La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el último recurso de Bayer-Monsanto, sin necesidad de revisión, y dio sentencia definitiva al emblemático caso de Edwin Hardeman, ciudadano norteamericano demandó a la empresa farmacéutica alemana por contraer linfoma no-Hodgkin a partir del uso habitual de Roundup, herbicida a base de glifosato. La condena indemnizatoria por 25 millones de dólares sienta jurisprudencia para otras 30.000 denuncias presentadas en el Poder Judicial norteamericano contra el agrotóxico estrella del modelo transgénico. 

En Argentina —donde se estima la tasa de uso de agrotóxicos más alta del mundo—, existen fallos similares como el caso de la docente Estela Lemes. Tanto en Estados Unidos como en la Argentina, los organismos de control estatal siguen sosteniendo la habilitación comercial del agrotóxico, a pesar de las pruebas científicas sobre su impacto en la salud y el ambiente. 

El Ministerio de Agricultura autorizó en la Argentina 44 eventos transgénicos resistentes al glifosato. El primero fue la soja de la empresa Nidera, en marzo de 1996. El último es un maíz transgénico resistente a glifosato, dicamba y glufosinato de amonio —agrotóxico que generó debate por la aprobación del trigo transgénico HB4— de nada menos que Monsanto Argentina S.R.L. Monsanto cuenta con la última aprobación de un evento transgénico en el país, emitida por resolución en noviembre de 2021.

Las demandas contra Bayer-Monsanto comenzaron a multiplicarse en los tribunales norteamericanos en 2015, cuando la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), organismo especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), confirmó la vinculación entre el herbicida y el cáncer. Y lo categorizó como “posiblemente cancerígeno para los seres humanos”. 

Hardeman, a quien la Corte Suprema le dio la razón este martes, vio la noticia de la IARC en su casa, cuando estaba atravesando las sesiones de quimioterapia por linfoma no-Hodgkin —tipo de cáncer que ataque el sistema linfático—, que le fue diagnosticado ese mismo año. La causa del hombre de 70 años —que usó el herbicida durante 26 años en su jardín— y otras cientos fueron tramitadas por el juez Vince Chhabria del Tribunal de San Francisco.

La de Hardeman fue elegida como la causa testigo y la investigación destapó los denominados Monsanto Papers, una serie de documentos internos —desclasificados por orden del juez de San Francisco— en los que se observa cómo era el modus operandi de la empresa para aprobar el uso del herbicida en las agencias de control estatales con estudios hechos por la propia Monsanto y cómo se organizaba el lobby ante los gobiernos y la propia IARC.  

Tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos —de mayoría conservadora—,  Bayer-Monsanto dijo “discrepar” con la decisión judicial y anunció contar con un fondo especial de 16.100 millones de dólares para seguir enfrentando el “riesgo legal” de la comercialización del agrotóxico de Monsanto (empresa que el grupo alemán compró por 63 mil millones de dólares en 2018). 

La empresa dispuso 11.600 millones en el inicio de los juicios y, en julio de 2021, anunció un incremento de esos fondos en 4.500 millones ante la posibilidad de que se rechazara su intento de un acuerdo colectivo por las demandas presentes y futuras. En su informe anual de marzo pasado, Bayer-Monsanto informó que resolvió unos 107.000 casos de un total de 138.000 demandas. 

En el comunicado del martes 21, replicado en las agencias Reuters y AFP,  la farmacéutica sostuvo “no admitir ningún fallo ni responsabilidad” y anunció que continuará vendiendo sus productos Roundup por ser “una herramienta valiosa para una producción agrícola eficaz en el mundo”. El argumento más relevante de la empresa es que no debería estar siendo juzgada por un herbicida que mantiene la aprobación de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) de los Estados Unidos. “Espero que este sea un cambio significativo en la historia de Monsanto”, se había ilusionado Hardeman en una entrevista con The Guardian en 2019, tras el fallo de primera instancia. 

^{Nicolas Pousthomis / Subcoop}

El glifosato y la complicidad de los Estados

La aprobación vigente del Rondup por parte del EPA también comienza a ser cuestionada. En la previa del fallo de la Corte Suprema, el viernes pasado, el Tribunal de Apelación del 9º Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, hizo lugar el reclamo de varios grupos de defensa del medio ambiente, de trabajadores agrícolas y de la seguridad alimentaria que denuncian que la EPA no consideró adecuadamente si el glifosato provoca cáncer y amenaza a especies en peligro de extinción, por lo que exigió que examine de nuevo si el ingrediente activo glifosato plantea riesgos irrazonables para los seres humanos y el ambiente. 

El glifosato, base del herbicida patentado por Monsanto en 1974, fue clasificado como “posible cancerígeno” por la OMS en 2015 basándose en una amplia prueba científica de que es cancerígeno para los animales. “Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos”, sostuvo la OMS al recategorizar al herbicida y su vínculo con el cáncer. 

Gran parte de la prueba científica acumulada está presente en el informe Antología Toxicológica del Glifosato +1000, recopilado por Eduardo Martín Rossi y editado por la ONG Naturaleza de Derechos, que reúne 1100 estudios científicos que dan cuenta de los efectos del glifosato en el ambiente y en la salud. Entre ellos, más de 200 trabajos científicos son de universidad públicas de la Argentina. 

La antología recoge informes que vinculan el glifosato al cáncer, malformaciones, encefalopatía, autismo y parkinson. También investigaciones que lo asocian a mecanismos de fisiopatología celular (promotor el cáncer), apostosis celular (muerte celular programada), genotoxicidad y trastornos en el sistema endocrino. Y, por último, su afectación en los sistemas reproductivo, inmunitario, digestivo, nervioso, renal y cardiovascular.

En el caso de Argentina, la creciente documentación de estudios científicos y casos relevados por los pueblos fumigados frente a la falta de control estatal sobre los agrotóxicos comenzó a generar luchas ciudadanas para conseguir ordenanzas municipales que alejen el uso de agrotóxicos de cascos urbanos, escuelas rurales y espejos de agua y demandas judiciales. Entre 2003 y 2019, se lograron al menos 28 fallos judiciales que prohíben o limitan las fumigaciones con agrotóxicos en ocho provincias. 

A nivel global, según la ONG Sustainable Pulse, existen más de una veintena de países que limitan su uso. Italia lo prohibió en áreas públicas y en rociados de precosecha; Francia lo retiró de los espacios verdes. Bélgica, República Checa, Dinamarca, Portugal y los Países Bajos también pusieron barreras. 

También hay restricciones adicionales en Asia (Tailandia, Vietnam, Sri Lanka, Omán, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, Bahrein y Qatar), África (Malawi, Togo) y en Latinoamérica (Colombia, Costa Rica, El Salvador, Bermudas, San Vicente y las Granadinas). El último caso en la región es el de México, que prohibió el uso de glifosato y maíz transgénico para 2024. El glifosato también está prohibido en distintas zonas de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Escocia, España, Australia, Nueva Zelanda, Malta, Eslovenia y Suiza.

^{Agencia Tierraviva - 22 de junio de 2022}