América Latina se encuentra en una encrucijada. El camino a seguir como región (para bien o para mal) no está definido, sino que se encuentra en disputa. En un extremo se ubica la opción distópica de avanzar en la necropolítica y la consolidación del narco-neoliberalismo autoritario. En el otro —quizás una vía más utópica hoy que en cualquier otro momento—, el ingreso en una segunda ola de gobiernos progresistas que sean capaces de retomar la senda de la construcción de la sociedad del buen vivir, del vivir «sabroso» y plenamente.

Contra la postura de la ciencia política tradicional, que suele estudiar la democracia a través de sus reglas formales, lo urgente hoy es indagar en la economía política de la democracia, es decir, en la configuración de las opciones materiales que nuestros pueblos tienen y buscan para decidir sobre las múltiples alternativas de convivencia social. Porque es claro que en el neoliberalismo autoritario la salida es individual: no hay proyectos colectivos, como así tampoco porvenires compartidos. La posibilidad de vivir juntos reside en la otra vía.

A nivel geopolítico estamos siendo testigos de una crisis hegemónica que, anudada a la crisis del capitalismo, hunde sus raíces tan profundo que hasta el matrimonio entre el neoliberalismo y la democracia representativa, otrora tan fructífero, se vuelva cada vez más insostenible. Al igual que en los setentas, pareciera que entramos hoy en un ciclo perverso de recesión económica, hiperconcentración de la riqueza social y asedio a las democracias.

En este contexto, la democracia se transforma en un obstáculo para el capitalismo. Es más: quizás la mejor estrategia para frenar la profundización extrema del neoliberalismo hoy sea la democracia. Pero no la democracia liberal. O, mejor dicho, no solamente la democracia electoral. Nos referimos a una democracia sustantiva, aquella relacionada con generar las condiciones materiales de igualdad para que todos y todas podamos decidir libre y soberanamente qué futuro queremos vivir.

Porque el capitalismo no se queda quieto. En ese sentido, es muy «ecológico»: se recicla, se reproduce y sobrevive, así sea a costa de multiplicar la muerte. En momentos como los actuales, de transición, intenta recuperar sus ganancias a través de nuevas formas rentistas de explotación y alienación de las grandes mayorías.

La región de las venas abiertas

Las economías del Sur global lo viven con sus propias particularidades. En la región, la crisis y su transición se expresa en precarización de la fuerza de trabajo. Los procesos de desindustrialización aumentan el ejército de reserva, al que se le presentan cuatro opciones: convertirse en un autoexplotado, integrando el grupo de trabajadores expropiados de su tiempo a través de las plataformas digitales o el trabajo comercial o de servicios ambulante, pasar a formar parte del grupo explotado por el modelo de exportación de fuerza laboral incorpóreo en los pseudoprocesos de industrialización (maquilas) que llegan con buena parte de la inversión extranjera directa, transformarse en trabajador de la industria del narcotráfico o directamente migrar.

Estas opciones, claro está, no se presentan en soledad. Vienen siempre acompañadas de un incremento del tiempo dedicado a los cuidados como medio de ahorrar recursos del capital y como consecuencia del deterioro de los derechos sociales como la salud y del incremento de la pobreza, incluso teniendo un empleo formal asalariado; el salario ya no garantiza escapar a la precariedad.

Pero los ciudadanos de esta parte del mundo no se quedan quietos, y resisten de maneras creativas. Una mirada estructuralista y determinista diría que el sistema configura las condiciones de nuestros pueblos, y difícilmente se pueda hacer algo para cambiarlas. Eso es un error. La ideología importa, y probablemente sea la mejor política anticíclica con que cuenta la región. En efecto, resulta evidente que existe una clara diferencia en la economía política redistributiva dependiendo si el signo de gobierno es neoliberal o popular-nacional. Los primeros tienen patrones de comportamiento procíclicos: siguiendo el sentido de la economía mundial, reproducen la desigualdad y concentran los recursos en el 1% más rico en detrimento de las grandes mayorías. La diferencia con los gobiernos progresistas o de izquierda en este aspecto es rotunda: en las dos primeras décadas del milenio, estos han generado patrones igualadores a favor de las grandes mayorías y en detrimento de la élite.

Ahora bien, los gobiernos progresistas no han sido del todo homogéneos. Sirviéndonos de una metáfora futbolística, podríamos dividirlos en dos tiempos este nuevo milenio. Así, mientras los gobiernos del primer tiempo (Evo Morales, Cristina Fernández, Rafael Correa, etc.) generaron procesos redistributivos mucho más radicales, los del segundo tiempo, más cercanos en el tiempo (Alberto Fernández, Gabriel Boric o Luis Arce), muestran mayor tibieza redistributiva.

Todo lo contrario sucede en los gobiernos de derecha, que juegan un segundo tiempo mucho más agresivo, concentrador y conservador, llegando a configurar en algunos casos una nueva estrategia, semilla de los protofascismos. Hoy pareciera que la estrategia más eficaz para profundizar el neoliberalismo pasa por el neoconservadurismo. Es claro que el neoliberalismo del siglo XXI no es igual que el del siglo XX.

Comenzando por el final, digamos que esa «tibieza» de los gobiernos progresistas genera las condiciones del retorno del neoliberalismo. O al menos colabora fuertemente a ello. Por poner un ejemplo, sería difícil que existiera Milei presidente sin el precedente que fue la gestión de Alberto Fernández. En igualdad de condiciones históricas, Claudia Scheinbaum obtuvo una victoria arrolladora en México y podrá continuar y radicalizar las políticas redistributivas impulsadas por Andrés Manuel López Obrador. El futuro de Chile y Bolivia, en esta clave, aunque aún está por verse, avizora altas probabilidades de retorno de la derecha al gobierno (“ojalá” una derecha «solo» neoliberal y no fascista).

Pero los gobiernos de la primera ola progresista tampoco estaban exentos de problemas. Es claro que —al menos por un tiempo— lograron frenar la tendencia del ciclo concentrador, erigiéndose como una barrera contra su avance. Luego de la crisis mundial de 2008 (de la que el mundo todavía no se recupera), América Latina vivió momentos de distribución económica y ampliación de derechos sociales. No obstante, «primero los pobres» no es suficiente. Si bien fueron experiencias que, en su mayoría, lograron reducir la pobreza, casi ninguna mostró voluntad política para transformar la composición del pastel. 

Que únicamente cuatro países (Argentina, Ecuador, Uruguay y Cuba) y solamente en ciertos años hayan podido alcanzar el objetivo de que el 50% más pobre de la población supere en ingresos al 1% más rico debería decirnos algo. Más todavía si tenemos en cuenta que, en estos mismos casos, las clases medias sí lograron incrementar su porción del pastel (y, paradójicamente, luego son estas mismas clases las que favorecen el ascenso de unas derechas que no las benefician). A diferencia de aquellas miradas que explican la emergencia de los protofascismos centrándose en el análisis de los medios de comunicación y las redes sociales, hemos venido sosteniendo que lo decisivo pasa por entender la producción de subjetividad como parte de la reproducción de la vida material.

En este nuevo contexto, Colombia viene mostrando innovaciones políticas significativas que pueden servir como insumo para la discusión programática en los demás países de la región.

Libertad, igualdad y democracia

El primer tiempo del progresismo latinoamericano no solo fue antineoliberal. Algunos países, como Ecuador o Bolivia, plantearon alternativas al desarrollo buscando construir, a través de sus procesos constituyentes, pactos de convivencia social con propuestas superadoras al capitalismo. La sociedad del buen vivir, del vivir pleno, del sumak kawsay, del alli kausay, tocaban las fibras más profundas del sistema capitalista. Los derechos de la naturaleza, un modelo económico social y solidario, Estados plurinacionales e interculturales, ciudadanías universales y una democracia participativa, deliberativa y comunitaria fueron algunos de los elementos que emergieron de un general intellect en busca de otros mundos posibles.

Como bien señala mi amiga Luciana Cadahia, los proyectos neoliberales en alianza con la democracia liberal retrocedieron en términos de igualdad en nombre de la libertad y la eficiencia (de mercado). Y una vez sacrificada la igualdad de la ecuación democrática, asistimos a una nueva metamorfosis en la que, en nombre de la libertad, se busca prescindir de la propia democracia. En el siglo XXI, los golpes de Estado se abren camino a través de las mismas instituciones democráticas.

Esto nos conduce a un punto nodal para el debate programático regional: recuperar los valores de la igualdad y la libertad implica pensar un proyecto que cargue de sentido (de otro sentido) a ambas nociones. El debate público actual parece reservar la libertad exclusivamente para la derecha, dejando una desprestigiada igualdad en manos de la izquierda. El discurso meritocrático y de la libertad como no interferencia, al despreciar a la igualdad como homogeneizadora, la convierte en algo no deseado socialmente.

Un repaso por la primera ola de gobiernos progresistas nos exige ser más finos no solo cuando hablamos de igualdad, sino —y sobre todo— cuando implementamos políticas materiales que buscan disminuir brechas indignas. Aquellos gobiernos trabajaron mucho sobre la redistribución (secundaria del ingreso) como mecanismo de reducción de distancias sociales y económicas. Pero los procesos redistributivos dentro de la misma lógica capitalista no parecen generar sentidos contrahegemónicos sino prohegemónicos. Así lo ha demostrado la «paradoja del bienestar objetivo, malestar subjetivo» (Ramírez, 2016), que afecta sobre todo a las clases medias. Es claro que no es lo mismo redistribuir a partir de impuestos que distribuir en el momento en que se genera la riqueza.

El proceso de igualdad emancipadora es aquel que rompe con las relaciones de poder: capital vs. trabajo, hombre vs. mujer y diversidades, blanco vs. indígena o afro, nativo vs. migrante, etc. En otras palabras, la igualdad que vale la pena recuperar es la igualdad democrática, en tanto implica necesariamente una libertad emancipadora (y no ficticia, como la que persigue aquella que asocia la libertad a la revelación de las preferencias en el mercado).

Los libertarios no defienden la libertad de los seres humanos ni la soberanía de los pueblos, sino la libertad de los mercados y la autorregulación de los mismos. ¡Eso no es libertad! En la tercera década del nuevo milenio, la narrativa más seductora parece recaer en los discursos de la derecha que se basan en la recuperación de identidades que confrontan con otro u otra que resulta enemigo. Y las estrategias de negación de ese otro/a son armas poderosas para implementar políticas neoliberales y autoritarias de viejo cuño.

En este contexto, el progresismo ha quedado varado en un discurso que no termina de interpelar a la ciudadanía porque —entre otras razones— las personas tienen en su memoria más reciente los fracasos de los gobiernos del segundo tiempo, tibios en momentos pandémicos que requerían y justificaban radicalidad (esto, por supuesto, de la mano de estrategias comunicacionales que responden a grandes grupos económicos, no solo locales sino regionales y globales).

Narco-neoliberalismo autoritario o defensa de la vida

Es en este estado de cosas que el planteo del Pacto Histórico liderado por Gustavo Petro adquiere particular relevancia. Colombia, un país que históricamente ha sido gobernado por fuerzas neoliberales, exhibe una característica particular que representa el presente y el futuro de muchos países de la región. Nos referimos al modelo de acumulación concentrador que cooptó la institucionalidad hasta configurar un verdadero narcoestado. La nueva geopolítica de la droga que cambia su eje en el momento que entra el fentanilo en el mercado de Estados Unidos, generando un «efecto derrame» que está haciendo metástasis en toda la región. A partir de esta transformación, el eje del narcotráfico abandona el corredor Colombia-México y se traslada al sur de la región. El pasado de Colombia es ya el presente (y puede ser el futuro) de la mayoría de países de la región.

La expansión del narcotráfico es producto de una sociedad latifundista que pacta con el crimen organizado. Esto no es diferente a lo que sucede en la región. En América Latina, el narcocapitalismo decanta hacia el lado de la producción. Tal producción se concreta en los territorios de cultivo y distribución. Para movilidad de la mercancía se requiere cooptar los círculos del tránsito del producto, en donde el Estado entra a jugar un rol estratégico tanto desde el punto de vista logístico como del relacionado con la seguridad y la regulación financiera. Es un Estado comprado. Por lo tanto, privatizado.

La hegemonía uribista se construyó a través del paramilitarismo, el narcotráfico, el crimen organizado y el narcoestado. La vía propuesta por el Pacto Histórico es una reforma agraria y de desarrollo integral del campo que empodere a las organizaciones populares, indígenas, negras, campesinas. El Plan Nacional de Desarrollo del Pacto Histórico 2022-2026, «Colombia Potencia Mundial de la Vida», inscribe la comprensión de la tierra como eje fundamental de la transformación de la sociedad.

Lo relevante de la propuesta del Pacto Histórico es su intención de implementar políticas estructurales para dar batalla al narco-neoliberalismo autoritario. El gobierno de Petro no plantea únicamente procesos redistributivos o de expansión de derechos, sino también una propuesta innovadora de gobierno que articula o pone en el centro la paz y la vida. El cambio paradigmático que propone, así, pasa por poner en el centro del modelo de acumulación la democracia de la paz y de la vida, dando la disputa a través del nudo ciego de América Latina y el Caribe: la tierra y los recursos naturales. La base de su modelo democrático y de superación del narco-neoliberalismo es la triada «paz, territorio y vida».

Esto se ubica claramente en las antípodas de la estrategia de Nayib Bukele para combatir la violencia, en la que la violación sistemática de los derechos humanos es moneda corriente. En Colombia, por el contrario, Petro propone poner en el centro del debate la redistribución de la tierra como eje central para conquistar la paz y salir de la necrodemocracia. Cuando habla de tierra, el proyecto del Pacto Histórico habla de territorio, medio ambiente y soberanía alimentaria, elementos que se reúnen en el reordenamiento espacial del agua. No hay que tener muchas luces para reconocer que se necesitan reformas estructurales en el campo de la justicia y la seguridad, pero tampoco hay que pecar de ingenuos y creer que esta es la vía estructural de combatir el crimen organizado.

Para contrarrestar el modelo de desarrollo primario-exportador, Petro pone sobre la mesa —al menos como horizonte de sentido— la necesidad de superar el extractivismo. Tal planteamiento resulta nodal en momentos como el actual, cuando proliferan procesos extractivistas en los que grandes corporaciones internacionales están a la caza de territorios con nuevos recursos naturales como el litio y las tierras raras. La transición energética, tal como está siendo planteada, es hiperintensiva en recursos naturales, de la misma forma que sucede con el capitalismo digital: la virtualidad, a fin de cuentas, requiere de más presencialidad.

Aquí surge un nuevo nudo a desatar si se quiere transitar por la ruta utópica de garantizar el derecho a la democracia y la vida. Los grandes capitalistas mundiales, como Elon Musk, no tienen empacho en reivindicar el golpe de Estado en Bolivia señalando su complicidad: «¡Le vamos a dar un golpe a quien queramos!». La disputa de los recursos naturales de los megacapitalistas del mundo viene de la mano con el control de los territorios, el cercamiento de los recursos y el desplazamiento de la población producto de los circuitos crecientes del narcotráfico. Uno de los orígenes más significativos de la desigualdad es la concentración de la tierra. Y uno de los orígenes del narco-neoliberalismo es el control de los territorios. La histórica deuda de romper con las diferencias indignas de riqueza que viven nuestros pueblos y la búsqueda de la paz social comenzará a saldarse a partir de la democratización de la tierra, el agua y la vida.

Un Pacto Histórico para América Latina: paz y vida

Así, la propuesta para Colombia trasciende su propia espacialidad para colocarse como prioridad de una agenda geopolítica que cambie la lógica de la ética de la acumulación a partir de la destrucción de las vidas humanas y no humanas. Si no hay demanda, no hay producción; si no hay consumo de droga, no hay producción de droga. La guerra contra las drogas no debe darse en las selvas amazónicas o los territorios de nuestro continente, en donde conlleva ecocidios y muertes violentas evitables. El problema no está en el Sur global, sino en el consumo de los ciudadanos del Norte. Gustavo Petro lo explicó con mucha claridad en su discurso en Naciones Unidas en septiembre de 2022:

La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Han aumentado los consumos mortales, de drogas suaves se ha pasado a las más duras, se ha producido un genocidio en mi continente y en mi país, han condenado a la cárcel a millones de personas… para ocultar sus propias culpas sociales le han echado la culpa a la selva y sus plantas. Han llenado de sinrazón los discursos y las políticas […] Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, necesita que todos construyamos una mejor sociedad: una sociedad más solidaria, más afectuosa, donde la intensidad de la vida salve de adicciones y nuevas esclavitudes. ¿Quieren menos drogas? Piensen en menos ganancias y en más amores. Piensen en un ejercicio racional del poder.

Superar la lógica del capital es poner por delante la vida. El proyecto político del Pacto Histórico llega en un momento crucial para alimentar los imaginarios emancipatorios. Resalta que el florecimiento de la vida está asociado a la justicia social y que no será posible sin un cambio en la matriz de acumulación que ponga en el centro la vida y la paz a través de aquello que es la garantía básica de la reproducción humana y de la naturaleza: la tierra y el agua.

En la superación del pasado de Colombia, en buena medida, reside la posibilidad de superación del presente y de un futuro que busca instalar el narco-neoliberalismo autoritario en la región. La lucha contra la inseguridad es estructural, no epidérmica. El proyecto político del Pacto Histórico pone el dedo en la llaga de bifurcaciones históricas: o autoritarismos para la muerte o democracia para la vida, o acumulación para la guerra u organización productiva para la paz. En Colombia se juega buena parte del futuro de América Latina.

^{Fuente: JacobinLat - Julio 2024}