[color=336600]*Juan Carlos Amigo [/color]es director de la revista Realidad Económica

En una reciente entrevista, el jefe de Estrategia para América latina de la consultora Bear Stearns se une al coro de varios de sus colegas de Wall Street y expresa: “Por muchos meses hemos estado preocupados por la dirección de la política macroeconómica argentina, que continúa caracterizándose por regulaciones industriales excesivamente intervencionistas, controles de precios sobre los productos de consumo, controles a las exportaciones y otras medidas populistas (...) Creemos que los esfuerzos del gobierno para controlar los precios en combustibles y energía -a través de advertencias implícitas y explícitas de intervención oficial- amenazan con causar una escasez severa de combustibles, en particular de diesel” planteó, lo que afectaría con fuerza al sector agrícola que depende de él.

Nuevamente los gurúes miran la realidad de América latina con un solo ojo -el derecho- sin autocriticarse por las catastróficas consecuencias que tuvo la aplicación de sus consejos en la región, al menos en las dos últimas décadas.

En su obra Las inflaciones en nuestra época, el maestro del Derecho y recordado presidente del IADE Arturo E. Sampay, formuló algunas reflexiones sobre la naturaleza del valor y de su consecuencia, el precio.

No es la “sabia mano invisible del mercado” la que establece en última instancia los precios, sino el núcleo objetivo de éstos, el valor determinado por el tiempo de trabajo humano contenido en los productos mercantiles.

En un mercado libre los precios oscilan alrededor de ese núcleo, pero el mercado contemporáneo no es libre sino que en él tienen decisiva influencia los monopolios y oligopolios que tienden a fijar los precios por encima del valor.

Valiosos estudios recientes sobre las rentas agraria y petrolera y las ganancias extraordinarias en la Argentina, así como sobre la cadena agroalimentaria de la carne vacuna publicados en “Realidad Económica”, a los que se suma el proyecto de Plan Ganadero Nacional elaborado por la Federación Agraria Argentina, ratifican -por si fuera necesario- esas afirmaciones. La enorme concentración y extranjerización de la economía argentina permite a las empresas monopólicas y oligopólicas manejar a su arbitrio los precios, tanto de sus productos como de los salarios, estos últimos presentados habitualmente como disparadores de la temida -y agitada- inflación.

Un análisis somero de la distribución del ingreso en el último medio siglo desmiente -por simple lectura- esa última recurrente afirmación.

La vigilancia, el control o los acuerdos de precios siempre tuvieron “mala prensa” entre los habitantes de la cima de la pirámide del establishment y sus voceros. Para respaldar sus opiniones se remiten al “fracaso” de las políticas regulatorias en la historia económica argentina. Por supuesto hablan de los intentos fallidos de la intervención estatal, pero nunca de sus propios éxitos como fijadores de precios e impulsores de la eliminación de entes como las Juntas Nacionales de Carnes y de Granos, entre muchos otros.

La “cruzada” de las GG. EE. se extingue cuando el accionar de los gobiernos se limita a la persecución fiscal de pequeñas y medianos empresarios urbanos o productores rurales, muchos de los cuales viven al borde de la subsistencia.

Acerca de los riesgos que corren quienes se atreven a “meter mano” en el análisis de los costos de las superempresas, supo bastante el extinto ministro de Economía José Ber Gelbard, quien pretendió que sus funcionarios pusieran en práctica una matriz de control por cada uno de los productos fabricados para tener una base firme de fijación de precios. Los gigantes arremetieron contra Gelbard y la entonces todavía existente “burguesía nacional”. Fue la crónica de un fracaso anunciado.

Para tratar de darle rostro a maniobras oligopólicas veamos un ejemplo concreto: “El caso del cártel de la industria cementera en la Argentina” (valioso trabajo de Alejandro Gaggero). En él se determina que “El aumento del precio del cemento luego de la devaluación del peso no responde a las situaciones típicas estipuladas por la teoría microeconómica neoclásica para mercados competitivos. Este aumento se verificó durante un período de gran caída del consumo y alta proporción de capacidad productiva ociosa. La magnitud del aumento (que para el período diciembre de 2001- agosto de 2005 fue de 147% para el precio minorista y 155 % para el mayorista) tampoco puede explicarse como consecuencia de una suba proporcional de los costos de fabricación.

De acuerdo con los datos disponibles , la magnitud del aumento de precios sólo parece explicable por un acuerdo entre los productores que les asegurase un reparto del mercado y que les permitiera eludir las consecuencias del “libre juego de las fuerzas del mercado”. El hecho de que el sector ya tuviese una historia de 18 años de funcionamiento cartelizado que salió a luz tan sólo dos años antes de la devaluación, suma dos factores relevantes. En primer lugar, las empresas ya tenían una larga experiencia en este tipo de prácticas y, como lo demostró un informe oficial, a través de los años han sabido elaborar y perfeccionar un sistema estadístico que les permitió sostener acuerdos de reparto de mercado y colusión de precios con gran eficiencia técnica y organizativa. El segundo factor relevante es que el aumento de precios que comenzó en 2002 hubiese sido imposible si el Estado, que no detectó el cártel en sus 18 años de comprobada existencia, hubiese cumplido con la tarea esencial de establecer sanciones eficaces y -sobre todo- regulaciones adecuadas una vez que el mismo fue descubierto.

Vale recalcar también que, con este diagnóstico, las recomendaciones de políticas públicas que vienen haciendo los economistas ortodoxos para frenar la suba de precios parecen -por lo menos- poco eficaces para casos como el analizado”

Otra objeción habitual de quienes se oponen a las regulaciones es que afectan peligrosamente la rentabilidad empresaria. Los últimos balances de varias de las más importantes empresas de la Argentina señalan lo contrario.

Una versión reducida de este trabajo se publicó en Acción, Nº969, primera quincena de enero de 2007, año 41