La privatización del servicio eléctrico no tuvo en cuenta las condiciones de la población de bajos recursos, pese a que era conocida la cantidad de familias que sólo lograban vincularse en forma clandestina. Esas regulaciones incluyeron a los “colgados” como parte de una relación mercantil-privada y, eventualmente, penal. Para enfrentar esos casos las empresas aplicaron cortes indiscriminados provocando un fuerte conflicto social. Como consecuencia, la relación privada mercantil se transformó en una cuestión social y política que debió atenderse por los gobiernos federal, provinciales y municipales. Se firmó lo que se llamó el “Acuerdo Marco” destinado a transformar a los “colgados” en usuarios regulares. Una vez cumplida esa transición éstos serían considerados, al igual que los demás usuarios regulares, partes de una relación privada, con las consecuencias establecidas para los incumplimientos. Una cantidad importante de usuarios clandestinos fueron regularizados y las empresas lograron recuperar sus ingresos, aun los que correspondían a consumos producidos en los cuatro años anteriores. Sin embargo, la población de menores recursos asentada sobre villas, donde se instalaron medidores colectivos, no parece haber podido modificar su incapacidad para enfrentar los costos del servicio. La ampliación del Acuerdo vence este año sin que se haya previsto ningún mecanismo permanente para resolver el caso particular de la población que no logra ingresar o mantenerse en el servicio debido a sus bajos recursos.