La reforma agraria con la que está comprometida el nuevo gobierno, es sólo una parte de la reforma integral de la ruralidad que es necesario realizar en Colombia. Se trata de concebir el abastecimiento alimentario, la sostenibilidad ambiental de las ciudades y la riqueza de la diversidad cultural, como dependientes de la armonía de la ruralidad y de la dinámica de la economía campesinas y de los pueblos indígenas, afros y raizal. 

1 Se trata de modificar la relación de poder entre lo urbano y lo rural e integrar a las comunidades rurales al poder del país, cambiando la relación entre las empresas capitalistas y las comunidades, al tiempo que la relación entre terratenientes y trabajadores.

Esta transformación será posible siguiendo una secuencia que articule los avances inmediatos posibles con las normas y. recursos económicos y humanos ya existentes, con la aprobación de las leyes indispensables para poder concretar los cambios propuestos, y con la participación activa de la población rural y sus organizaciones.

La ley tributaria es la primera que debe ser aprobada para garantizar las demás reformas. Será la madre de todas las reformas. Recordemos que el gobierno de Duque amplió las prebendas y exenciones a los grandes capitales a la vez que facilitó gigantescos recursos a la banca en plena crisis de hambre de la pandemia y luego quiso recuperar los dineros con una reforma tributaria a costa de los pobres y la clase media, la cual fue la chispa que provocó el paro nacional de 2021, una huelga de masas que se prolongó dos meses.

Los más grandes patrimonios, el gran capital, la banca, pueden tributar lo necesario para las inversiones sociales y de infraestructura, el presupuesto del sector agropecuario y el equilibrio del presupuesto nacional.

Además, es necesario que la llamada participación en la “plusvalía” urbana, determinada desde la ley 388 de 1997, se aplique a los cambios del uso del suelo. Si alguien compra una tierra agrícola que pasa a ser área industrial o urbanizable, obtiene una ganancia por efecto de la decisión de un municipio o distrito, que debe participar de esa ganancia, que se vuelve gigantesca cuando hay una decisión nacional de localizar allí una zona franca, por ejemplo.

En Brasil, los municipios han organizado subastas para otorgar el derecho a construir y han obtenido grandes recursos, así como financiado planes de vivienda popular que los promotores urbanísticos no vacilan en pagar a cambio del beneficio que obtienen. En Colombia planes urbanísticos o zonas francas se establecen sin que municipios y distritos participen de las gigantescas utilidades de los compradores de tierras.

Un aspecto tributario de la reforma agraria del nuevo gobierno tiene que ver directamente con el objetivo principal de esa reforma, que los suelos aptos para la agricultura sean usados de acuerdo a su vocación y garanticen el abastecimiento alimentario. Mientras los campesinos producen alimentos cultivando sus tierras, a pesar de que algunas no son buenas para la agricultura, la mayoría de los grandes propietarios desperdicia los suelos agrícolas y apenas tiene una ganadería extensiva que sirve más al encarecimiento del precio de la tierra que a la producción.

Orientar mediante tributos presuntivos el uso del suelo agrícola de las grandes propiedades, debe ir al lado de la protección de los suelos agrícolas, como deberá ser en la Sabana de Bogotá, donde las zonas rurales deben integrar las reservas agrícolas con las reservas naturales.

Otra reforma que será debatida en el Congreso y beneficiará directamente al campo es la reforma a la salud. También la reforma pensional y el proyecto de renta básica, serán muy importantes para la población rural.

2 Pero, mientras se aprueba cada una de estas reformas, el nuevo gobierno demostrará que se ha iniciado el cambio con hechos, tomando medidas concretas, que el gobierno Duque y gobiernos anteriores no tomaron a pesar de contar con los recursos legales.

El proceso de empalme del nuevo gobierno adquirió un carácter cada vez más participativo. De unas cuántas personas convocadas inicialmente se pasó a centenares que estuvieron presentes conociendo el estado de las diferentes entidades gubernamentales y haciendo propuestas para los primeros días del gobierno y para su curso posterior.

La convocatoria a participar se amplió a grandes eventos como el que se llevó a cabo en Bogotá en el Colegio Camilo Torres, que se convirtió en un verdadero cabildo abierto. Mucha participación y propuestas en el empalme desde los colombianos en el exterior. Para participar y ser oídos por el gobierno Petro-Francia no se exige haber votado por los candidatos del Pacto Histórico, toda persona puede participar.

En el sector Agricultura, además de los equipos que se encargaron de cada una de las veinte entidades, las organizaciones campesinas, indígenas y afro convocaron su propio cabildo abierto en las instalaciones del Congreso. Llegó gente de todo el país, se multiplicaron las propuestas y se hicieron presentes tanto la ya nombrada ministra de Agricultura, Cecilia López, como la encargada de la coordinación del empalme, Jénnifer Mojica.

El cabildo abierto es la participación directa en un gobierno que se considera propio, del cual se forma parte. Con la claridad de que es un gobierno diverso, con alianzas y confluencias, pero con la conciencia de que somos parte de ellas y parte esencial.

Anteriormente los gobiernos presentaban proyectos de ley lesivos para la población rural, que eliminaban los derechos de los campesinos e indígenas, como fue el Estatuto Rural de Uribe. Los proyectos de ley conjuntos de campesinos, indígenas y afro eran esencialmente defensivos, como ocurrió en 1993, 2006 y 2012. Fue una experiencia que arrojó algunas victorias, especialmente las jurídicas, en la Corte Constitucional.

Ahora se trata de orientar el curso de un gobierno nuestro y en particular en lo que se refiere a tierras. Vamos a tener que convocar a cabildo abierto en cada lugar, unitariamente, decididamente y movilizarnos como en los Paros Nacionales y regionales o como se ganó la segunda vuelta presidencial, asumiendo que alcanzaremos los objetivos sólo con una participación masiva y decisoria en el presente y en el futuro del país.

Para combatir el hambre, hay que comenzar con urgencia, no sólo con las medidas de emergencia del gobierno sino con acciones propias. Es necesario que recordemos la experiencia del CRIC que con las organizaciones de los barrios de Popayán distribuyó en forma organizada alimentos en plena hambruna de la pandemia. Y la acción de los campesinos paperos que cuando los mayoristas no les ofrecían un precio que cubriera al menos sus costos, se fueron a Bogotá y a los peajes y con apoyo de los municipios vendieron su producto aprovechando que, debido al alto margen de intermediación, podía vender más barato al consumidor y recibir sin embargo más por la papa.

También organizaciones no gubernamentales y empresarios dispuestos a invertir en el servicio social, pueden apoyar estas acciones e iniciativas, como ocurrió en la pandemia con la producción de los campesinos en los Montes de María que se iba a perder por falta de compradores mientras Cartagena se moría de hambre. Esto fue resuelto organizadamente con una iniciativa concreta.

Vamos desde los cabildos abiertos en cada lugar y sector a decidir y realizar acciones efectivas y propuestas administrativas y legislativas.

El campesinado espera que el gobierno Petro-Francia desde el primer día adhiera a la Declaración de los Derechos Campesinos de las Naciones Unidas, como primer paso para el reconocimiento del campesinado como sujeto político de derechos fundamentales. Una declaración que el gobierno de Duque no quiso votar a favor, pero cuyos artículos pueden ser convertidos ahora en ley interna de Colombia, así como debería ocurrir también con los de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas.

Se requiere en particular, la garantía del derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, afros y raizal y de las comunidades rurales en todo el proceso de reforma rural. El reconocimiento a territorialidad campesina hará parte de la nueva ruralidad.

Como es necesario también garantizar el derecho a la organización campesina y de los trabajadores del campo, vamos a avanzar en aplicar la ley 2219 del 30 de junio de 2022 y aprobar y ratificar el Convenio 141 de la OIT sobre las organizaciones de trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social.

La Agencia Nacional de Tierras ha dejado de realizar tareas de ordenamiento social de la propiedad que hubiera podido cumplir, porque no ha habido la voluntad política de realizarlas e inclusive porque ha habido una decisión contra ellas. Es el caso de la constitución de zonas de reserva campesina y del deslinde de ciénagas y playones para devolverlas a pescadores y comunidades rurales. Han aplicado el paso de tortuga a la declaratoria de territorios colectivos de comunidades negras y demorado los procesos de resguardos indígenas.

La reserva campesina de Sumapaz toca la puerta del nuevo gobierno. Fue bloqueada por el gobierno de Duque y los anteriores a pesar de tener completo su trámite y negada con argumentos que no son aplicables, precisamente cuando los campesinos demostraron su capacidad de movilización para la gestión ambiental cuando apagaron con sus propios medios y organización un gigantesco incendio forestal, mientras las autoridades nacionales y distritales no hacían nada al respecto.

Todos los procesos de constitución de reservas campesinas, resguardos y territorios colectivos con trámites completos deben ser aprobados y la agilización de los demás debe facilitarse con nuevas normas reglamentarias necesarias.

3 La elaboración y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo será el momento para participar en la primera modificación de leyes relativas a la reforma integral de la ruralidad: normas ambientales, de programas agropecuarios, de orientación del crédito para el sector, de reorganización de los mercados de alimentos, territorialidad y también de una estructura de la Agencia Nacional de Tierras ANT orientada al ordenamiento social de la propiedad.

La restitución de tierras debe producir frutos concretos y articularse a las negociaciones de paz total con los diferentes actores de la violencia, que impiden esa restitución a pesar de existir normas claras para realizarla.

La restitución del territorio Nükak debe ser una causa nacional. Y a la ANT le corresponde el primer paso, culminar el deslinde del resguardo con la reserva campesina, para evitar que siga siendo pretexto para la invasión masiva del noroccidente del resguardo, donde se encuentras áreas fundamentales para varios grupos nükak.

No más licencias de fracking, no más fumigaciones con glifosato, son emblemas de la nueva ministra del Ambiente, que resumen una nueva orientación energética, ambiental, orientada a la producción agropecuaria e industria y un reconocimiento del fracaso de la llamada “guerra contra las drogas”.

Una renegociación con Estados Unidos y Europa de los Tratados de Libre Comercio, que permita apoyar la producción nacional y una negociación internacional sobre la política contra las drogas, son condiciones para que sea un gran éxito la sustitución de cultivos ilegales por la producción de alimentos y se vislumbre una redención para los miles de campesinos que no han tenido más remedio que depender de la economía ilegal para subsistir

Es necesario que la población rural asuma en sus manos la discusión y propuesta de las nuevas leyes agrarias, porque una vez aprobada nueva ley tributaria y las reformas fundamentales, será posibles pasar a la reorganización general y restauración de la institucionalidad agropecuaria, lo cual exigirá nuevas leyes de crédito rural, seguros, mercadeo, generación de tecnología agropecuaria propia y adecuada a la diversidad social y ambiental y una nueva ley de tierras que permita una reforma agraria coherente con la reforma integral de la ruralidad.

Hay bastante trabajo para todas y todos. ¡Manos a la obra!

^{Rebelion - 1 de agosto de 2022}