Tensionados por sus fracciones internas más radicales, que buscan doblegar por la fuerza al enemigo de clase, el gobierno del presidente Evo Morales y la rancia oligarquía boliviana se disputan el apoyo popular en la calle para mejorar su posición negociadora que reencamine la Asamblea Constituyente y alumbre un nuevo pacto social en el que cada sector busca afianzar sus intereses y perspectivas.

Hasta ahora, el diálogo avanza muy lentamente en la Asamblea, que virtualmente está paralizada, pero son febriles las actividades de unos y otros para convocar a la movilización de masas. Para este viernes se han convocado a "cabildos abiertos" en seis de las nueve principales ciudades de Bolivia, que prometen ser multitudinarios y con activa participación de las fuerzas sociales, vecinales, empresariales y populares. Cuatro de ellos (en Santa Cruz, Tarija, Trinidad y Cobija) son organizados por la oligarquía que ha ganado en su favor a la mayor parte de la población urbana, enarbolando la bandera de la autonomía y en oposición al gobierno de Morales, al que acusan de querer imponer una "dictadura".

Las otras dos concentraciones, en Sucre y Potosí, son organizadas por las fuerzas sociales leales a Morales en contra de las acciones de la oligarquía, encarnada en las organizaciones cívicas y empresariales, y a las que acusan de "separatistas" y de intentar partir en dos al país.

En otras ciudades, como Cochabamba, La Paz y El Alto también se alistan movilizaciones, la primera en contra de Morales y las otras en su respaldo.

Con estas acciones, las fuerzas de la derecha intentan preservar el poder de veto que el propio gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) les otorgó a mediados de año al convocar a la Constituyente y que ahora pretende anular con la imposición de su mayoría. La derecha oligárquica, que controla seis de las nueve prefecturas (gobiernos regionales) del país, reclama la vigencia de los dos tercios para aprobar la nueva Constitución y definir los alcances y carácter de las autonomías (ver "Evo y la oligarquía se abren al diálogo" en www.econoticiasbolivia.com).

Hace dos semanas, el presidente Morales paralizó el funcionamiento de la Asamblea para intentar alcanzar un acuerdo con la oligarquía, que intensificó las huelgas de hambre y sus medidas de presión para impedir que el oficialismo de la izquierda indigenista defina por sí solo el texto de la nueva Constitución Política del Estado.

NEGOCIACIONES Y TENSIONES

En las últimas horas, los sectores moderados de ambas fuerzas intentaban acercar las posiciones. Varios dirigentes del MAS y ministros de Morales anunciaron su disposición a "flexibilizar" el artículo 70 del reglamento de debates de la Constituyente, tratando de llegar a un nuevo pacto con la oligarquía. Otros representantes de la derecha, especialmente de Unidad Nacional, también manifestaban su intención de reducir la magnitud de sus exigencias.

Estos acercamientos fueron condenados, sin embargo, por los sectores más radicales de ambos bandos, mientras se hacía cada vez más evidente que Evo Morales perdía el apoyo de los sectores más acomodados y timoratos de las clases medias urbanas en todas las regiones del país y dejaba a la ciudad de Santa Cruz en manos de las bandas fascistas de la ultraderecha. En esta urbe, donde el MAS ganó las elecciones, la presencia estatal era mínima y los grupos organizados del ultraderechista Comité Cívico imponían su ley y amedrentaban a las organizaciones oficialistas y a los vecinos.

Pese a ello, algunas organizaciones sociales intentaban organizar una movilización popular en los barrios más pobres de Santa Cruz en defensa de Morales y en oposición a la oligarquía, que encabeza un movimiento con claras connotaciones fascistas, tanto por el carácter reaccionario de sus reivindicaciones, su exacerbado odio racial contra los indígenas del occidente y el uso organizado de la violencia contra los disidentes, las organizaciones populares y la prensa.

SINDICATOS, ENTRE LA NACIÓN Y LA COOPTACIÓN

Hasta ahora, la lucha abierta en torno a la nueva Constitución y las autonomías entre el reformismo indigenista y la ultraderecha oligárquica ha generado inquietud y zozobra en gruesos sectores de la población, especialmente entre la clase media.

Las organizaciones sociales y populares urbanas controladas por el MAS han asumido la defensa del gobierno, mientras que la unitaria Central Obrera Boliviana (COB) y sus filiales virtualmente han quedado en la inacción, tanto porque muchos de sus dirigentes han sido cooptados por el Gobierno como por la desconfianza que existe en las bases.

Según el dirigente de la Central Obrera Departamental (COD) de Potosí, Jorge Solares, uno de los pocos que expresó una posición por la izquierda de Morales, la discusión y lucha por la mayoría absoluta o los dos tercios en la Asamblea Constituyente era ociosa. "No debe estar en discusión si se acata tal o cual Ley, sino definir cómo se consigue el poder total para los campesinos, para los obreros, para los sectores que históricamente estuvieron marginados".

El dirigente explicó que los intentos de división del país responden a intereses de las clases sociales que en el pasado detentaron el poder y entregaron los recursos naturales a manos de las empresas transnacionales, por lo que urgió a Evo Morales a que "dé un viraje revolucionario para destruir todas las leyes y normas que fueron consolidadas en anteriores gobiernos neoliberales y por fin se pueda avanzar hacia una verdadera transformación histórica a través de la Asamblea Popular del Pueblo".

En cambio, otro dirigente de la COB, el masista Bruno Apaza, convocó a las organizaciones sociales a manifestarse en contra de los separatistas y a respaldar al presidente Morales.

Otros sindicalistas, fuera del control del MAS, como Mario Bustamante de la Central Obrera de Oruro, con fuerte influencia minera, llamaron por el contrario a disolver la actual Asamblea Constituyente porque en ella no están presentes las organizaciones sociales y populares. En su reemplazo dijo que el Gobierno debería convocar a una nueva Asamblea con representación directa de obreros, campesinos y clases medias empobrecidas.

RADICALES Y MODERADOS DEL MAS

En la trinchera oficial, los sectores más radicales, conformados por los sectores indígenas y campesinos leales a Morales, intentan sepultar definitivamente el pacto que los une a la oligarquía y que los obliga a consensuar el carácter y alcance de la nueva Constitución Política del Estado y de las autonomías regionales. Ellos quieren escribir la nueva ley sin la oligarquía, acentuando la distribución de tierras, el capitalismo de Estado y el reconocimiento de las naciones originarias, discriminadas y excluidas desde siempre.

Los moderados, conformados por la fracción pequeño burguesa urbana, intelectuales y clases medias, pretenden, en cambio, recrear el acuerdo con las fuerzas de la derecha haciendo concesiones mutuas para moderar mucho más la Constitución y las autonomías. Sus objetivos de fondo son lograr que la nueva Constitución sea aprobada hasta agosto del 2007 y que se dé vía libre a la reelección del presidente Morales, lo que con la actual legislación no es posible.

Los primeros han convocado a la movilización popular, a tomar las calles en varias regiones del occidente del país. Los segundos usan esta movilización para negociar con la oligarquía.

LAS FUERZAS DE LA ULTRADERECHA

En la vereda opuesta, los sectores más retardatarios, racistas y reaccionarios de la oligarquía no quieren saber nada del reformismo del MAS, por más tibio que éste sea, y proclaman la necesidad de lograr una autonomía radical para controlar directamente, y en beneficio propio, los ingentes recursos naturales (gas, petróleo, tierras, bosques). Ellos, aunque aún están en minoría, quieren romper con el gobierno de Morales y ganan fuerza en la medida que el diálogo se estanca y se radicalizan las posiciones. En esta fracción oligárquica militan las bandas fascistas de la Unión Juvenil Cruceñista y los clanes familiares que se han apoderado ilegalmente de grandes latifundios improductivos en el oriente y sur del país.

Los sectores más moderados de la clase dominante propugnan, en cambio, mantener la alianza con Morales en los marcos pactados a mediados de año para no perder su enorme poder económico y así fortalecer un sistema que fomente los grandes negocios, las inversiones y las ganancias empresariales.

"Esta es la nueva derecha que está emergiendo desde Santa Cruz", dice el viceministro Alfredo Rada, que considera que este sector "tiene gran fuerza", pero que "no sabe qué hacer con esa su fuerza".