La denuncia del Ministro de Hidrocarburos de Bolivia, el doctor Andrés Soliz Rada, sobre el fraude contable realizado por Repsol, al declarar como propias las reservas hidrocarburíferas del país hermano, nos ha permitido conocer que la misma adulteración se había producido con las nuestras.

Por: Fernando Pino Solanas - Félix Herrero - Gustavo Calleja - José Rigane
Fuente: Argenpress

El MORENO viene reclamando desde su fundación que se realice una auditoria de reservas con técnicos y profesionales argentinos y fue lo primero que solicitó frente a la creación de ENARSA. Resulta incomprensible que el Gobierno Nacional, contando con ella y con recursos, no la haya realizado. El irresponsable abandono por parte del Estado Argentino de una política petrolera nacional, es único en el continente: valga como ejemplo que las corporaciones extraen petróleo y gas sin que ningún organismo público las controle, hacen declaración jurada y pagan las regalías más bajas del continente -12%- cuando hoy se rediscuten los contratos para llevarlas al 50%.

Pero las liviandades del gobierno no terminan allí: acaba de otorgar, hace pocas semanas, otra monumental concesión a la fraudulenta Repsol. Se trata de amplios permisos de exploración y concesiones de la plataforma marítima continental, que es la mayor reserva de hidrocarburos que nos queda a los argentinos. Como si fuera poco, la concesión dispone la libre disponibilidad de los recursos y se realiza sin licitación de ninguna especie, eligiendo a los concesionarios y operadores sin basarse en ninguna norma previa.

¿Cuál es la razón para que el Gobierno Nacional nos haya dejado en tal estado de indefensión, cuando todavía en el país hay un altísimo índice de desocupación y pobreza? Estamos hablando de un millonario recurso que hoy cotiza a 70 dólares el barril, factura en el país 22.000 millones de dólares anuales dejando una renta que supera los 12.000 millones.

La impunidad de la política petrolera del menemato aún subsiste a caballo de una fuerte desinformación. Es imprescindible que el Parlamento y las organizaciones políticas y sociales promuevan las interpelaciones necesarias para terminar con este estado de indefensión y saqueo. Debe exigirse al Congreso y a la Procuración General de la Nación una investigación sobre el caso, y al Gobierno Nacional la auditoria y control de las reservas que les pertenecen a los argentinos.