Las rectoras y los rectores de las universidades públicas argentinas, reunidos en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), queremos manifestar con claridad que la situación económica financiera que atraviesa el sistema universitario público es grave y que necesita urgente respuesta por partes de los poderes del Estado nacional.

Las universidades nacionales hemos dialogado con distintos representantes de Poder Ejecutivo en estos primeros cien días de gobierno y planteamos en detalle la compleja situación del sistema. Hemos aprobado una declaración en febrero en la que expresábamos nuestra preocupación por la falta de acuerdos paritarias en desmedro del poder adquisitivo de nuestros trabajadores, por el deterioro del sistema científico, tecnológico y de innovación; las suspensión total de obras de infraestructura científica y universitaria en ejecución; la abrumadora falta de actualización de los gastos de funcionamiento y la no renovación del los sistemas nacionales de becas. Con solo nombrar esas dificultades que afrontamos podemos sintetizar la profundidad de la crisis. A ello sumamos nuestra preocupación por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

La sociedad argentina tiene una alta valoración de sus universidades públicas a lo largo y a lo ancho del país, no solo por su tarea de formación de hombres, mujeres, diversidades y personas con discapacidad integras con alta capacidad profesional, sino también por su tarea en la construcción del conocimiento, por la transferencia al mundo de la producción y del trabajo, a la sociedad en general, por las tareas de extensión y la solidaridad con los sectores más postergados.

Hoy es necesario que la sociedad en general y la comunidad universitaria en particular nos acompañen en nuestro reclamo. Se trata de la defensa de la sociedad argentina en su conjunto, que sí quiere resolver sus problemas estructurales, debe priorizar la educación pública que nos iguala y hace libres, la formación universitaria de excelencia y la inversión en ciencia y tecnología y, consecuentemente, jerarquizar su asignación presupuestaria.

Defendemos el derecho de las y los jóvenes de acceder, según su deseo y vocación, a la educación pública superior de excelencia, no arancelada y con ingreso libre. Un sistema abierto que promueve la movilidad social y las transformaciones de nuestras comunidades, del que nuestras y nuestros graduados son su mejor expresión.

Reclamamos que cualquier acuerdo que se promueva a nivel nacional priorice como central la cuestión educativa.

Convocamos a una gran demostración nacional el próximo 23 de abril, a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires, en defensa de la educación y del sistema universitario público argentino. En conjunto con las representaciones docentes, nodocente y estudiantiles. Toda la comunidad universitaria, toda la sociedad, porque el futuro está en juego. Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación.