Esta semana se está desarrollando una nueva etapa del plan de lucha acordado por el Frente Gremial Universitario Nacional para enfrentar la política de ahogo presupuestario impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei.

La agenda del Frente Gremial planteó el no inicio del segundo semestre en las Universidades Nacionales públicas (UUNN) con una serie de paros y jornadas de visibilización los días 12, 13 y 14 de agosto, que son seguidas de un paro general universitario hoy martes 20 y mañana miércoles 21.

Estas acciones continúan la resistencia que incluyó la multitudinaria marcha del 23 de abril con más de 1 millón de personas en las calles de todo el país poniendo en la agenda pública de forma contundente el reclamo universitario. Cabe recordar que aquella movilización arrancó al gobierno un aumento del 270% en el rubro de gastos de funcionamiento que se encontraba congelado desde finales de 2023. Estos gastos permiten mantener abiertas las unidades académicas e incluyen los recursos para el pago de tarifas de luz y gas, compra de libros, materiales de limpieza, insumos de trabajo, mantenimiento de su infraestructura, financiamiento para becas, entre otros.

Salarios en caída libre

Sin embargo, a pesar de las acciones y reclamos realizados hasta ahora, en 7 meses de 2024, docentes y nodocentes perdieron un cuarto de su salario. Esto se da en un contexto de caída generalizada del poder adquisitivo de los ingresos del trabajo: las y los trabajadores formales del sector privado perdieron un 2% en lo que va del año, quienes trabajan en el Estado vieron caer sus ingresos un 10% en términos reales, y los universitarios un 24%, según estimaron desde el Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo -CETyD- de la UNSAM. El estudio indica que los salarios de quienes trabajan en las UUNN corren muy por detrás de la inflación: entre noviembre de 2023 y julio de 2024, los precios aumentaron 136 %, pero los salarios de docentes y nodocentes universitarios tan sólo lo hicieron en un 80 %. Esto implica que el crecimiento de los salarios nominales quedó 56 puntos porcentuales por debajo de la inflación en el período.

Como respuesta a estas demandas sectoriales, el Congreso Nacional se encuentra discutiendo un proyecto de “Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales”. El mismo recibió media sanción de la Cámara de Diputados el jueves 15 de agosto con 143 votos a favor, mientras que 77 diputados de La Libertad Avanza y el PRO votaron en contra. La norma establece una recomposición de los salarios docentes y nodocentes, tomando en cuenta la inflación acumulada desde diciembre de 2023 y hasta la fecha de puesta en vigencia de la Ley. A partir de allí, propone la actualización salarial según el índice inflacionario, en tanto y en cuanto no haya acuerdos en paritaria entre los sindicatos y el gobierno.

Política de desfinanciamiento sostenida

Como indicamos, las acciones de lucha del primer semestre forzaron al gobierno a incrementar las partidas presupuestarias de gastos de funcionamiento. Sin embargo, como señala la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto actual es el más bajo desde 2006. Por otra parte, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en los primeros 7 meses de 2024 las transferencias a las UUNN para gastos de funcionamiento cayeron un 35,4% (en términos reales) en comparación con igual período del 2023. Esta caída entorpece el desarrollo de las actividades cotidianas de docencia, investigación, extensión, administración y mantenimiento de las Universidades, reduciendo su capacidad para proveer una educación superior de calidad. El mismo informe indica que el gasto por estudiante es el más bajo desde el año 2004. En un contexto de precarización creciente de la vida, cada vez más estudiantes se ven forzados a abandonar sus estudios universitarios.

Sin paritarias a la vista, el ajuste continúa

La escalada del conflicto se produce en el marco de la decisión de la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación de suspender de hecho la negociación paritaria. En efecto, el 9 de agosto se convocó a trabajadoras y trabajadores nodocentes y docentes de las UUNN a una reunión en el Ministerio de Educación. La actitud oficial en ese encuentro fue simplemente presentar la decisión unilateral de aumentar los salarios de agosto y septiembre en 2% y 3%, respectivamente. Esa decisión no se puso en discusión, ya que los gremios no pudieron opinar o hacer una propuesta alternativa.

El aumento informado fue rechazado por el Frente Gremial Universitario Nacional por considerarlo insuficiente ya que no avanza en la recomposición del salario real perdido desde los inicios de la presente gestión y tampoco alcanza a equiparar la inflación proyectada para los próximos meses. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) estima que en agosto la inflación alcanzará el 3,8% y en septiembre el 3,7%, lo que significa que los salarios de docentes y nodocentes continuarán perdiendo poder de compra.

Mientras se niega a mejorar los salarios de las trabajadoras y trabajadores y el presupuesto en general de las UUNN, el gobierno ya anunció que vetará el proyecto de financiamiento universitario que cuenta con aprobación en Diputados, y espera la votación en el Senado de la Nación. El Poder Ejecutivo prioriza sostener el superávit fiscal a costa de desfinanciar la educación pública, al mismo tiempo que aumenta el gasto en los servicios de inteligencia (100 mil millones en gastos reservados -sin control ni auditoría- para la SIDE) y el pago de la deuda pública. Según la OPC, el gasto en intereses de la deuda pública es el único rubro que aumentó en términos reales en 2024 y es 4 veces mayor que el actual presupuesto universitario.

Seguir en la lucha, con la tarea pendiente de construir la unidad

Frente a esta perspectiva, el Frente Gremial evalúa la posibilidad de realizar una segunda marcha federal universitaria para la primera mitad de septiembre de 2024. Con el antecedente de la marcha de abril de este año, habrá que trabajar mucho para multiplicar la participación tanto de quienes habitan la universidad como de la comunidad en general.

A pesar de la crítica situación, continúa siendo compleja la movilización de los distintos sectores dentro de la comunidad universitaria y la articulación de las luchas con otros sectores. Si bien el ataque del gobierno de Milei es generalizado a las y los trabajadores, la fragmentación social conspira con la posibilidad de converger en acciones masivas y sostenidas. Las centrales sindicales como la CGT, CTA y UTEP demoran la convocatoria a otro paro general a pesar de la multiplicación de los despidos, la desarticulación y desfinanciamiento de políticas públicas esenciales, y el continúo deterioro de los niveles de ingreso.

En esta etapa es indispensable resolver el enorme desafío de amplificar la voz común en defensa de nuestros derechos colectivos, en particular -en este caso- de la educación superior como base para un proyecto de sociedad más justa e inclusiva.

^{Fuente: Tramas - Agosto 2024}