Anegada como está la información de Brasil por la violencia criminal, por la montaña rusa en que viaja la suerte del presidente Luiz Inacio da Silva y por los debates sobre la antipática disciplina fiscal que éste abrazó al llegar al Planalto, es posible que pase desapercibido un reciente desarrollo importante: la promulgación de una ley que define una política para el vasto espacio del Amazonas.

La nueva ley de Gestión de Forestas Públicas permitirá a empresarios privados, durante la próxima década, recibir en concesión unos 13 millones de hectáreas de bosques amazónicos para su explotación. Será a través de licitaciones, pero no tendrán posesión ni dominio de las tierras, que seguirán siendo propiedad pública. El texto prevé condiciones estrictas, al menos en la letra, para las actividades que se desarrollen -basadas en el concepto de "sustentabilidad"-, las que además serán objeto de vigilancia por un nuevo organismo gubernamental cuya creación se financiará con la recaudación por las concesiones.

La decisión de Lula fue saludada por muchos ambientalistas como un paso determinante en la protección del Amazonas, región rutinariamente devastada por el talado ilegal y por la limpieza incontrolada de sus tierras para dedicarlas a tareas agropecuarias. La crianza de ganado y, en especial, la plantación de soja también están teniendo un efecto deletéreo sobre el Amazonas.

Una de aquellas voces de contento fue la de la organización ambientalista Greenpeace, aunque sus elogios se han desvalorizado un tanto en los últimos tiempos, imputada como está de ser la máscara de proa de intereses económicos para los que la ecología no ha sido nunca prioridad real. Si muchos ambientalistas están de acuerdo y se trata de una región sobre la cual la soberanía brasileña -no siempre efectiva de hecho- es incuestionable ¿puede ser objetable esa ley?

Conviene valorar las críticas internas. La declamada filosofía privatizadora de la ley es la primera imagen que desalienta a algunos analistas porque Brasil, como el resto de América latina, tiene aún el regusto amargo que le dejó dos décadas "privatizadoras" de enajenación de los bienes públicos y de endiosamiento de la codicia empresaria como fuerza de progreso.

Otros, como explicó el analista Ramez Tebet en las páginas de Folha de Sao Paulo, creen que la ley está basada en una profecía que no se cumplirá: el dominio efectivo -no sólo el que se declama- del Estado brasileño sobre la región en cuestión. Sin éste, la legislación será sólo una declaración de buenas intenciones y quizá hasta sirva de pantalla legal para una actividad aun más dañina.

El otro elemento que, con explicable celo suele defender el Estado brasileño, el de su soberanía excluyente sobre el Amazonas, también merece cierto contraste. Aunque es inobjetable en principio, lo cierto es que la globalización también está erosionando las históricas competencias de los estados-nación. Y la riqueza amazónica es de tal magnitud que no puede sino llamar intereses, muchas veces poderosos, más allá de las fronteras brasileñas.

No conviene pensar sólo en los países desarrollados o en las empresas multinacionales. El "progresismo ecológico" genera también iniciativas atróficas. En los años 90, un sector del Partido Verde alemán casi llevó al Parlamento un proyecto de creación de una fuerza multinacional de despliegue rápido para que, en caso de ser necesario, fuera empleada para proteger la región amazónica.