El gobierno de Javier Milei facilita todo al agronegocio, pero la cosecha sigue guardada y se demoran los dólares que anhela el Ministerio de Economía para el pago de la deuda externa. Sin vuelta atrás con los 800 despidos del Instituto de Agricultura Familiar, la Secretaría de Agricultura es cómplice del desguace del sector. Hasta el INTA corre riesgo en su funcionamiento.

En las últimas horas, el presidente de Ciara-CEC (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales) Gustavo Idígoras, ganó espacio en los medios masivos de comunicación luego de declarar que, como consecuencia de las malas políticas agropecuarias que aplica la Argentina desde hace dos décadas, “la soja va a desaparecer y vamos al fracaso total de la industria aceitera”.

Gustavo Grobocopatel, alguna vez llamado por los medios el “rey de la soja”, es un intelectual orgánico de los agronegocios. Pero es ante todo un auténtico progresista, es decir alguien que cree ciegamente en el progreso. ¿Qué piensa nuestra élite económica más sofisticada sobre la ultraderecha que viene por todo? Una conversación a fondo, en el precipicio.

El ritmo de comercialización de soja 2023/24 en el mercado argentino viene bastante atrasado a causa de la ausencia de incentivos económicos.

Al pasado 10 de abril –último dato oficial– las ventas de soja 2023/24 sumaban 12,22 millones de toneladas, una cifra equivalente al 24,0% a 24,4% de la cosecha total estimada para el presente año.

Se trata de una cifra, en términos relativos, inferior a la vigente un año atrás, cuando un desastre climático liquidó más de la mitad de la producción prevista de la oleaginosa.

Este libro busca contribuir a las discusiones sobre la pervivencia de la agricultura familiar campesino indígena en el sur global. En los diferentes capítulos se examinan procesos de organización, producción y comercialización emergentes en los territorios.

Con el cierre del Instituto Nacional de La Agricultura Familiar, Campesina e Indígena el gobierno de Javier Milei apunta a campesinos e indígenas, los verdaderos destinatarios de la medida, afirma el autor. 

El gobierno nacional sigue sin nombrar funcionarios para la agricultura campesina-indígena y confirma con hechos que todas sus políticas están destinadas al sector empresario. Organizaciones sociales se movilizaron en reclamo de políticas activas y tuvieron una respuesta: "No hay plata". El Presidente visitó la feria del agronegocio de Clarín y La Nación.

Más de 1800 hectáreas arrasadas por el fuego en Chubut. Es una receta conocida: incendios intencionales, intereses económicos, leyes que se incumplen y un poder político que desliga responsabilidades y regala culpas. Los incendios como engranaje del modelo extractivo, agravado con un Gobierno que niega la crisis climática y solo ve la naturaleza como un recurso a explotar.

En 2001, un grupo de mujeres le hizo frente a la crisis económica y al modelo sojero poniendo manos a la tierra para producir alimentos sanos. Así nació la granja agroecológica La Verdecita, anclada en el periurbano de la ciudad de Santa Fe, una zona histórica de chacras frutihortícolas. Frente a una nueva crisis, la organización construye identidad y abastece de alimentos a sus vecinos a precios justos.

Más de 400 organizaciones socioambientales, universitarias y de productores denuncian que el Gobierno y las grandes empresas intentan avanzar en el control de las semillas, primer eslabón de la cadena alimentaria. Vía el proyecto de Ley Ómnibus buscan la adhesión a la normativa UPOV 91, que beneficia a compañías como Bayer-Monsanto, Syngenta, Bioceres y Don Mario.