Durante las últimas décadas la agricultura familiar (integrada por chacareros, campesinos, pueblos originarios y otros sectores semejantes) ha venido debilitándose con distinto grado de intensidad, de acuerdo con las características de cada etapa económica y dados los diversos contextos de las políticas gubernamentales del momento. Algunas de estas últimas mitigaron, aunque de modo limitado, la permanente caída de su participación en la producción.

Tales hechos se encuadran, como es sabido, en los rasgos específicos del más amplio proceso de expansión capitalista agropecuaria en curso.

Asimismo, se expresan también en la reducción absoluta, en el incremento relativo y en la heterogeneización de los trabajadores asalariados agropecuarios de nuestro país (sean permanentes continuos/discontinuos o transitorios; se encuadren en relaciones formales o informales; o, cualesquiera sean los grados de su calificación).

En cuanto a la agricultura familiar, los Censos Nacionales Agropecuarios de 1988, 2002 y 2018 reflejan con claridad la desaparición de porcentajes importantes de su participación -tanto a nivel nacional y provincial como en los distintos rubros productivos- dando cuenta del incesante proceso de concentración y centralización de la producción agropecuaria.

En los más de tres lustros que van de 2002 a 2018, más allá de toda consideración acerca de la confiabilidad de los relevamientos, la cantidad total de explotaciones agropecuarias -en adelante, EAP- se redujo en un 25%. Su tamaño medio (entendiendo por tamaño a la superficie total en hectáreas), en cambio, se incrementó en un 16% (de 588 a 681 hectáreas).

Ante la ausencia de adecuados reprocesamientos que incluyan al censo nacional agropecuario de 2018 tomando en cuenta la heterogeneidad territorial y económica del agro de nuestro país y considerando el papel de la región pampeana en la política económica nacional (vía bienes-exportables y bienes-salariales) es válido circunscribirse a ella en este punto. Así, en 2018, dicha región mostraba que las explotaciones de hasta 500 hectáreas representaban ya un 75% de su cantidad y utilizaban un 20% de la superficie agropecuaria; mientras que las que tenían más de 2.500 hectáreas eran un 4% de la cantidad y detentaban el 38% de la superficie. Sin embargo, los estratos intermedios (500/2500 hectáreas) controlaban más del 20% de las EAP y más del 40% de la superficie.[1]

Los reprocesamientos, cuya referencia subyace en el párrafo precedente, son los que posibilitaron clasificar a las EAP relevadas en 2002 en familiares y empresariales y a estas, a su vez, en varios estratos. No hay, salvo excepciones, algo semejante para 2018.[2] A título ilustrativo, mencionemos al estudio sobre la evolución de las explotaciones familiares (EAPF) en la provincia de Mendoza entre los CNA de 2002 y 2018, tal como fueron definidas por IICA -PROINDER[3]; en él se indica que las EAP familiares se redujeron casi un 50%, mientras que el conjunto de las EAP no familiares aumentó en términos relativos y absolutos.[4]

En lo que respecta a los asalariados agropecuarios, son conocidos los procesos de intensificación expresados en las significativas -y, en algunas actividades, dramáticas- reducciones de los requerimientos laborales. No obstante, en concomitancia con el carácter señaladamente capitalista de la expansión agropecuaria de las últimas décadas, la proporción de los asalariados en la población económicamente activa ha venido incrementándose: 55% en 2001 y 61% en 2010. Ahora bien, en esas mismas fechas, el conjunto de los trabajadores familiares eran el 36% y 29%, respectivamente.

En suma, estamos ante procesos de acumulación y centralización del capital agrario que son hegemónicos, pero, coexisten con una estructura agraria heterogénea de manera que los sectores subalternos que la componen (agricultores familiares y asalariados agropecuarios) se encuentran en retroceso. Retomemos a estos sectores.

Panel de apertura y panel "La economía argentina y el sector agropecuario en la situación actual"

Es cierto que, durante las cuatro décadas de la democracia iniciada en 1983, la agricultura familiar ha transitado por diversos períodos. Así, por ejemplo, durante la década de los 90 del siglo pasado, la desregulación económica afectó fuertemente la institucionalidad de las principales cadenas agropecuarias en las cuales participaban los agricultores familiares.

No obstante, para mitigar o contener su fuerte retroceso, se desarrollaron algunos proyectos de Desarrollo Rural, como fueron el Programa Social Agropecuario, el Programa de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios, el programa “Pro-Huerta”, el Programa Cambio Rural, el programa para productores familiares PROFAM, entre otros, cuyos efectos, aprendizajes y cobertura posibilitaron, a posteriori, fortalecer una institucionalidad específica, aunque limitada, para la pequeña producción agropecuaria.

Es en este contexto que puede comprenderse en 2005 la creación en el INTA del “Centro de Investigación y Desarrollo para la Pequeña Agricultura Familiar” (CIPAF), la sanción en 2006 de la “Ley de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas” (N°26.160) -de trascendencia para las comunidades indígenas-, en 2008 la instauración de la “Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar” -convertida años después en Secretaría-, y en 2014 la “Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar” (N°27.118).

Este esfuerzo por fortalecer a la Agricultura Familiar se discontinuó a partir de los últimos años. No hubo avances significativos en los relevamientos técnicos, jurídicos y catastrales que establecía la ley para brindar solución a las situación dominial de las tierras de las comunidades indígenas, no fue reglamentada la ley de Agricultura Familiar hasta 2023, o se lo hizo de modo muy parcial, fue anulada la Secretaría de Agricultura Familiar y fue creado en su lugar el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que se estableció en la Jefatura de Gabinete y de este modo, se lo desvinculó del conjunto de la política agropecuaria.

No obstante, continuaban operando algunos programas muy importantes para los pequeños productores; como el “Pro Huerta” de amplia cobertura nacional para el desarrollo de sistemas de autoproducción de alimentos; o la red de asistencia técnica y protección a la Agricultura Familiar, por parte de los técnicos provinciales del Instituto Nacional de Agricultura Familiar; la Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales (DIPROSE) que incluía cierta asistencia en infraestructura en regiones, con presencia de agricultores familiares; el Programa Cambio Rural de SAGPYA/INTA sobre extensión rural y periurbana; el Programa para Productores Familiares (PROFAM) del INTA; entre otros.

Panel: "La situación de la agricultura familiar y los trabajadores rurales en la Argentina"

El actual gobierno, asumido en diciembre de 2023, inició su gestión con una fuerte devaluación de la moneda del 118%, además de la desregulación de tarifas y servicios y los incrementos en impuestos a la exportación, incluyendo productos de las economías regionales; todo ello sin atender a una política de diferenciación o segmentación por escala de producción.

De este modo, los/as agricultores/as familiares tuvieron que afrontar de inmediato, no solamente el encarecimiento del costo de vida familiar, sino que, además, en muchos casos vieron duplicarse sus deudas con Cooperativas y Acopios y afrontar un fuerte encarecimiento en el costo de los insumos -en momentos que su situación económica era muy débil luego del año de fuerte sequía-. Todo lo cual los dejó, en muchos casos, con deudas en los arrendamientos pasados, además de tener que asumir incrementos importantes en los nuevos alquileres de tierra.

Solamente para mencionar un ejemplo, vale citar a los cordones hortícolas periurbanos, en donde el encarecimiento de insumos y de los alquileres de parcelas, han producido una caída muy importante en la rentabilidad y la imposibilidad de afrontar tecnologías de producción forzada, como invernáculos. No es ajena esta situación al visible encarecimiento de frutas, verduras y hortalizas para el consumidor, a un nivel nunca antes registrado.

Los intentos reiterados, por parte del gobierno, de eliminación de Organismos Públicos y/o el debilitamiento de estos, produce efectos de desestabilización en la Agricultura Familiar. Se recordará que, por ejemplo, se mencionó al Banco Nación Argentina como una entidad a privatizar, siendo casi el único Banco que financia a buena parte de la agricultura familiar.

Lo mismo ocurre con el debilitamiento del SENASA o del INTI que, en muchas regiones, facilitaba la articulación de la producción primaria y la industrialización basada en la agricultura familiar.

El DNU 70/23 y la llamada “Ley Bases” recientemente promulgada constituyen un contexto estructural altamente peligroso para el devenir de la agricultura familiar; como ya ha empezado a efectivizarse. En efecto, los pequeños productores desde hace años están presionados por la especulación inmobiliaria, que puja por los terrenos de cultivo para crear barrios cerrados y desarrollos inmobiliarios y comerciales en las zonas periurbanas; se trata de una política que habilita la fuga de capitales, que reingresan al sistema económico formal a través de la construcción y el blanqueo de capitales. Cabe aclarar que si necesitan blanquearse es porque antes no cumplieron con los tributos correspondientes. Así, se vuelve casi imposible la resistencia de los productores de alimentos en sus predios. Más aún si la suba de los precios de los alimentos no es acompañada por la evolución de los salarios; lo cual conlleva el debilitamiento del consumo de frutas y verduras y concentra la dieta de los sectores populares en los hidratos de carbono y ultaprocesados de dudosa calidad.

A todo ello, hay que mencionar el agregado de los siguientes instrumentos de política que afectan y dañan específicamente a la agricultura familiar:

1. La eliminación del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. El despido de su personal dejó a las distintas provincias y regiones productivas sin el apoyo técnico, económico y de comercialización que se brindaba a los agricultores familiares.
2. La cancelación del Programa “Prohuerta” de INTA (el primer programa a nivel nacional para la producción y distribución de sistemas de autoproducción de alimentos) que tuvo un alcance extraordinario, llegando a aproximadamente cuatro millones de personas, entregando semillas, fomentando huertas familiares, escolares y comunitarias y la creación de granjas agroecológicas, entre otros, durante los 34 años de existencia.
3. El INTA, aunque no fue incluido en el DNU (*) 70/23 como institución a ser eliminada, está transitando también por serios problemas de recursos, dado que se financia con la prórroga presupuestaria de 2023 y puede ser sometido a procesos de reorganización institucional y jurídica, de acuerdo a lo que profesa la llamada “Ley Bases”. Además, de acuerdo con lo afirmado el mes pasado por APINTA, en la comunicación oficial del Organismo se estaría censurando la utilización de términos, que en realidad constituyen ejes de trabajo, como agroecología, sustentabilidad, género, cambio climático, entre otros, todos ellos muy trascendentes para la AF.
4. La intención de adhesión al Acta UPOV 91 contenida en la “Ley Bases” –aunque finalmente no aprobada en el Congreso- de concretarse en un futuro, restringiría las prácticas tradicionales que posibilitan reutilizar semillas protegidas por derechos de propiedad intelectual. Es decir, se restringiría el llamado derecho a “uso propio” de las semillas, afectando la subsistencia, en algunos casos, y/o la caída de rentabilidad, en otros, de la Agricultura Familiar. Esta nueva normativa no solamente tiene fuerte impacto a nivel de los chacareros de la región pampeana, sino también en actividades intensivas, como por ejemplo la horticultura y conllevaría, además, a la posible pérdida del derecho a uso propio en semillas criollas y nativas.
5. El gobierno nacional ha exteriorizado su interés en la eliminación de la regulación en las pocas cadenas agroproductivas en las cuales aún existe. Es el caso del Instituto Nacional de Yerba Mate, el Fondo Nacional Ganadero y la derogación de leyes que regulan las actividades vitivinícola y azucarera.
6. Se han eliminado “Fondos Fiduciarios” de interés para la Agricultura Familiar. Es el caso del “Fondo Fiduciario para la Recuperación de la actividad ovina (FRAO)” y el “Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria” (FONDAGRO), entre otros.
7. La aplicación de impuestos a las exportaciones industriales en general, va a impactar en algunas cadenas agroproductivas regionales, en las cuales la Agricultura Familiar es de importancia en cuanto a su participación.
8. La apertura indiscriminada de importaciones, potenciada por el retraso del tipo de cambio, afectará fuertemente a los agricultores familiares en cadenas intensivas. Ya se han registrado volúmenes importantes de importación en carne de cerdos, vinos, yerba mate, entre otros.
9. El debilitamiento de los agricultores familiares significa, entre otros, la transferencia de excedentes a eslabones de mayor poder económico en las cadenas, como el caso de la industria agroalimentaria. También puede observarse en la zona núcleo pampeana, la agudización de la concentración de la explotación de la tierra por parte de pools y fideicomisos, que ofertan mayores precios para alquileres de campos, desplazando del mercado de arrendamientos a pequeños y medianos productores y perjudicando a los contratistas de maquinaria que trabajan para ellos.
10. En el marco de la continua política de agresión a los sectores sociales subalternos, hay que mencionar que se ha presentado un proyecto para la derogación de la prórroga de entrega de tierras a comunidades indígenas, con el objetivo de derogar la ley de Emergencia en materia de Pueblos Originarios y también para modificar las facultades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas INAI.
11. La eliminación de la Dirección de Programas y proyectos sectoriales y especiales (DIPROSE), destinados a riego, electrificación, caminos, entre otros, es de suma importancia para la AF de las economías regionales.
12. La Reforma Laboral incluida en la Ley Bases facilita a los empleadores agropecuarios mayor flexibilidad para adaptarse a las fluctuaciones del mercado y otras, en tanto los trabajadores rurales se ven afectados en términos de estabilidad laboral y protección de sus derechos adquiridos por la legislación vigente. Conviene recordar que dicha legislación es relativamente reciente y que reemplazó a otras de la dictadura o anteriores.
13. La reciente intervención de OSPRERA, más allá de los alegados propósitos esgrimidos en el decreto dictado a ese efecto, puede ser razonablemente inscripta en los intentos de dicotomizar los servicios de salud entre una minoría con altas remuneraciones y una mayoría confinada a sólo las prestaciones básicas. En otras palabras, en el declarado objetivo de eliminar o restringir al máximo el tradicional criterio de solidaridad propio de las obras sociales, una tradición en nuestro país.

Los puntos enunciados anteriormente, constituyen solamente algunos hechos en los que, específicamente, puede advertirse el impacto profundo que la actual política económica tendrá en la economía de la Agricultura Familiar y en los trabajadores agropecuarios.

Es de vital importancia que las organizaciones de la Agricultura Familiar, además de sentir el impacto de la actual política económica y social, puedan construir y fortalecer vínculos con otros sectores sociales afectados, con entidades gremiales de otros eslabones de las cadenas productivas, con legisladores, entre otros, con el objeto de exteriorizar la gravedad de su situación e ir elaborando un programa para afrontar este contexto e identificar factores necesarios para avanzar en su fortalecimiento.

La situación actual de la Agricultura Familiar constituye una oportunidad única para que La “Mesa Agroalimentaria Argentina”, constituida el año pasado y que integran: i) la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT); ii) la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF); iii) la Agrupación Bases Federadas; iv) la Federación de Cooperativas Federadas Ltda. (FECOFE); v) el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (MNCI-ST), intensifiquen su actividad con el objeto de actualizar y contextualizar los proyectos que se habían presentado hace menos de un año en el Congreso. Ellos son:

• Ley de Acceso a la Tierra
• Ley de arrendamientos rurales
• Ley de protección y fortalecimiento de los territorios campesinos y de la AF
• Ley se segmentación de las políticas impositivas agrarias
• Ley de fomento del Cooperativismo y de la transición agroecológica

Además, será importante sumar a la Mesa Agropecuaria, a otras instituciones tanto de la agricultura familiar como de los trabajadores asalariados agropecuarios, nacionales y/o regionales.

Para ello es necesario comprender profundamente el momento que estamos transitando, que podría llevar a situaciones de disolución de la AF en algunas regiones de nuestro país; a dramáticos retrocesos en las condiciones de vida, trabajo y remuneraciones de los trabajadores asalariados agropecuarios; así como a la pérdida de soberanía sobre el uso y la conservación de los recursos naturales, entre ellos, el agua.