La victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez en las elecciones del 19 de junio de 2022 en Colombia despertó una ola de entusiasmo en América Latina. Atrás quedaba el uribismo y su Estado militarizado. Por primera vez, un gobierno progresista asumía en un país caracterizado por un conflicto armado crónico, un brutal autoritarismo estatal y una política económica neoliberal ininterrumpida. Sin embargo, las dificultades no iban a tardar en aparecer.

Luego de nueve meses de gobierno en coalición con el Partido Liberal, donde este partido entorpeció la concreción de las reformas sociales del programa de gobierno (reforma de salud, agraria, etc.). Petro decidió realizar un cambio abrupto del gabinete y romper con la conducción del Partido Liberal. ¿Cuál es el significado de este cambio? ¿Cuáles son las dificultades del gobierno? ¿Cuál es el papel de la derecha tradicional? Sobre estos temas conversamos con Luciana Cadahia, filósofa, autora de Mediaciones de lo sensible y Siete ensayos sobre el populismo y coordinadora de la red Populismo, republicanismo y crisis global.

NA

El gobierno que lideran Gustavo Petro y Francia Márquez acaba de plantear un giro de 180 grados con su cambio de gabinete. ¿Crees que el contexto mundial y regional tiene que ver con esta decisión o se debe solamente al contexto colombiano?

 LC

Me parece importante comenzar esta entrevista teniendo presente algunos aspectos clave que nos pueden ayudar a comprender mejor todo lo que hay en juego —a nivel nacional, regional y mundial— con el gobierno del Pacto Histórico que lideran Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia. En términos mundiales estamos asistiendo al fin de la globalización tal y como la conocíamos. Desde la crisis de 2008 viene gestándose un proceso de desglobalización, en el que Estados Unidos pierde la hegemonía y cede paso a un mundo multipolar. La pregunta que surge —y esto nos lleva del plano mundial al escenario regional— es qué papel van a tener América Latina y el Caribe en este escenario de transición y reconfiguración del orden mundial.

¿Actuaremos como bloque regional o de manera aislada? ¿Seguiremos ocupando un lugar periférico en la toma de decisiones geopolíticas? ¿Nos limitaremos a reproducir la economía extractivista de ser meros exportadores de materias primas o revertiremos este rol y asumiremos un papel más activo a través de la transición energética y descarbonización de la economía? ¿Construiremos un proyecto de integración regional más justo, igualitario y soberano (que permita cierto margen para la autodeterminación cultural, política y económica de nuestra región) o quedaremos a la merced de las necesidades cambiantes del mercado mundial y de las viejas potencias económicas?

Todo esto que acabo de plantear a modo de interrogantes en realidad se expresa como una disputa entre diferentes proyectos políticos o, si lo prefieren, entre el  progresismo, un centrismo dubitativo y sin rumbo claro y una extrema derecha voraz.

Como comenté en otra oportunidad para Jacobin, las primeras dos décadas del siglo XXI se caracterizaron por una consolidación del ciclo progresista en la región. Luego, entre 2015 y 2020, hubo un momento de repliegue y avance de los proyectos de derecha que, hasta el momento, no han podido sostenerse en los gobiernos. Ahora mismo asistimos a una nueva ola de progresismo regional. Pero nos encontramos ante un escenario mucho más complejo e incierto originado, por un lado, por la pandemia y el conflicto Ucrania-Rusia y, por otro, por la capacidad de la derecha para organizarse, obstaculizar y —en los casos más extremos— interrumpir las experiencias de gobiernos populares.

Las nuevas derechas regionales tienen una vocación declaradamente destituyente, antidemocrática, racista y patriarcal, como hacía mucho tiempo no se observaba en nuestros países. Sus armas son los préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI), los conglomerados mediáticos, el poder judicial y el crimen organizado. Emplean a los medios de comunicación para construir percepciones de la realidad, al crimen organizado para tener control territorial y al aparato judicial para intervenir en las instituciones e impulsar persecuciones y proscripciones políticas.

Podemos señalar varios indicios de esto: el golpe de Estado a Pedro Castillo en Perú, el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, el avance del narcotráfico propiciado por Guillermo Lasso en Ecuador y su recomendación para que la ciudadanía porte armas en defensa propia, los anuncios temerarios y falsos del fiscal Francisco Barbosa (afín al uribismo) de Colombia sobre una supuesta alianza entre Petro y el narcotráfico y la propaganda del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador como modelo de orden para el continente.

Para decirlo sin eufemismos: la extrema derecha ha roto el pacto democrático que existía en la región. Ya no habla en nombre de la democracia sino de la libertad. Ha disociado la democracia de la libertad. Y aunque esto nos suene paradójico, en nombre de la libertad se justifica un accionar posdemocrático. Orden y libertad son las nuevas banderas de la derecha regional. Sin embargo, y a pesar de su capacidad organizativa e incidencia en el territorio y las instituciones, no tiene un proyecto de integración regional. Pareciera asumir una posición anacrónica: sostener a como dé lugar nuestro lugar periférico, extractivo, desigual y sacar el mayor provecho económico de todo eso.

El progresismo, en cambio, sí expresa una voluntad política de integración y transformación regional. Y aquí hay una tendencia clara: mientras que los gobiernos populares promueven la integración política, económica y cultural de la región, la derecha, en cambio, aísla a los países entre sí, desarticula la integración y expande subterráneamente las redes de narcotráfico y del crimen organizado y la usura financiera como modelo económico.

NA

¿Y qué contrapunto plantea este nuevo ciclo a la extrema derecha latinoamericana?

LC

A diferencia del ciclo anterior, esta nueva ola de gobiernos populares cuenta con las principales economías de la región: Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile. No es un dato menor, y eso explica en gran medida el nerviosismo de la derecha global.

Los desafíos de este nuevo bloque progresista apuntan a fortalecer nuevamente la UNASUR, el MERCOSUR y la Alianza del Pacífico; a condenar el rol como secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de Luis Almagro —quien avaló los golpes de Estado en Bolivia y Perú, cuestionó el resultado de algunos triunfos de gobiernos populares y se alineó con el espíritu antidemocrático de la extrema derecha—, a garantizar un proceso de soberanía alimentaria, energética y tecnológica, a revisar el papel de dólar como moneda hegemónica para las transacciones económicas entre los países, planificar una transición energética acorde a la región, proteger los recursos naturales y territoriales y asumir una posición regional de «no alineamiento activo» ante el conflicto Rusia-Ucrania sin que los Estados Unidos lo tomen como un ataque a su política internacional.

Pero —y es importante decirlo— este nuevo ciclo parece disputarse entre los gobiernos que asumen un rol más sumiso ante las oligarquías (como Chile o Argentina) y los países que tienen la audacia para darle una nueva orientación a la región ante este cambio de época. Dicho todo esto, considero que el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez se ubica entre las propuestas más audaces. Y esto descansa, en gran medida, en el hecho de que la «paz total» en Colombia no podrá lograrse sin una mayor integración regional y sin una verdadera transición energética en los territorios.

NA

¿Crees que es a partir de esta audacia que Petro decide remover a su gabinete? Dicho de otra manera, ¿Cómo relacionas esta descripción del contexto regional con la decisión del actual gobierno de Colombia?

LC

Los medios hegemónicos en Colombia no están interesados en informar sobre las razones que llevaron a Petro a tomar esta decisión. Pero él lo dejó muy claro en una de sus alocuciones. Hasta el momento, el Pacto Histórico —como su nombre lo indica— se presentó como un pacto de gobierno transversal a los diferentes partidos políticos y clases sociales. Esto permitió, entre otras cosas, sacar adelante la reforma tributaria que necesitaba Colombia para reorganizar el desastre económico que dejó el gobierno de Iván Duque.

Pero, junto a esta reforma, Petro tiene un proyecto mucho más ambicioso que consiste en transformar el país de fondo. Es decir, ir al núcleo que da lugar al crimen organizado, al narcotráfico y a la violencia en Colombia, que no es otro más que el viejo problema de la tenencia de la tierra. Hoy la tierra está en muy pocas manos. Y el Estado no tiene presencia territorial. Esta combinación explosiva autoriza a que sectores ilegales de la sociedad tengan mucho control territorial mediante extorsión y cooptación del campesinado y de las comunidades negras e indígenas del país.

Una de las promesas de los Acuerdos de Paz promovida por el gobierno de Santos para acabar con esta violencia estructural ha sido la devolución de tres millones de hectáreas al campesinado. Devolverle al pueblo el derecho al territorio. Petro está obsesionado con hacer cumplir esta promesa, que no es otra cosa que materializar la reforma agraria que nunca tuvo lugar en Colombia. No hay que olvidar que el origen de las guerrillas en Colombia se debe, como factor fundamental, a la traición del Partido Liberal al campesinado y la posterior renuncia a hacer una verdadera reforma agraria. Las FARC, el M19, el ELN nacen como intento de forzar al Estado oligárquico colombiano a impulsar esa reforma.

Volviendo al punto al que quiero llegar: a través del Plan de Desarrollo que estuvo diseñando el exministro de Hacienda, Petro buscaba materializar esta reforma agraria mediante dos puntos que se encontraban en el mismo plan: 1) una sentencia de la Corte Constitucional que obliga al estado colombiano a darle los terrenos baldíos a los campesinos y 2) otra que permitía una negociación con los latifundistas para que el Estado les compre tierras y se las entregue a los campesinos.

Misteriosamente, la Comisión de Economía del Congreso, mientras estaba debatiendo este Plan de Desarrollo, decide retirar estas dos medidas. Es decir, quita estos dos instrumentos legales con los que el gobierno de Petro podía llevar a cabo una reforma agraria que garantice al pueblo el derecho a la propiedad de la tierra. Y esto tiene consecuencias nefastas, porque no deja a Petro otra alternativa más que la expropiación de la tierra para cumplir con este punto de los Acuerdos de Paz.

Esta es la típica trampa del liberalismo conservador en Colombia: por un lado, dice que sí a los acuerdos; por otro, crea las condiciones jurídicas para que no se materialicen. La derecha en Colombia es directa y sincera: dice no a los acuerdos y defiende el latifundio y la economía extractiva del narcotráfico. Pero el liberalismo es mucho más perverso, porque dice sí a los acuerdos y ayuda a construirlos, pero luego pone todas las trabas que están a su alcance para que el pueblo no se empodere ni se vuelva un sujeto real de derechos.

Esto es lo que llevó a Petro a tomar la decisión de remover a su gabinete. Sobre todo, porque el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Hacienda permitieron —no digo de manera voluntaria pero sí quizá por descuido— que desaparecieran del Plan de Desarrollo estas dos medidas fundamentales en Colombia. Y ese es el detonante, junto con los obstáculos que está poniendo el liberalismo conservador a las reformas, que obligó a Petro a romper el Pacto con partidos tradicionales del país. O mejor dicho: fueron esos partidos los que rompieron el pacto, porque se declararon en oposición a las reformas y porque hicieron desaparecer dos puntos fundamentales del plan de desarrollo.

NA

En términos generales, ¿cómo evaluarías este primer período del gobierno de Petro? En materia política, ¿crees que su proyecto de transformación se ha fortalecido en estos siete meses en el poder?

LC

Petro es muy consciente de que ganó las elecciones gracias a la movilización popular en las calles. Y también sabe que necesita una sociedad movilizada y organizada para poder implementar los cambios. Creo que dentro del paraguas de la «paz total» hay cuatro ejes prioritarios para transformar Colombia: presencia estatal en los territorios, ampliación de derechos, democratización del poder popular y descarbonización de la economía.

En esa dirección, el gobierno tiene muy en claro que ha sido la ausencia del Estado lo que permitió la expansión del crimen organizado y los desplazamientos forzados a lo largo del país. No sirve de nada hacer reformas institucionales si no puedes llegar a los territorios y garantizar esos nuevos derechos. Y, menos aún, deshacer el vínculo perverso entre economía fósil, crimen organizado y capitalismo.

Todos estos ejes se están convirtiendo en políticas públicas e, incluso, están comenzando a tener efectos importantes dentro de la sociedad que repercuten en la vida de millones de personas. Quizá de todos ellos el que más repercusión mediática tiene sea el de ampliación de derechos, a través de la batería de reformas que ha impulsado el gobierno de Petro. Aunque la que más revuelo está generando sin dudas es la reforma de la salud por el tipo de apuesta radical que implica: sacarle el manejo de los recursos a las mafias de la salud. Pero junto a ella contamos con la reforma tributaria (ya aprobada), la reforma política (que se cayó), la reforma laboral, la reforma pensional y, muy probablemente, esté próxima también una reforma en la educación.

NA

Volviendo atrás, ¿cómo se alteró la situación nacional y la agenda nacional con el triunfo del Pacto Histórico?

LC

Con el triunfo del Pacto Histórico entra en escena un nuevo actor político que había sido sistemáticamente expulsado y estigmatizado de la vida institucional: los sectores populares campesinos, indígenas y negros. Yo creo que todavía no se tiene demasiada conciencia de lo que eso implica, pero es la primera vez en la historia de la vida republicana que los sectores populares lideran un proyecto de gobierno en Colombia. Por eso la minga indígena salió a respaldar todas las reformas impulsadas por el Pacto Histórico.

Esto, en sí mismo, ya implica una alteración de la situación nacional, tan acostumbrada a gobernar el país mediante pactos de élites. También implica un freno de mano a la lógica securitaria del uribismo y a los índices de violencia que había alcanzado con el gobierno de Duque. La persecución y asesinato de líderes sociales ha bajado notablemente; ante los conflictos sociales se observa una actitud de diálogo, negociación y no represión por parte del gobierno.

Finalmente, los sectores y territorios históricamente postergados están siendo escuchados y existe un conjunto de políticas públicas (infraestructura, carreteras, universidades, hospitales, comedores escolares, etc.) de fuerte presencia estatal que buscan revertir la violencia estructural de los territorios.

NA

¿Tienes la sensación de que la base de apoyo social con que contaba Petro para ganar las elecciones se ha ampliado, achicado o mantenido igual en estos meses?

LC

Me parece que la base de apoyo social se mantiene, a pesar del rol que están teniendo ciertos conglomerados mediáticos para desprestigiar al gobierno. De todas formas, no se trata de una estrategia nueva: llevamos más de dos décadas observando cómo determinados intereses económicos usan a los medios de comunicación como instrumentos de poder y configuración del sentido común colectivo. Yo creo que Petro, en ese sentido, está en mejores condiciones para sortear eso.

NA

Se han visto avances y reveses en la agenda progresista de Petro en los últimos meses en términos de salud, de la matriz industrial y energética, tributaria, entre otras. ¿Cuáles son los hitos legislativos y políticos que debemos tener en cuenta para seguir los pasos adelante del gobierno y cuáles —como la derrota reciente de la reforma política— representan las dificultades que el gobierno enfrenta para cumplir con su agenda?

LC

Si bien ya hice alguna alusión a las reformas propuestas por Petro, me parece oportuno entender a todas ellas como un eje dentro de una agenda mucho más grande. Y, por otro lado, creo que la reforma tributaria fue un hito legislativo que le dio luz verde para empezar a gobernar. Sin esa reforma hubiera sido muy difícil garantizar gobernabilidad. Pensemos, por ejemplo, en las dificultades que está teniendo Boric tras la derrota de su reforma tributaria…

Pero volviendo a Colombia, creo que es muy importante estar atentos a la evolución de todas las reformas que se han propuesto. Será un termómetro para medir el pulso del gobierno, pero también del país. ¿Qué papel tendrá la sociedad ante estos cambios? ¿Se comprometerá o asumirá un rol pasivo? Creo que no será nada fácil aprobar todas estas reformas pero, al mismo tiempo, es urgente proponerlas, debatirlas y aprobarlas. Sin esas reformas Colombia seguirá careciendo de los derechos fundamentales que cualquier sociedad necesita para democratizarse y determinar su propio porvenir.

NA

Y el proyecto de «paz total», ¿cómo avanza?

LC

Los índices de violencia y asesinatos han bajado notablemente. Comenzaron, aunque con cierta dificultad, las negociaciones con el ELN. Las políticas públicas del gobierno apuntan a tener mayor presencia territorial de cara a combatir al crimen organizado. Y, al mismo tiempo, apunta a darle poder de autoorganización a las comunidades para controlar la violencia territorial.

Pero para que la «paz total» pueda sostenerse en el tiempo es necesario que se aprueben las reformas, ya que —como vengo insistiendo— el origen de la violencia en Colombia es resultado de las grandes desigualdades sociales y de la falta de oportunidades. Considero que la «paz total» es una especie de ideal regulativo que no podrá concretarse en siete meses ni en cuatro años.

Colombia lleva muchas décadas de una violencia que ha permeado en las diferentes capas de la vida social. Es decir, en la economía, en la política y en las instituciones, pero también en la vida afectiva, en los lazos sociales y en la forma de vivir junto a los otros. Esto requiere, a mi entender, una transformación muy profunda, del «alma» del país. Y a pesar de la cautela con la que me refiero a este proceso, sí considero que el gobierno expresa una clara voluntad de dar los primeros pasos para promover esa transformación social de gran calado.

Colombia y Venezuela son países limítrofes y comparten miles de kilómetros de frontera. La ruptura que llevó a cabo Iván Duque era un total despropósito… Tanto, que ni el gobierno fascista de Bolsonaro se animó a secundarla. La reanudación de las relaciones diplomáticas era urgente, y Colombia y Venezuela lo hicieron con inteligencia y diplomacia.

Creo que para la democratización de la región y para destrabar el atolladero en que se encuentra Venezuela era muy importante el rol diplomático que asumió Colombia. Algo muy parecido a lo que hizo con Nicaragua. En ese sentido, estoy convencida de que Colombia se está vinculando y posicionando en la región de manera inteligente y propositiva. Más aún, hace pocos días Colombia lideró una reunión continental para destrabar la situación en Venezuela y se contó con la presencia de líderes políticos de Estados Unidos, Chile, México y Argentina, entre otros.

NA

La derecha tradicional, que gobernó durante dos décadas en Colombia, ¿ha dado señales de estar reagrupándose o acomodándose al nuevo escenario?

LC

Está sucediendo algo curioso en ese sentido. Uribe y Petro tienen una relación relativamente buena, en el sentido de que Uribe no se ha vuelto el principal oponente de Petro. Y, por esa razón, a la derecha uribista le ha salido una derecha más radicalizada, al estilo de Milei en Argentina. Me refiero, por ejemplo, a María Fernanda Cabal o Paloma Valencia, dos herederas del uribismo que están tratando de configurar un clima destituyente aunque sin mucho éxito todavía.

A diferencia de Argentina, Ecuador o Brasil, donde la derecha tuvo varias décadas para organizarse y ensayar una nueva estrategia para disputar el poder, el triunfo sorpresivo de Petro y Márquez en Colombia, todavía tiene a la derecha desorientada y desarticulada. No subestimo en absoluto la capacidad de la derecha colombiana. Solo digo que aún no han podido rearmarse. Algo muy parecido le sucede al «centro» que expresan Fajardo o Humberto de la Calle: tampoco saben muy bien qué lugar ocupar ni cómo posicionarse ante este gobierno del cambio.

^{jacobinlat - 6 de mayo de 2023}