis sanitaria y la muy deficiente gestión del gobierno saliente son las señas de este tiempo. Diversos informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ubican a Ecuador como uno de los países en América donde más aumentó la pobreza extrema en medio de la pandemia. 

Los principales actores partidarios de la izquierda son hoy el Movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el ex-presidente Rafael Correa, y el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Aunque ambos espacios sostienen coincidencias en su oposición al neoliberalismo, han sufrido históricos desencuentros que es necesario relevar para comprender la situación de la izquierda institucional ecuatoriana. Por fuera de ellos, sin embargo, también hay una importante vitalidad: la que otorgan los movimientos sociales. Estos serán, en el actual contexto, decisivos para el devenir de la izquierda. Su cercanía o no a estas dos organizaciones político-partidarias dependerá en buena medida de cómo se sigan decantando sus distancias o cercanías con el gobierno que hoy comienza sus funciones.

El triunfo de Moreno –como candidato del correísmo– en las elecciones presidenciales de 2017 por menos de tres puntos sobre Lasso supuso para la fuerza gobernante fundada por Rafael Correa la superación de una fase de declive. En aquel contexto, el triunfo dejaba en suspenso la necesaria autocrítica sobre el déficit de política en la gestión, en la medida en que su base de sustento se distanciaba cada vez más de organizaciones y movimientos sociales. Sin embargo, el triunfo fue de cortísimo aliento. Moreno optó por gobernar con un plan agresivamente neoliberal, acompañarse de actores empresariales, de la banca y las corporaciones mediáticas, y contar con el soporte de CREO y PSC en el Poder Legislativo, a la vez que generaba la implosión del movimiento político Alianza PAIS con el que había accedido a la Presidencia.

La primera expresión de oposición al gobierno de Moreno nacía de la fractura de su propia fuerza política. El bloque de legisladores de la Revolución Ciudadana (30 de 74 asambleístas electos) se mantuvo en la línea del plan de gobierno votado en 2017 y constituyó una pieza fundamental de configuración de discurso y acción política contra el ajuste: votó orgánica y sostenidamente contra las iniciativas legislativas de apoyo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), e incluso por fuera de los medios tradicionales, no dejó de batallar y argumentar para fortalecer a la oposición al gobierno de Moreno. No es posible hablar de la vigencia y resistencia del correísmo sin su acción. Esta fuerza (sin personería jurídica) se desempeñó en condiciones de constante persecución y proscripción, toda vez que sus varios intentos de formación de movimientos políticos fueron bloqueados con argumentos poco sólidos desde el Consejo Nacional Electoral (CNE). En este marco, el bloque de legisladores de la Revolución Ciudadana ejerció oposición prácticamente en solitario hasta el último semestre de 2019.

El movimiento Pachakuitk ocupó, en cambio, un lugar diferente en la oposición a Moreno. Gracias a la dinámica de diálogo convocado por el gobierno y la coincidencia en el anticorreísmo, tanto la Conaie como Pachakutik se mantuvieron inicialmente cerca del gobierno. De hecho, una de las escenas inaugurales y altamente simbólicas de la ruptura entre Correa y Moreno sucedió cuando el presidente anunció en acto público que restituía el comodato del terreno de la sede de la Conaie, que Correa había suspendido en 2015, esta vez por 100 años. Correa calificó el anuncio como un desaire y un acto de deslealtad de Moreno, quien arrancaba un capítulo de diálogo con el movimiento indígena ecuatoriano. Integrantes de este movimiento ocuparían un cargo ministerial como la Secretaría del Agua y una consejería en una institución con altísima incidencia como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), órgano que nombra a las principales autoridades de control.

La gestación de la ruptura entre Pachakutik y el gobierno de Moreno llegaría a mediados de 2019 con la movilización nacional que tuvo su combustible definitivo en el decreto 883, que eliminaba el subsidio a los combustibles. Esta movilización, que fue masiva y diversa, fue reprimida ferozmente por el gobierno, con un saldo de 11 muertos, 1.340 heridos y 1.230 detenidos (75% de ellos liberados por no cumplir los requisitos legales para ser apresados). A los diversos informes que exhibieron la violencia y las arbitrariedades, se sumaron los del movimiento indígena, el bloque de la Revolución Ciudadana y la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia, que reportaron judicializaciones, encarcelamientos ilegales, violaciones sexuales y exiliados.

En los diálogos televisados entre el gobierno nacional y los dirigentes indigenas quedó en evidencia su inconformidad por el incumplimiento de acuerdos en el marco del diálogo nacional, pero sobre todo quedó sentada la voluntad de defender no solamente sus intereses sino los de las grandes mayorías. Esto se pondría de manifiesto cuando el Parlamento Plurinacional de los Pueblos, así como diversas organizaciones y colectivos sociales, elaboraron un plan de gobierno alternativo para Ecuador con el nombre «Minga por la vida». Los gestos y acciones hacían pensar en la posibilidad de amplias confluencias entre el movimiento indígena y el correísmo. Sin embargo, precisamente el momento posterior a octubre se constituyó en el primer aviso de que, incluso en el marco de la profundización del ajuste y de la vocación autoritaria gubernamental, las tensiones, desconfianzas y falta de reconocimiento mutuo entre el movimiento indígena, el correísmo y otras expresiones de izquierda seguirían siendo más fuertes que las coincidencias. La configuración de un bloque unido parecía imposible.

Por su parte, la derecha mostró una unidad más sólida, no solo blindando al gobierno en su guion para tratar a movilizados como el «enemigo interno», sino incluso exacerbando el tratamiento racista e invocando a ejércitos patrióticos de defensa de la propiedad y «la ciudad». Tanto el PSC como CREO mostraron su rostro de derecha radical durante y después de las jornadas de movilización. La pandemia les permitió incluso recuperar y profundizar aún más las medidas contra las que el pueblo había salido a las calles y sufrido semejante represión, como la liberalización del precio de los combustibles, la legislación en favor de la clase empresarial y el pago anticipado de deuda (en contraste con el recorte a lo largo de su gestión en el sector de la salud). El desprecio por la vida quedaría además demostrado en la gestión de la crisis sanitaria, provocando un exceso de mortalidad tal que ubica a Ecuador como el segundo a escala mundial en este indicador.

En consonancia con las dinámicas del ciclo político, las elecciones presidenciales vieron llegar una histórica alianza de derechas que llevaba a Lasso como candidato a presidente. Pachakutik y la coalición correísta Unión por la Esperanza (UNES) se mostraban, por el contrario, distantes.

La selección del candidato de Pachakutik no estuvo exenta de tensiones. La decisión de que el candidato fuera finalmente Yaku Pérez no parecía consecuente con las dinámicas y liderazgos gestados en las movilizaciones de octubre. Entre ellos se destacaban dos actores: Leónidas Iza y Jaime Vargas. Ambos parecían capaces de representar los intereses populares y dar un giro al modelo de gobierno. De hecho, en las mediciones de intención de voto para la Presidencia de los primeros meses de 2020 los dos dirigentes se ubicaban casi a la par de Correa y Jaime Nebot (líder social cristiano). Los dirigentes del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) y la Conaie denunciaron procesos poco democráticos en la designación de Pérez como candidato a la Presidencia. La dinámica del partido se imponía a la del movimiento. Según el criterio de un analista cercano a Pachakutik, se habría privilegiado el desempeño electoral en el territorio.

Las tensiones entre el movimiento y su brazo político fueron puestas entre paréntesis y el trabajo orgánico en el territorio quedó en evidencia con la histórica votación obtenida por Pérez en la primera vuelta (19,39%, el mejor resultado del partido en una elección presidencial), con apenas 32.000 votos menos que Lasso, y la obtención del segundo bloque en la Asamblea Nacional (26 legisladores). Su candidatura quedaba reforzada, además, por el apoyo de 80% de los votantes contra las actividades mineras en el páramo en el referéndum organizado en la ciudad de Cuenca.

El CNE tuvo un manejo poco prolijo tanto en la transmisión de resultados de conteo rápido el día de las elecciones como en el tratamiento de impugnaciones del resultado. Procuró un diálogo televisado entre Lasso y Pérez con el acompañamiento de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA). En el debate, los dos candidatos coincidieron en su retórica anticorreísta y dejaron sentado que, por el bien de la democracia, llegaban a un acuerdo sobre las condiciones de revisión de actas. El acuerdo se rompió pocos días después, y la proclamación de resultados se hizo en medio de denuncias de fraude por parte del movimiento indígena y Pachakutik. 

El correísmo, articulado en UNES, vivió hasta último momento intentos de descalificación de su binomio. Con gran vocación de resistencia pero casi ninguna de ampliación hacia otros sectores, llegó con un candidato que, si bien era desconocido y no tenía mayor trayectoria política, procedía de la matriz de la Revolución Ciudadana. Andrés Arauz, un joven tecnócrata, llevó adelante una campaña afincada en la retórica de los años de gobierno anteriores y en la fuerza del líder. Los resultados de la primera vuelta dejaron ver a una fuerza electoral vigente, no solo por la ventaja de 13 puntos respecto al segundo, sino también por haber obtenido el primer bloque de legisladores (49 escaños). Pero para competir en la segunda vuelta, Arauz debía ampliar su base de apoyo y renovar su discurso.

En el balotaje, sin embargo, se recreó el distanciamiento con otras fuerzas políticas y el anticorreísmo se convirtió en la razón para que actores progresistas no se sumaran ni pidieran el voto por el binomio Arauz-Rabascall. UNES logró el apoyo de algunas organizaciones sociales, de dirigencias de nacionalidades amazónicas e incluso de Jaime Vargas, presidente de la Conaie. Sin embargo, este apoyo llegó en un momento de fuertes fricciones internas y no supuso, en estricto rigor, el apoyo de la organización.

Para la segunda vuelta, Pachakutik y la Conaie llamaron al «voto nulo ideológico» con la consigna «Ni Lasso, ni Nebot, ni Correa», tal como reza el cierre del plan de gobierno alternativo «Minga por la vida». El 11 de abril, 16% de la población votó por esta consigna. Se trata del porcentaje más abultado de voto nulo registrado en elecciones presidenciales de segunda vuelta. Un resultado que, según algunos análisis, habría favorecido el triunfo de Lasso.

Luego de los resultados finales, Arauz manifestó –como ya lo había hecho en varios momentos de la campaña previa a la segunda vuelta– la necesidad de construir una «nueva mayoría», un «bloque histórico» con el «progresismo, la plurinacionalidad, la socialdemocracia». Aludía no solamente a Pachakutik, sino también a Izquierda Democrática (ID), un partido de larga data que ocupó la Presidencia a finales de la década de 1980 y que reapareció en escena con un candidato outsider –el empresario Xavier Hervas–, un discurso con énfasis en la economía del emprendimiento y guiños a las demandas de derechos de las organizaciones de mujeres y de la comunidad LGBTI. Con 18 asambleístas, tras lograr el cuarto lugar en las presidenciales (16% de votación), ID se convirtió en un actor a tomar en cuenta, aunque sus propuestas y su discurso no dejan señales muy nítidas de que se trate de una fuerza con la cual la izquierda pueda sumar.

El discurso de cierre de Arauz contrastó fuertemente con el de Correa, quien expresó la necesidad de «dar gobernabilidad» al presidente entrante y, sobre todo, promovió un acuerdo (del que se empiezan a conocer detalles en estos días) con el bloque de derecha –CREO y PSC– para la elección de principales autoridades de la Asamblea Nacional. Además de la necesidad de darle salida a la crisis del país, se habría dejado sobre la mesa el pedido de conformación de una «comisión de la verdad» para revisar los procesos judiciales que han afectado a varios cuadros políticos de la Revolución Ciudadana. La decisión y conducción de tales acuerdos bajo el liderazgo del ex-presidente Correa dejaría entrever claramente un lugar de segundo orden para Arauz, así como para sus líneas de discurso respecto del comienzo de la reconstrucción del poder popular, la autocrítica o la renovación de la política.

De parte de Pachakutik, se envió una oferta similar, «de gobernabilidad democrática», al nuevo gobierno. Con ello, las dos fuerzas más importantes de la izquierda, lejos de constituir un bloque común, optaron por posicionar discursos y acciones políticas ofreciendo, en competencia, gobernabilidad a Lasso. De esta forma, los actores que cogobernaron con Moreno para la implementación de políticas combatidas en octubre de 2019, aquellos que lo legitimaran y acompañaron su discurso de signar a las dirigencias del movimiento indígena y la Revolución Ciudadana como incendiarios y golpistas, se volvieron ahora apetecidos socios.

El primer intento de lograr la Presidencia de la Asamblea veía confluir a PSC, CREO y el correísmo, pero el partido gobernante a última hora falló a su palabra. La elección la ganaría, así, Guadalupe Llori, de Pachakutik, con los votos de CREO e ID. Se trata de una mujer amazónica que sufrió nueve meses de prisión durante el gobierno de Correa, bajo acusaciones de terrorismo y sabotaje.

Fruto de este resultado y acuerdo del que quedarían fuera, tanto Nebot como Correa han afirmado que el de Lasso es un mal inicio y, sobre todo, lo han acusado de no tener palabra. Antes del inicio del gobierno ya se ha roto también la alianza entre PSC y CREO. Está claro que el presidente tendrá que lidiar con la dura retórica de ambos líderes nacionales. Pero el juego político fundamental ahora no está en ello. Pachakutik, además de la Presidencia de la Asamblea, tiene tal capacidad de incidencia que cuenta –junto con ID– con mayoría en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), órgano fundamental, pues tiene como funciones y atribuciones la planificación de las actividades de la Asamblea, la tramitación de reformas constitucionales, la calificación de los proyectos de ley y las solicitudes de indulto y amnistía. Además, el partido indígena preside la Comisión de Régimen Económico que tiene la atribución de tramitar reformas tributarias que resultarán necesarias para la gestión de las finanzas del gobierno en el marco del acuerdo con el FMI. Pachakutik es un actor con suficiente poder para resistir el ajuste, si esa es su voluntad política.

La configuración de este escenario y el del protagonismo de los movimientos sociales en la potencial oposición al gobierno a escala nacional tendrá un elemento fundamental en las próximas elecciones en la Conaie, donde entrará nuevamente en cuestión el protagonismo de Leónidas Iza. Yaku Pérez, quien según se anticipaba desde antes de las elecciones de abril podría disputar también la presidencia de la organización, se ha separado de Pachakutik por los acuerdos de este con el partido de Lasso, advirtiendo que hubo fraude en la primera vuelta, reivindicando ser una «tercera vía» y aclarando que no se retira de las organizaciones del movimiento (Conaie y la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador), pero sí de la política electoral. Su discurso en esta renuncia, ya fuera de la contienda, tuvo líneas más claras de oposición a la «derecha neoliberal» que las esbozadas en su campaña.

Si frente al gobierno de Moreno fueron fundamentales el correísmo en el Legislativo y el movimiento indígena en las movilizaciones, se abre entonces el interrogante sobre cuál será la capacidad de incidencia de la Revolución Ciudadana en el juego legislativo, con escasa presencia en la directiva y en las presidencias de comisiones claves, y cuál será el lugar de la Conaie para irradiar línea discursiva, ahora que su brazo político ha acordado con CREO para hacerse del poder en la Asamblea y tener los espacios más relevantes en ella.

Si todo lo transitado y actuado hasta ahora por los actores partidarios de izquierda ha sido para procurar gobernabilidad en nombre de las profundas crisis que vive el país, ¿cuáles serán los repertorios y qué peso tendrá el clivaje correísmo/anticorreísmo a la hora de confluir para defender y profundizar la democracia, que ha sido gravemente lesionada durante el gobierno que termina?

^{Nueva Sociedad (NUSO) - mayo de 2021}