El elevado gasto público de los países escandinavos, de tradición socialdemócrata, es lo que les ha permitido un extenso Estado de Bienestar y unas potentes infraestructuras que han facilitado su respuesta a los retos de la globalización.

Según los últimos datos provistos por la Agencia Estadística de la Unión Europea, España es, junto con Portugal, el país que tiene el gasto público por habitante más bajo de la UE-15 (la Unión con 15 miembros); esta situación deficitaria se presenta en prácticamente todos los componentes de tal gasto. El gasto público por habitante en temas sociales (que incluyen los servicios públicos del Estado del bienestar, como sanidad, educación, servicios sociales y vivienda social, entre otros, así como las pensiones y otras transferencias sociales) es, también, el más bajo de la UE-15. En realidad, España se gasta mucho menos en su Estado del bienestar de lo que le corresponde por el nivel de riqueza económica que tiene. Nuestro PIB per cápita (que mide el grado de desarrollo económico del país) es ya el 90% del PIB del promedio de la UE-15 y, sin embargo, el gasto público social por habitante es sólo el 62% del promedio de la UE-15. España debería gastarse alrededor de 66.000 millones de euros anuales más para alcanzar el gasto social per cápita que le corresponde por su nivel de riqueza. Una situación semejante, por cierto, ocurre en el capítulo de infraestructuras como carreteras, ferrocarriles y otras comunicaciones.

Una de las causas más importantes de esta pobreza del gasto público social es el enorme poder que el 25-30% de renta superior de la población española (que incluye los sectores sociales que solían llamarse la burguesía, la pequeña burguesía y clases profesionales de renta alta) ha tenido históricamente y continúa teniendo en la cultura mediática y política del país y en los aparatos económicos del Estado (ver Navarro V. El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias. 2006). La enorme influencia que este grupo social tiene sobre el Estado y sobre los medios de información y persuasión, y su resistencia a pagar impuestos es lo que explica el bajo gasto público. La baja presión fiscal de España, la más baja de la UE-15, 34,8% del PIB, comparado con un 41% en el promedio de la UE-15, se debe, en gran parte, a que la contribución al erario público de este sector pudiente de la población es también de los más bajos de la UE-15, mucho menor que la de sus homólogos. Este sector pudiente de la población no es consciente de este déficit de gasto público social, pues no lo sufre en carne propia: lleva a sus hijos a las escuelas privadas (gestionadas en su mayoría por la Iglesia, que reciben los subsidios públicos más altos de la UE-15) y va a la sanidad privada (o bien reciben trato preferencial en la pública) cuando cae enfermo. Mientras tanto, informe tras informe de la OCDE y de la UE que analizan la situación de los distintos componentes del Estado del bienestar de sus países miembros señalan el gran retraso social de España, retraso que se debe, en gran parte, a la citada pobreza de recursos en sus servicios públicos.
Otro indicador del enorme poder de clase de tales sectores (al cual hay que añadir el poder de género, que determina que dentro de la pobreza del gasto público social el más bajo sea precisamente el que se gasta en los servicios públicos como escuelas de infancia y servicios de dependencia, que benefician particularmente a las mujeres) es la creencia liberal de que hay que bajar los impuestos; creencia reproducida incluso en sectores liberales de las izquierdas, incluidos algunos economistas del Gobierno socialista español, uno de los cuales, a raíz de una reflexión sobre el futuro del socialismo cuestionó recientemente "si hoy alguien puede defender a estas alturas del siglo que un programa socialdemócrata debe estar a favor de más impuestos y más gasto público".

Este dogma liberal va acompañado de otro que señala la necesidad no sólo de equilibrar las cuentas del Estado, sino incluso de alcanzar un superávit en tales cuentas. Consecuencia de esta creencia, estamos viendo hoy en España (el país de la UE-15 que tiene un gasto público más bajo) un superávit mayor (un 1,1% del PIB) que el que cualquier Gobierno tenga en dicha Unión; lo cual se justifica refiriéndose a la experiencia de las socialdemocracias escandinavas (y, muy en particular, de la sueca) que tradicionalmente han tenido superávit en sus presupuestos estatales, olvidándose, sin embargo, que tales países tienen el gasto público (53,3% del PIB) y la presión fiscal más elevados de la UE-15 (47,5% del PIB). Tener un superávit en el presupuesto del Estado y, a la vez, bajar los impuestos es condenar a España a estar a la cola de Europa, pues el enorme déficit de gasto público social no puede resolverse sólo a base del elevado crecimiento económico. En realidad, ha sido el elevado gasto público de los países escandinavos de tradición socialdemócrata lo que les ha permitido un extenso Estado de bienestar (que ha ofrecido seguridad a la población, incluyendo la laboral) y unas potentes infraestructuras que han facilitado su respuesta a los retos de la globalización (estos países son los más globalizados de la UE-15), siendo los países más competitivos de esa Unión. La escasa calidad del crecimiento económico español (con escaso valor añadido) y la elevada inseguridad en su mercado de trabajo derivan precisamente de la pobreza de su gasto público. Esta pobreza de gasto público, por cierto, está también contribuyendo a las enormes tensiones interterritoriales en España. Es sorprendente que barones en todos los partidos políticos, que sacan pecho en defensa de su territorio, hayan guardado durante todos estos años un silencio ensordecedor sobre el enorme déficit de gasto público existente en toda España, déficit que es mucho mayor que la suma de todos los déficit fiscales territoriales existentes en nuestro país. Y ninguno de ellos ha levantado la voz pidiendo un aumento de los impuestos.

En Cataluña, al enorme déficit de gasto público se le han sumado en esta Comunidad Autónoma unas políticas de clase llevadas a cabo con gran dureza por el Gobierno de derechas anterior, resultado de las cuales, la escuela privada (en su mayoría religiosa, que recibe el subsidio más elevado de España) ha estado ofreciendo 1.050 horas más al año que la escuela pública; con lo cual los graduados de la privada (pertenecientes a los sectores más pudientes de la sociedad catalana), al terminar la escuela, han ido nada menos que un año más que los graduados de la escuela pública (pertenecientes en su gran mayoría a las clases populares). Estamos viendo ahora una gran movilización de clase (que incluye el mundo financiero, empresarial y mediático) para que el Gobierno socialista español cambie de alianzas, reproduciendo la alianza del periodo 1993-1996 (PSOE-CiU), cuando, bajo la dirección del mismo equipo que dirige hoy las políticas económicas del Gobierno español, se redujo el gasto público social por habitante, iniciándose una política de austeridad social que fue continuada por la alianza PP-CiU que le siguió.

Tal sensibilidad liberal -reflejada también en los nombramientos económicos hechos o propuestos por parte del Gobierno, incluyendo el de consejeros del Banco de España- está dificultando todavía más la realización de la promesa realizada en el programa del PSOE de converger con el gasto público social por habitante del promedio de la UE-15.

Fuente: Attac Madrid