Fue a Davos a presentarse al mundo en el Foro Económico Mundial. A Israel e Italia a afianzar su posición internacional. A Washington a encontrarse con Donald Trump, a Texas para reunirse con Elon Musk en su fábrica de Tesla, y a Los Ángeles para cruzar apretones de manos con los pesos pesados de Silicon Valley. Y acabó en Madrid para cerrar filas con VOX. Los seis primeros viajes de Javier Milei tras ganar las elecciones argentinas fueron toda una declaración de intenciones, no solo política e ideológica, sino también económica. Más allá de gestos retóricos y aspavientos políticos, el mandatario tiene una agenda clara: abrir las puertas de Argentina a la inversión extranjera a cualquier coste.

De forma paralela a sus viajes por el globo, el gobierno nacido de las elecciones de octubre y noviembre de 2023 ha puesto en marcha una gran cantidad de reformas legislativas con el mismo objetivo, algunas de ellas con serias implicaciones medioambientales. El primer gran paquete normativo, bautizado como la Ley Ómnibus, buscó derogar la Ley de Protección de Bosques Nativos y la Ley de Protección de Glaciares, aunque finalmente ambas reformas se cayeron de la propuesta tras las fuertes presiones internas y externas (incluyendo una advertencia de varios relatores de derechos humanos de la ONU).

Lo que sí ha terminado sacando adelante el nuevo Gobierno de ultraderecha fue una reforma de la Ley de Tierras –que ya no limita la posesión de tierras por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras– y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que pone en riesgo la soberanía medioambiental y social de las provincias argentinas. “Milei ve las normas ambientales, laborales o de derechos humanos como un impedimento a las inversiones y al desarrollo”, explica Pia Marchegiani, directora de política ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

En medio de la agenda reformista del Gobierno de Milei, hay un recurso estratégico que brilla por encima del resto y que nos lleva de vuelta a Silicon Valley y al despacho de Elon Musk y otros muchos magnates tecnológicos: el litio.

¿Quién quiere el litio de Argentina?

Chile, Bolivia y Argentina forman los tres vértices del triángulo del litio, una región que concentra alrededor de la mitad de las reservas conocidas de este metal en todo el mundo, según datos del servicio geológico de Estados Unidos. Además, son reservas de alta calidad y fácil acceso, ya que el litio está disuelto en salmueras, aguas con alta concentración de sal características de los salares andinos. De hecho, una estimación de la Universidad Nacional de La Plata señala que el triángulo concentra el 85% de las reservas de litio de fácil extracción del planeta. En Argentina, estas reservas se concentran en las provincias de Catamarca (Salar de Hombre Muerto, Salar de Antofalla), Salta (Salar del Rincón) y Jujuy (Salar de Olaroz, Salar de Cauchari).

El litio no es un metal especialmente escaso en la corteza terrestre, pero su demanda se ha disparado en los últimos años alimentada, sobre todo, por la creciente industria de las baterías para tecnologías digitales y para movilidad eléctrica. La Agencia Internacional de la Energía calcula que la demanda mundial de este metal relacionada con la transición energética pasó de 200.000 toneladas en 2021 a 325.000 el año pasado, y crecerá hasta 2,5 millones de toneladas en 2040. Ante este escenario, Argentina –que es el cuarto productor a nivel mundial– hace tiempo que tiene el objetivo de multiplicar su actividad extractiva. Y lo quiere hacer, en gran medida, de la mano del capital extranjero.

“Ya antes de la llegada de Javier Milei, Argentina tenía una legislación muy permisiva con el capital extranjero, ponía pocos límites y obtenía muy pocos beneficios para el fisco y las comunidades a cambio de la extracción de las materias primas casi sin restricciones”, señala Ernesto Picco, investigador de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y autor del libro Crónicas del Litio: Sudamérica en disputa por el futuro de la energía global. Pia Marchegiani coincide en este diagnóstico y señala que existen más de 40 proyectos mineros en diferentes fases de tramitación apoyados por gigantes de la industria automovilística, de los combustibles fósiles y de los componentes electrónicos de Estados Unidos, Europa, China, Japón y Australia.

De acuerdo con la directiva de FARN, muchos nombres nos suenan a todos: Tesla, Toyota, Volkswagen, BMW, LG, Samsung o BP. Otros, como CATL o ByD, los dos grandes fabricantes chinos de baterías, son menos conocidos, pero no por ello menos importantes. “Hablando en concreto de Elon Musk, hace tiempo que tiene puesta la mira en los recursos de la región para las baterías de sus Tesla”, añade Picco. “De hecho ya tiene negociaciones con empresas que operan en Argentina, como la china Ganfeng o la estadounidense Livent. Y ahora claramente le beneficia tener un presidente que va a darle prioridad a las empresas extranjeras sobre los habitantes del territorio”.

De hecho, Musk ha sido el magnate que más explícito ha sido con su apoyo a Javier Milei, tanto antes de las elecciones como después. Lo ha hecho, como acostumbra, a través de X (que antes de que la comprara se llamaba Twitter), con mensajes tan claros como “recomiendo invertir en Argentina”. “Musk y Milei son dos personas afines, no sé si por ideología política, pero desde luego sí a nivel de discurso y de armar polémica por redes sociales”, señala Marchegiani. “Más allá de esto, creo que uno tiene el interés comercial claro de vender el litio de Argentina y el otro de acceder a un recurso clave para sus estrategias empresariales”, añade.

^{Mina de litio Salar del Hombre Muerto, en Argentina. CC / Coordenação-Geral de Observação da Terra / INPE.}

El caso del Salar del Hombre Muerto: la ley frente al acuerdo social

Ubicado en el sur de la Puna de Atacama, el Salar del Hombre Muerto es uno de los depósitos de litio más importantes del mundo. Allí se empezó a extraer el metal en 1997. Desde ese mismo año, las comunidades indígenas que viven en la zona empezaron a constatar los daños evidentes que la minería y la falta de control medioambiental causaba sobre los ecosistemas, las fuentes de agua y sus modos de subsistencia. Tras más de dos décadas de luchas, amenazas y presiones de todo tipo, las comunidades lograron que el pasado marzo un tribunal argentino suspendiese la concesión de nuevos permisos de extracción en la zona.

“Las reformas legales que ha planteado Javier Milei y que se incluyen en gran medida en el RIGI licúan cualquier proceso de diálogo social y de consulta indígena y generan un marco de mayor criminalización y mayor conflicto”, señala Pia Marchegiani. “Esto, seguramente, no se traduzca a largo plazo en mayor estabilidad para los inversores, como muestra el caso del Salar del Hombre Muerto. Si uno no tiene en cuenta la demanda social y qué quieren las comunidades, se arriesga a que todos los proyectos y decisiones acaben siendo discutidas en el ámbito de la justicia”.

La desregulación para favorecer la minería de litio también está detrás del estallido social de la provincia argentina de Jujuy (donde se ubican el Salar de Olaroz y el Salar de Cauchari). La reforma de la Constitución de la provincia el año pasado para habilitar nuevas áreas de minería en el altiplano andino desató fuertes protestas entre las comunidades indígenas, que fueron reprimidas con violencia por las autoridades locales. La situación, con el nuevo contexto político, no parece que vaya a mejorar.

“El litio ya era un recurso clave antes de Milei. Estamos en un proceso de expansión de la producción que seguramente traerá muchos cambios en la región, y no todos serán buenos”, concluye Ernesto Picco. “Las nuevas leyes de Milei van un poco más allá y dejan a las comunidades locales y, en particular, a las indígenas en el último nivel de importancia frente al desarrollo y las inversiones. Es parte de la filosofía de este gobierno. Basta recordar las declaraciones de Milei durante la campaña donde decía que una empresa que invierte y produce tiene el derecho de contaminar un río todo lo que quiera”.

“Para mí, este debate tiene dos cuestiones centrales. Una es la de la demanda: ¿realmente es el camino para solucionar la crisis climática que todo el mundo en Norteamérica o en Europa tenga acceso a un coche eléctrico?”, reflexiona Pia Marchegiani. “La otra es la de la justicia norte-sur y la justicia con los pueblos indígenas. Hay países que han contribuido mucho más al problema y que ahora se están apropiando también de los recursos para las supuestas soluciones. Y las comunidades indígenas llevan siglos adaptadas a vivir en unos ecosistemas que cuidan y respetan y que ahora vamos a sacrificar para en teoría resolver el cambio climático. Creo que tenemos que repensar seriamente cómo vamos a salir de esta crisis”.

^{Fuente: Climática - Agosto 2024}