En su acto del CCK, el presidente Macri no mencionó ninguna modificación para el sector energético como parte del paquete de reformas anunciadas y que habrán de acelerar, vertiginosamente ya, la destrucción del país y el masivo empobrecimiento de las clases populares.

La venta de empresas estatales durante los años ’90 fue, entre otras cosas, una manera de obtener divisas para sostener el esquema de convertibilidad monetaria. Al privatizar los servicios públicos, el Estado perdió capacidad de establecer políticas y de actuar como regulador en áreas clave, cuyo destino quedó fijado exclusivamente a criterios empresariales privados. Algunas de estas limitaciones fueron superadas y otras permanecieron, incluso tras los procesos de renacionalización de principios del siglo XXI.

En la década de 1990, en el marco de la reforma del Estado impulsada por el presidente Carlos Menem, se procedió a la privatización del servicio ferroviario en Argentina. El proceso privatizador suscitó cambios estructurales tanto en las pautas de organización del servicio ferroviario, como en las dimensiones de la infraestructura habilitada. Si bien este proceso de transformación tuvo gran repercusión en su momento, es notable el vacío de información existente sobre su magnitud, en particular es notable la ausencia de estadísticas oficiales, lo que probablemente deba atribuirse a la inexistencia de un organismo regulador.