Fuente: La Nación

Mucho antes que Uruguay, en 1992 la Argentina puso en vigencia un tratado bilateral de inversiones (TBI) con Estados Unidos. Ese pacto sirvió de atractivo para la llegada de empresas de ese país, pero también es el responsable de que ahora la Argentina afronte demandas de empresas norteamericanas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial.

Al igual que los otros 49 TBI que firmaron los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, el acuerdo con Estados Unidos permite que el inversor de ese país pueda demandar a la Argentina ante el Ciadi en lugar de recurrir a tribunales locales, en caso de registrarse una expropiación sin fundamentos o cualquier medida similar. Empresas estadounidenses, como las energéticas CMS (accionista de TGN), AES (Edelap) y LG&E (Gas Natural), y de otros orígenes consideraron que la pesificación de las tarifas de los servicios públicos constituyó una expropiación. CMS logró este año un fallo favorable del Ciadi, mientras que AES retiró la demanda por Edelap, pero mantiene otras.

En 2002 venció el TBI con Estados Unidos, pero cada año se renueva automáticamente porque ningún firmante lo denuncia. El gobierno de Néstor Kirchner amenazó con revisar los TBI vencidos, pero ha mantenido el statu quo.