La Cámara de Diputados convirtió en ley la ratificación del llamado Protocolo de la Cedaw, uno de los principales reclamos del movimiento de mujeres de los últimos años. El tratado permite llevar a una instancia internacional los casos de discriminación contra la mujer. La Iglesia y sectores de la oposición lo rechazan por considerar que es una vía hacia el aborto.

Es para celebrar. Desde ayer, las argentinas cuentan con un instrumento internacional fundamental para defender el derecho a vivir libres de violencia y discriminación, que ha sido fuertemente resistido por la Iglesia Católica. En la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer sin restricciones y por una amplia mayoría: 116 votos a favor, 30 en contra y tres abstenciones. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se podrá usar? ¿Por qué la jerarquía eclesiástica se opuso a su ratificación con tanta fuerza? ¿Abrirá la puerta para la legalización del aborto? Especialistas consultados por Página/12 despejan las principales dudas en torno de este tratado internacional de nombre difícil, que todavía pocos y pocas conocen en el país.

“Lo importante ahora es que todas las mujeres lo conozcan”, señaló Susana Chiarotti, directora del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario (Insgenar) e integrante del Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem).

El 2 de noviembre, el Senado había sancionado la ratificación de esta herramienta internacional. El último paso que debe cumplimentarse es la aprobación por parte del Poder Ejecutivo, pero se descuenta que ese trámite no se demorará, ya que el mismo presidente Néstor Kirchner fue quien pidió la ratificación al Congreso en diciembre de 2004.

¿Qué alcance tiene esta ratificación? El Protocolo Facultativo es un complemento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Esta convención, más conocida como Cedaw, por su sigla en inglés, es la más importante del sistema de Naciones Unidas relativa a los derechos humanos de las mujeres. El Congreso la ratificó en 1985 y desde 1994 tiene rango constitucional.

La Cedaw exige a los estados la adopción de medidas tendientes a eliminar la discriminación de género en todos los ámbitos: vida política y pública, educación, empleo, salud, justicia y matrimonio y familia. Su cumplimiento es monitoreado por un comité. Hasta ahora, la Argentina tenía la obligación de presentar cada cuatro años un informe sobre los avances en esta materia. Y el comité emitía observaciones y recomendaciones. Las últimas sobre Argentina corresponden a 2004 (ver aparte).

“Al ratificar el Protocolo se da un paso sustancial en la defensa de los compromisos asumidos por Argentina al suscribir la Convención y debe ser un motivo de alegría para todas las personas que creen en los derechos humanos como base de la democracia y el estado de derecho”, destacó Soledad García Muñoz, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

El Protocolo Facultativo contempla dos mecanismos para que mujeres en forma particular u organizaciones civiles puedan exigir los compromisos previstos en la Cedaw en una instancia internacional cuando consideren que se han violado: “Por un lado, se pueden presentar quejas individuales ante el comité cuando las instancias jurídicas internas se agotaron. Por otro, el comité puede analizar casos de violaciones graves y sistemáticas de los derechos de las mujeres. Actualmente se está aplicando este proceso, por primera vez, en México, para investigar las muertes de cientos de mujeres en Ciudad Juárez”, precisó García Muñoz.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer está compuesto por 23 expertas propuestas y elegidas por los estados parte de la Cedaw. Actualmente, entre sus miembros la única latinoamericana es una brasileña, Silvia Pimentel.

“Ahora tenemos una Convención fuerte. La Convención sin Protocolo era un tigre sin dientes. Pero debemos aprender a usarlo”, apuntó Chiarotti, experta en temas de violencia para la OEA.

Desde 2001, cuando el gobierno de Fernando de la Rúa pidió al Congreso la ratificación del Protocolo de la Cedaw, la jerarquía católica inició una cruzada en su contra, con un fuerte lobby sobre senadores y diputados. Y logró frenar el tratamiento de la aprobación de este tratado durante cinco años. En la madrugada de ayer, el diputado tucumano de Fuerza Republicana Roberto Lix Klett fue la voz de los sectores que han resistido la sanción de este tratado. Fue el único diputado que pidió la palabra. Dado lo avanzado de la hora –cerca de las dos de la madrugada–, los demás legisladores se limitaron a solicitar la inserción de sus discursos en la versión taquigráfica (ver aparte).

“Los sectores más conservadores les temen a los instrumentos de derechos humanos que como éste les dan autonomía a las mujeres y buscan desterrar los estereotipos femeninos y los roles tradicionales asignados a las mujeres”, evaluó ante Página/12 Nieves Rico, oficial de Asuntos Sociales de la Unidad Mujer y Desarrollo de la Cepal. La cúpula eclesiástica teme que con la incorporación al sistema jurídico argentino de este instrumento internacional se abra la puerta para la legalización del aborto.

“El Protocolo Facultativo no crea nuevos derechos”, señaló García Muñoz. El tema del aborto no está mencionado en la Convención. Pero la Iglesia Católica y otros sectores conservadores ven como amenazas recomendaciones generales que ha hecho en 2004 el comité (a todos los países y no a uno en particular) que interpretan los alcances de la Convención. Una de ellas (la recomendación general 21) se refiere a la igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares y en uno de sus puntos garantiza la autonomía de las mujeres en relación con su fecundidad. Textualmente plantea que “la decisión de tener hijos, si bien de preferencia debe adoptarse en consulta con el cónyuge o el compañero, no debe, sin embargo, estar limitada por el cónyuge, el padre, el compañero o el gobierno”.

El otro fantasma para la jerarquía eclesiástica es la recomendación general 24, que recomienda a los gobiernos revisar “las leyes que penalizan ciertas intervenciones médicas que afectan exclusivamente a la mujer y castigan a las mujeres que se someten a dichas intervenciones”. En otros términos, pide que se saque de los códigos penales los delitos que criminalizan sólo a la población femenina, léase, el aborto.

De todas formas, el comité siempre se ha referido al aborto como uno de los “graves problemas de salud pública” y ha considerado que “en ningún caso puede ser utilizado como método de planificación familiar”.

Chiarotti celebra la preocupación eclesiástica: “A pesar de que las mujeres no manejamos las recomendaciones generales del comité, los sectores conservadores están pensando que podemos llegar a pedir que se adecue la legislación local a este tratado internacional, por una cuestión de coherencia, y así logre la eliminación de la penalización del aborto. Por eso respeto tanto a los conservadores, porque son más visionarios que nosotras y ven a futuro”, señaló Chiarotti.

Fuente: Página 12