Entidades del sector denuncian que nuevos requisitos de solvencia económica representan una barrera para las Pymes que quieran importar o exportar. Reclamos de AIERA y APYME.

Autor: Juan Diego Wasilevsky
Fuente: Infobae

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se lanzó de lleno a una depuración del Registro de Importadores y Exportadores que operan ante la Aduana, tarea que no se realizaba desde 1999. Así, de 84.288 operadores, se dio de baja de manera automática a más de 37 mil y estiman que podrían sumarse 25 mil más.

¿Las razones? Inconsistencias en el alta del impuesto al Valor Agregado, Ganancias o Monotributo; irregularidades en la declaración del domicilio fiscal, el registro ante la Aduana y el padrón de la AFIP y, por último, falta de registros informáticos de operaciones por larga data.

Así, quienes no registren ventas brutas por un importe no inferior a $300.000 en el año calendario inmediato anterior o a través de un patrimonio neto no inferior a dicho monto, sólo podrán efectuar importaciones o exportaciones siempre que presenten una garantía en efectivo o en aval bancario por la suma de $30.000.

Esto significa que los nuevos exportadores que no hayan realizado ninguna operación anterior a 2006 también deberán cumplir con este requisito de solvencia económica.

Control versus crecimiento

En este contexto, diversas entidades ya mostraron su inconformidad. Desde la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina (AIERA), por ejemplo, sostuvieron que “a partir de la resolución 2.144 se verán afectadas seriamente las actividades de comercio exterior de un amplio segmento de empresas Pyme nacionales, discontinuándose su proceso de crecimiento con el consiguiente efecto en los niveles de producción y desempleo.

Así, Horacio Consolo, presidente de AIERA, sostuvo que “seguramente este efecto no fue deseado por quienes redactaron la norma en cuestión, sin embargo, la misma presenta una exigencia imposible de cumplir por el grueso de las empresas Pyme puesto que, con el objetivo de acreditar ´solvencia económica´, y al no superar la barrera de los $ 300.000 de venta bruta o patrimonio neto, se verán obligadas a depositar $ 30.000, restándolos de su capital de giro o siendo expulsadas del sistema de forma totalmente arbitraria”.

De este modo, “si bien apoyamos la permanente lucha de la AFIP por combatir las prácticas desleales del comercio exterior, existen otros medios alternativos, basados en cruces informáticos de Bases de Datos, que permiten verificar la honestidad, la buena fe y transparencia de los operadores afectados, especialmente de los exportadores, sin tener que recurrir a la cuestionada garantía”, concluyeron desde AIERA.

Trabas

Del mismo modo se expresó la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) mostró su disconformidad de que “se pongan trabas insuperables para la mayoría de las Pyme para poder reinscribirse en el padrón”.

En este sentido, también explicaron que el monto que plantea la garantía resulta “insuficiente” a los efectos de poder asegurar la percepción de la renta fiscal. Sucede que, según explicaron, "cuando una organización se dedica a cometer ilícitos de importación o exportación, lo hace por montos millonarios: donde 30.000 pesos no van a ser obstáculos y sí lo son para una PyME que sea exportador eventual".

“Las cifras son categóricas, desde el 20 de octubre se vienen incrementando los trámites de Inscripción en el Registro de Importadores y Exportadores entre el 20 y el 25%”, concluyeron.

Efecto limitado

Como contrapartida, desde la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), explicaron que la medida dificilmente pueda afectar la operatoria de una pequeña o mediana empresa de manera masiva.

En diálogo con infobeprofesional.com, su presidente, Enrique Mantilla, explicó que sus efectos pueden ser limitados ya que “hoy por hoy cualquier empresa que exporte alcanza un patrimonio neto de $300 mil. De hecho, hasta ahora no tuvimos ninguna consulta de nuestros asociados”.

A pesar de esto, sí puede haber una situación más complicada para las microempresas, que realicen exportaciones esporádicas o para los intermediarios, que realizan la operatoria en lugar de las MiPyme y que “pueden tener a lo sumo una oficina que no llegue a cubrir ese monto”.

Por su parte, Mantilla también explicó que “puede ser una traba para emprendimientos que recién se hayan creado y exporten software o servicios como diseño”.

En este escenario, el directivo se mostró de acuerdo con la depuración ya que “era necesario para que la Aduana pueda trabajar con más eficiencia en los controles”.

Sin embargo, consideró que la normativa no tuvo en cuenta los errores que presenta y que “estos requisitos deberían ser exigidos, más que nada, a los importadores”.

A pesar de esto, desde la Administración General de Aduanas ya habían explicado que, “no obstante la envergadura de las medidas adoptadas estamos recibiendo nuevos pedidos de inscripción de las Pyme que se suman al comercio exterior, y que cuentan con un respaldo mínimo para afrontar el desafío de superar las fronteras del país enviando mercadería argentina a los mercados externos”.