La década pasada ha representado un freno al crecimiento en buena parte de los países de América latina. Esto ha sido visible en el caso de la Argentina, que ha visto estancarse su nivel de actividad, merced esencialmente a la operación de la restricción externa; concurrieron en tal sentido el agotamiento de reservas hidrocarburíferas convencionales y el deterioro de los términos de intercambio. Este cuadro se ha visto agravado por la acumulación de tensiones inflacionarias, particularmente impactantes en una economía donde operan dos monedas, y donde el arbitraje financiero promete ser un negocio atractivo en plazos cortos, en detrimento de la inversión real.

El estancamiento mencionado comenzó a manifestarse en 2012, y persistió en los años siguientes. La gestión que asumió en 2015 expresó su expectativa de una reversión, a partir del shock de confianza que supondría una gestión más amigable con los “mercados”. Sobre la base de esa esperada confianza, canceló a valor pleno la deuda con los acreedores que habían quedado al margen de los canjes de 2005 y 2012, y asumió un nivel masivo de nuevo endeudamiento público neto, del orden de 182.000 millones de dólares. Más aún, esto se tradujo en la firma de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, tras doce años de ausencia de cualquier acuerdo con este organismo multilateral.

Ese imponente incremento de los pasivos no se tradujo en más inversión productiva en el país; por el contrario, la formación bruta de capital fijo (a precios corrientes) cayó de 15,6% del Producto Interno Bruto en 2015 a 14% en 2019. Creció en cambio la inversión financiera privada en el exterior, mostrando lo ilusorio de la confianza esperada. Mientras la deuda externa del Estado (gobierno general más BCRA) aumentaba en 100.000 millones de dólares, de 150.000 a 250.000 millones de dólares, los activos en el exterior (excluyendo la inversión extranjera directa) en poder del sector privado no financiero aumentaban por un monto equivalente, de 195.000 millones a 293.000 millones de dólares.

No debe sorprender entonces que el desempeño entre 2015 y 2019 haya sido decepcionante: el PIB por habitante cayó un 8% en valores constantes, mientras que la tasa de inflación subió de 29% en 2015 a 54% en 2019. Asimismo, el déficit fiscal creció de 3,2% del PIB en promedio entre 2011-15 a 5,7% entre 2016-19. El salario real se deterioró (caída del orden de 20%), mientras que el desempleo abierto trepó de 6,5% a 9,8%, con la destrucción sobre todo de empleos formales.

La pandemia Covid-19 supuso un agravamiento de este escenario desfavorable, al requerir la interrupción de actividades no esenciales para limitar la difusión de los contagios y evitar la saturación del sistema de salud. Estos propósitos fueron alcanzados, tal como refleja el desempeño de los servicios sanitarios y el moderado nivel de excesos de fallecimientos, con relación a otros países de América latina. Pero la contracción de la actividad económica en 2020 ha sido considerable (caída del PIB de 9,9%), al superponerse la pandemia a un cuadro previo ya recesivo. La recuperación económica experi- mentada en 2021 compensa los niveles perdidos de producción en el año anterior, pero por sí misma no revierte el cuadro de estancamiento tendencial y alta inflación en el que se encuentra la economía desde hace varios años.

La exitosa renegociación de la deuda con los acreedores priva- dos concretada en agosto de 2020 permitió despejar parcialmente el horizonte, al reducir los compromisos y diferirlos en el tiempo. Por otro lado, se ha concretado el refinanciamiento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, mediante un Acuerdo de Facilidades Extendidas, dado que los compromisos asumidos en 2018 representaban una combinación manifiesta- mente incumplible de plazos de repago y montos.

Argentina ante la pandemia Covid-19

La pandemia supuso un desafío para todos los países, para el que no se contó con recetas; las respuestas ensayadas fueron diversas, y no contaron con sustento basado en la experiencia y el conocimiento previo.

El gobierno argentino optó durante el primer brote (invierno de 2020) por un confinamiento estricto, que repercutió fuertemente en la actividad económica (caída de 26% en dos meses); hubo luego una recuperación, frenada parcialmente por el segundo brote (otoño-invierno de 2021). En 2021 la actividad se situó un 0,65% por debajo de los valores de 2019. Esta performance es algo superior a más de la mitad de una muestra de 50 países con información sobre su producto trimestral.

La estrategia adoptada y la masiva vacunación lograda (mostrando receptividad de una gran mayoría de la población, que en un 90% ha recibido por lo menos una dosis) arrojaron como resultado un nivel controlado de hospitalizaciones. El sistema sanitario, aunque con picos de estrés, no llegó a los niveles de saturación observados en otros países. Por otro lado, el número de fallecimientos muestra en la comparación valores relativos bajos, desde la óptica del indicador más confiable, el exceso de muertes respecto de las esperables en condiciones de normalidad. La Argentina se sitúa en este aspecto entre los países de menor mortalidad, en América latina.

En este contexto, sobran las voces que claman por una subordinación del país a los dictados de las finanzas internacionales, proponiendo un compromiso de austeridad que asegure el repago de las acreencias de la Argentina, que a la vez brinde “señales positivas” a los inversores. Esta austeridad –se afirma– al mismo tiempo contendrá el proceso inflacionario, cuyo origen se atribuye exclusivamente al déficit fiscal y su monetización. No han faltado incluso quienes en la Argentina han criticado el Acuerdo de Facilidades Extendidas por su falta de dureza. Hemos avanzado en el pasado una y otra vez por esta vía; de hecho, la Argentina es el país de desarrollo medio que más tiempo ha mantenido acuerdos con el FMI, desde 1956. El período que fue de 2006 a 2018 fue el más prolongado en el que no hubo vigencia de un acuerdo con el FMI.

El resultado de planes de estabilización que pasan por la deva- luación y el ajuste del gasto fiscal primario son conocidos: antes que nada, ellos agravan el cuadro macroeconómico en el corto plazo. La apuesta a un mayor gasto privado autónomo que compense la caída de la demanda agregada falla sistemáticamente; el sector privado no encuentra incentivos para expandirse en un contexto recesivo, pero tampoco lo hace el gobierno, que es quien tiene la capacidad de actuar en forma contracíclica. Lejos de mejorar, el cuadro fiscal empeora, por pérdida de recaudación, poniendo en movimiento una espiral descendente. Estos programas además castigan diferencialmente –vía desempleo y baja de ingresos– a los sectores más vulnerables, como si ellos fueran los promotores del supuesto despilfarro que la austeridad viene a corregir. Jamás un plan de estabilización de esta naturaleza ha propuesto alguna forma de imposición extraordinaria sobre los sectores más pudientes, a fin de aliviar su impacto en los mencionados estratos vulnerables.

No hay duda de que lograr sostenibilidad macroeconómica es deseable; se brindará de esta forma no solo un marco propicio para el desarrollo de las actividades privadas, sino también para la articulación de políticas por parte del Estado, evitando la dependencia de mercados financieros generalmente volátiles. Pero esta salida demanda definir una senda deseable para el mediano y largo plazo.

Tal como lo indica la experiencia internacional, la claridad acerca del sentido hacia donde un país marcha es una condición ineludible para lograr una trayectoria sostenible, y no debe esperarse que el mercado brinde ese sentido, por su inestabilidad, su concentración, su opacidad y porque su operación se focaliza en horizontes breves. Asimismo, los mercados de por sí no incorporan objetivos tales como la justicia social, la preservación del ambiente y la afirmación de la soberanía nacional: en suma, el bien común. La salida de una coyuntura compleja debe ser concebida y gestionada con base en una mirada estratégica. Y esta tarea le compete a la sociedad como un todo, mediada por sus organizaciones políticas, sociales y culturales.

Un proyecto de país viable e inclusivo es hoy tanto posible como imperioso. Antes, por la excepcionalidad que planteó la pandemia, un hecho inédito que ha motivado un descalabro económico a nivel mundial; ahora, por los impactos producidos por los embargos económicos motivados por la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero más allá de los desafíos presentes, la mirada estratégica es insustituible.

Este proyecto ha sido solo esbozado en oportunidad de la negociación con el FMI; es menester ahora formularlo cabalmente. Entendemos que el presente Acuerdo de Facilidades Extendidas, si bien establece restricciones, no comporta compromisos estructurales, ni pone fin a la recuperación económica. Existe en consecuencia espacio para encarar un proyecto de desarrollo inclusivo, proyecto que la Argentina demanda, más allá de sus relaciones con el FMI. Por otro lado, lograr la formulación de un proceso consistente pondrá a la Argentina en una posición de mayor fortaleza en el desarrollo de las relaciones con el FMI.

^{Fuente: Voces en el Fénix - Octubre 2022}