Venezuela: ocho días que sacudieron el tablero político

Luis Bonilla-Molina


La semana del 9 al 16 de enero de 2023 ha sido de centralidad del movimiento social, especialmente del magisterio y los obreros de las empresas básicas de Guayana, el epicentro del proletariado industrial venezolano. En menor medida se han incorporado los gremios médicos de Lara y de la salud de Caracas, asociaciones de jubilados de la administración pública y del sector judicial, el sector de trabajadores eléctricos, entre otros.

En las 23 capitales y la mayoría de ciudades del país se presenciaron movilizaciones, en su mayoría masivas, con la característica central de estar integradas por partidarios y opositores al gobierno de Maduro, dada su naturaleza reivindicativa. Son las primeras grandes movilizaciones despolarizadas y masivas del movimiento social desde 1999. El carácter de auto convocadas ha hecho que las federaciones sindicales del magisterio estén a la cola del movimiento y solo los líderes de unos pocos sindicatos combativos de base han podido ser reconocidos como parte del liderazgo natural. Esto cuestiona seriamente la legitimidad de las dos grandes centrales sindicales (CBST [1] y CTV) [2], así como a las federaciones gremiales. Las directivas de las federaciones magisteriales han sido obligadas por sus bases, a colocar en la mesa de negociaciones sus planteamientos, mientras hace solo días llamaban a aguantar sin protestar. 

Las movilizaciones obligaron a incluir el tema de la protesta social en la agenda de la reunión ordinaria de la dirección nacional del PSUV del 9 de enero, tal y como lo informó Fredy Bernal, gobernador del Estado Táchira. El propio Bernal aseguró en entrevista concedida a la periodista Mary Pili Hernández, que el gobierno exploraba fórmulas para un aumento salarial sustentable en el tiempo. A la par, el Gobernador tachirense, expresó su preocupación por la “ostentación de algunos altos funcionarios”, algo que habíamos denunciado en nuestro artículo anterior.  Es decir, el partido y el alto gobierno están al tanto de la situación y los reclamos.

La burocracia sindical, especialmente la vinculada al gobierno, insistió durante toda la semana, en el argumento que la movilización social era “una conspiración desde el imperio”, para intentar de manera desesperada desmovilizar y desinformar. La burocracia sindical, absolutamente desbordada por las bases magisteriales intento cumplir su rol de instrumento de contención, sin lograrlo, mostrando un precario sentido de sobrevivencia y limitada utilidad política para el propio gobierno que dicen defender.

En el caso de Guayana, la lucha fue impulsada por trabajadores de base, pues las dirigencias sindicales burocráticas han perdido todo reflejo de clase y ni siquiera acompañaron institucionalmente el movimiento de la clase trabajadora. La demanda central fueron las condiciones salariales (necesidad de anclar el salario al dólar), contractuales (cumplimiento de cláusulas de la convención colectiva) y de seguridad social (hospitalización, medicinas, cirugía, maternidad). Durante una semana resistieron en el portón 4 de SIDOR, a pesar que el martes 10 por la noche la Guardia Nacional arremetió contra la concentración disolviendo temporalmente a los tomistas reunidos en la puerta de SIDOR. Esa misma mañana la burocracia sindical de la CBST había llamado a tomar el resto de las empresas de Guayana, para evitar que se extendiera la situación conflictiva. El miércoles por la noche y jueves fueron detenidos casi una decena de dirigentes de base (otras fuentes hablan de 15), algunos de ellos pasados a tribunales. A pesar de ello, la movilización y concentración masiva de los sidoristas continuó hasta que el viernes por la noche se hizo presente Ángel Marcano, Gobernador del estado Bolívar, quien se reunió con una comisión de diez trabajadores y trabajadoras de base para firmar un acta de acuerdo que contemplaba el cese de la paralización a cambio de la libertad de los obreros presos y  de los judicializados, el establecimiento de una comisión gubernamental que estudie las demandas de la clase trabajadora y la garantía que serán eliminados todas las imputaciones judiciales, evitando los anuncios de despido.

El sabor que quedó después de la negociación en SIDOR, fue que el cese del conflicto había sido solo a cambio de promesas, que podían ser incumplidas. Sin embargo, el conflicto mostró que la clase trabajadora se puede organizar y convocar a paros por encima de las instancias burocráticas, quedando pendiente la urgencia de establecer capacidades en negociación colectiva cuando se sienten con representaciones oficiales. Por donde se le mire, el conflicto de SIDOR fue una victoria de la clase trabajadora industrial, que sienta un importante precedente.

Después de cinco días de grandes movilizaciones docentes a lo largo y ancho del país, el gobierno convocó a una contramarcha denominada “Vamos a marchar por nuestros maestros y Maestras de la patria”, para el sábado 14 de enero, un día antes de la celebración en Venezuela del día del Maestro y la Maestra, la cual concentró a funcionarios gubernamentales y militantes del partido de gobierno, algo que repitió el lunes 16, en este último caso en franca oposición al llamado del magisterio a “salir todos a la calle por un salario justo”. La lógica de las contramarchas oficiales contra el movimiento social de protesta, sienta un precedente peligroso que analizaremos más adelante.

El lunes 16 se realizó la más importante movilización del magisterio y la clase trabajadora, realizada en las últimas tres décadas en Venezuela. A pesar que el magisterio evalúa la vuelta a clases para construir un nuevo plan de protestas y exigencias, en solo ocho días ha logrado construir una narrativa de futuro que aún no termina de leer la clase política y muestra la urgencia de una nueva forma de entender lo político. La titánica y valiente movilización de los y las docentes, muestra el despertar de este sector como actor colectivo de transformación social.

La ausencia de Robín Hood y el héroe colectivo

Los ingresos de Venezuela, aún en el contexto de las criminales medidas coercitivas unilaterales norteamericanas, resultan suficientes para garantizar un salario diez veces mayor al actual. El problema es el enfoque monetarista de quienes dirigen el gobierno y una concepción elitista de la distribución de la riqueza, que no tiene como lugar de enunciación el mundo del trabajo.  Los maestros han sacado cuentas de cómo podría haberse usado los cinco mil millones de dólares que inyectó el Banco Central de Venezuela a la Banca privada, o de los ingresos fiscales del país, y las cuentas desmienten la versión oficial que señala que no hay dinero para un aumento sustantivo.

Por eso, el vocero del PSUV [3] (partido de gobierno), el gobernador Bernal planteó que el presidente de la República estaba estudiando un aumento salarial sustentable en el tiempo [4], es decir, no sujeto a la contingencia del precio del dólar, algo que se ha convertido en la mayor exigencia de la clase trabajadora nacional. A pesar que Bernal informó que el gobierno haría un anuncio al respecto en los siguientes días, ello no ocurrió.

El jueves 12 de enero, el presidente de la República rindió cuentas anuales ante el parlamento y la esperanza colectiva era que allí anunciara el “aumento sustentable”, pero muy por el contrario la alocución se centró en señalar las dificultades económicas del país, algo que fue interpretado como negativa a aumentar sueldos y salarios. La decepción colectiva recorrió a las bases que exigen redefiniciones salariales, sobre todo porque la mayoría de quienes protestan votaron para la elección de Maduro y muchos de ellos son militantes del partido de gobierno.

El viernes 13 de enero, la dirigencia sindical vinculada al gobierno anunció que realizarían la contramarcha para mostrar el apoyo de los trabajadores al presidente de la República y su gestión, a la par de plantear que entregarían un petitorio salarial avalado por la CBST.  Eso generó la esperanza que al final de la concentración el presidente de la República anunciara el aumento salarial, presentándolo como una conquista de la burocracia sindical. Circularon informaciones que a las 6 de la tarde el presidente tendría una alocución centrada en el aumento salarial, algo que no ocurrió. Al final del día fue la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien dio una rueda de prensa señalando que el presidente estaba estudiando los escenarios salariales.

La celebración del día del Maestro, el domingo 15 de enero, se convirtió en una disputa de narrativas en las redes sociales, respecto al papel de los docentes en la actual coyuntura.  Quedó claro que el 16 marcharían los y las docentes, con la expectativa que fueran concentraciones muy importantes, en términos cuantitativos y cualitativos, algo que en efecto ocurrió.  Por su parte la burocracia logró realizar una contra marcha, de menores dimensiones que la anterior.

Contramarchas: ¿El Estado contra movimiento social?

Las contramarchas se popularizaron en Venezuela desde 1999, fundamentalmente entre partidarios y opositores del proyecto Bolivariano. En las semanas previas al golpe de Estado de 2002, las “contra marchas” se institucionalizaron como forma de disputa entre fuerzas políticas. Luego, desde 2013, se fueron tornando en disputas callejeras entre las dos fracciones burguesas, hasta que, en el marco de la Constituyente de 2017, la derecha fue derrotada y su capacidad real de movilización disminuida y neutralizada.

Cuando se creía que las “contra marchas” eran cosa del pasado, el gobierno y la burocracia sindical las desempolvan, pero en este caso, convirtiéndolas en una peligrosa modalidad, pues las movilizaciones de enero de 2023 no son entre fracciones políticas o burguesas, sino el resultado de exigencias del movimiento social. En consecuencia, ocurre una inflexión, pues ahora las “contra marchas” son del Estado versus el movimiento social, que paradójicamente está integrado en buena medida por electores del actual gobierno. Este giro parece haber sido inducido por la incapacidad de las castas burocráticas de generar contención social y por la necesidad de mostrar que el gobierno cuenta con base social importante, incluso más allá de los límites de lo que se considera justo para su proyecto político.

Este paso, en terreno fangoso, puede convertirse en un descalabro total para el gobierno y la pérdida de hegemonía política en amplios sectores de su base social, lo cual puede tener repercusiones no solo electorales (2024) sino también de fractura de imaginarios y narrativas que sustentaron su permanencia en el poder.

De esta crisis el gobierno debería salir pronto con una propuesta contundente de aumento salarial sostenible y la recomposición de su liderazgo sindical, abriéndose a algo a lo cual se ha negado, la democratización de las estructuras sindicales y gremiales que le son afines. Aún está a tiempo de corregir la plana, si logra construir la voluntad política para ello.

El síndrome de abstinencia verbal de la dirigencia de derechas

Es sintomático de su compromiso de clase, las escuetas declaraciones y omisiones de la dirigencia de derecha sobre las aspiraciones magisteriales.  Más allá de intentar cabalgar la ola de protestas con llamados genéricos a aumentos salariales, no han querido adentrarse en montos ni aumentos de sueldos que sean sustentables.

Esto evidencia el juego de roles que han asumido las oposiciones de derecha, que carecen de una propuesta sustantiva y viable de justicia salarial. Claro está, en su caso, el compromiso es con la voracidad empresarial, desoyendo incluso algunas voces de empresarios que han llamado a un cambio en la actual situación. Ni siquiera han emulado a FEDECAMARAS, la asociación empresarial más importante del país, que señaló que el sueldo mínimo debe estar en los 300 dólares mensuales y no en los 7 dólares actuales.  Señores de la oposición, su sordera es sintomática de la enfermedad de desconexión con la realidad de la cual padecen.

La agenda de la protesta

Las movilizaciones del 16 de enero, por su carácter descentralizado y auto convocado, ha establecido agendas regionales y locales, que pueden establecer algunas diferencias, pero en su mayoría son convergentes.

Por ejemplo los acuerdos en Calabozo, Guárico fueron:

-No recibir alumnos en las aulas

-Enviar clases y trabajos virtuales los días lunes

-Recibir las tareas y hacer evaluaciones los viernes

-Martes. Miércoles y jueves mantenerse en asambleas permanentes

-De no recibir respuestas del ejecutivo a las demandas salariales y contractuales activar los paros escalonados a partir del 23 de enero

En otros lugares la eliminación del instructivo ONAPRE fue puesto en mayor relieve. En otros se planteó un modelo móvil de protesta, asamblea y trabajo en aulas. Es decir, el desarrollo fue desigual y combinado. Estos puntos pueden ser enriquecidos por las asambleas municipales y estadales.

Conclusión

En solo 8 días se ha producido un movimiento telúrico en el piso político venezolano, que no solo ha sacudido los cimientos de la clase política gubernamental y de oposición, sino que ha iniciado la construcción, por abajo, de un nuevo proyecto de país. Este nuevo proyecto político de país, aún imperceptible para la ceguera epistemológica de las direcciones políticas, no solo construye imaginarios y narrativas desde los bordes de lo institucionalizado, sino que ha comenzado a reconstruir los parámetros de gobernabilidad. Este es un punto de inflexión con consecuencias políticas de corto mediano y largo plazo, independientemente que el movimiento telúrico, propio de la protesta social, sea de onda corta o larga duración. El desafío para las ciencias sociales es encontrar las pistas que permitan develar cómo a partir de esta inflexión, el sujeto político que la expresa, se constituye en actor colectivo con vocación de poder.

Notas

[1] Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, vinculada al gobierno de Maduro

[2] Central de Trabajadores de Venezuela, la menguada central asociada a la oposición al gobierno de Maduro

[3] Partido Socialista Unido de Venezuela

[4] Ver escenarios planteados al final de mi anterior artículo  https://wordpress.com/post/luisbonillamolina.com/2286

- Luis Bonilla-Molina, Doctor en Ciencias Pedagógicas, Postdoctorados en Pedagogías Críticas y Propuestas de Evaluación de la Calidad Educativa. Miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Socio de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la educación. Integrante de la Asociación latinoamericana de Sociología (ALAS) y la Fundación Kairos. Director de investigaciones del Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en educación (CII-OVE). Profesor universitario.

 

Sinpermiso - 22 de enero de 2023

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