La historia de los beneficios estadounidenses de la guerra está plagada de célebres* ejemplos de incompetencia, fraude, evasión de impuestos, soborno y prácticas irregulares.

Autor: Charlie Cray
Fuente: Rebelión
Tal y como el historiador de la guerra Stuart Brandes ha sugerido, cada nueva guerra está infectada por nuevas maneras de [obtener] beneficios de guerra. Iraq no es una excepción. Desde la delictiva mala gestión de los beneficios generados por el petróleo iraquí hasta los contratistas de seguridad privada armados que operan con total impunidad, la guerra de Iraq ha creado las oportunidades para una descarada cantidad de corrupción. Halliburton se ha convertido en sinónimo de beneficiario de la guerra, aunque existen un montón de dedos codiciosos sobre el pastel. Lo que sigue es una lista de los diez peores beneficiarios de la guerra de Iraq que han estafado a los contribuyentes estadounidenses y han minado la misión militar [1].

Números 1 y 2: CACI y ‘Titan’

A comienzos de 2005, oficiales de la CIA declararon a The Washington Post que al menos el 50% de los 40 mil millones de dólares de su presupuesto estimado para ese año se dirigiría a contratistas privados, una cantidad sorprendente que sugiere que las preocupaciones generadas por las fuentes de los servicios de inteligencia apenas se ha sido tenidas en cuenta en la toma de decisiones políticas.

En 2004, el [periódico] Orlando Sentinel informaba sobre un caso que ilustra lo que puede estar yendo mal: el empleado de Titan, Ahmed Fathi Mehalba, traductor egipcio, fue detenido por poseer información clasificada de la prisión de la Bahía de Guantánamo. Los críticos afirman que los abusos en Abu Ghraib son otro ejemplo de cómo se pueden borrar los límites cuando los contratistas se involucran en tareas de inteligencia. CACI proporcionó un total de 36 interrogadores a Iraq, incluidos más de 10 a [la prisión de] Abu Ghraib en algún momento, según esta compañía. Aunque ni CACI ni Titan, ni ninguno de sus empleados han sido acusados de delito, una investigación filtrada por el ejército implicó al empleado de CACI, Stephen Stefanowicz en abusos contra presos. El papel de CACI y de Titan en Abu Ghraib ha conducido al Centro por los Derechos Constitucionales a llevar a las empresas y a sus empleados en los tribunales de EEUU.

“[…] Creemos que CACI y Titan formaban parte de una conspiración para torturar a y abusar de los detenidos y que lo hicieron para obtener dinero”, declara Susan Burke, abogada del Centro de Derechos Constitucionales cuya querella contra las compañías se está siguiendo en el Tribunal Federal del distrito de Colombia. Las denuncias privadas parecen haber surtido ya algún efecto: en septiembre de 2005, CACI anunció que dejaría de hacer trabajos de interrogatorios en Iraq.

Titan, por su parte, se ha escapado hasta el momento de afrontar serias consecuencias por sus problemas (a comienzos de 2005 fue considerada culpable de tres cargos relacionados con sobornos internacionales y acordó pagar 28,5 millones de dólares por [violar] el Acta de Prácticas de Corrupción en el Extranjero). El contrato de la empresa con el Ejército ha sido prorrogado numerosas veces y supera en la actualidad los mil millones de dólares. El año pasado L-3 Communications compró Titan cuando emergía como el conglomerado empresarial de [servicios de] inteligencia más importante del mundo.

Número 3: ‘Betchel’, beneficios prefabricados

Este gigante de la construcción y de la ingeniería con base en San Francisco recibió uno de los más importantes contratos (de 2,4 mil millones de dólares) para intervenir en la coordinación y reconstrucción de una basta parte de la infraestructura iraquí. Pero los fracasos de la empresa en materia de reconstrucción abarcan desde las reparaciones mal hechas en escuelas hasta no haber podido acabar en el plazo y sin salirse del presupuesto un gran hospital en Basora. Recuérdese que el jefe de la USAID, Andrew Natsios, originalmente denominó la reconstrucción [de Iraq] como un “Plan Marshall” para Oriente Medio. Natsios debería haber sabido que no todo sería fácil con Betchel a la cabeza: antes de vincularse a la Administración Bush, había sido jefe ejecutivo de la Massachussets Turnpike Authority donde supervisaba [la construcción d]el Gran Dique cuyo coste se excedió de los 2,6 mil millones de dólares a los 14,6 mil millones bajo la dirección de Betchel.

En julio cayó inesperadamente como una losa de 12 toneladas de cemento la reputación de la empresa por no haber conseguido acabar las obras cuando Stuart Bowen, el inspector general especial para la Reconstrucción de Iraq (SIGIR, en sus siglas en inglés) hizo pública una auditoria sobre el Proyecto del Hospital Infantil de Basora, que se había disparado del presupuesto inicial de 70 millones de dólares a 90 millones un año y medio después de cuando estaba previsto [la finalización de sus obras]. El contrato de Betchel para coordinar el proyecto fue cancelado de forma inmediata. Ahora que el dinero se escapa los funcionarios estadounidenses comienzan a culpar a los iraquíes de que son ellos [los iraquíes] quienes gestionan mal sus propias infraestructuras. Pero como advierte Bowen, contratistas como Betchel, la [extinta] Autoridad Provisional de la Coalición (APC) [dirigida por Paul Bremer] y otras agencias contratistas sólo podrán culparse a sí mismas por no haber sido capaces de formar a los ingenieros iraquíes en el funcionamiento de esas instalaciones (especialmente sistemas de agua, depuradoras y electricidad) una vez que se hayan ido.

Número 4: ‘Servicios de Defensa Aegis’

La Oficina General de Contabilidad (GAO, en sus siglas en inglés) estima que están estacionados en Iraq unos 48.000 empleados de seguridad privada y contratistas militares. La insistencia del Pentágono en pasar por alto los requisitos de las fuerzas militares (evitando con ello la necesidad de establecer unas pautas) es una de las razones de ese crecimiento desorbitado que ha inflado las fortunas de los “combatientes empresarios” hasta tal punto que los observadores proyectan que la industria alcanzará los 200 mil millones de dólares por año en 2010. Sin embargo, la introducción de contratistas privados de seguridad (CPS) ha situado “[…] tanto al ejército como a los proveedores de seguridad ante grandes riesgos por daños”, afirma la GAO, debido a que los CPS quedan fuera de la cadena de mando y no operan bajo el código de la justicia militar.

La profesora de la Universidad George Washington, Deborah Avant, autora de Market for Force, experta en industria, sostiene que aunque los CPS pueden actuar profesionalmente, la voluntad del gobierno de contratar a pocas compañías de cowboys como Aegis Defense Service (firma ubicada en Gran Bretaña cuyo infame fundador Tim Spicer, de CEO, estuvo implicado en romper el embargo de armas en Sierra Leona) únicamente refuerza los temores de que la política exterior de EEUU está siendo delegada amercenarios de las corporaciones. Un industrial declaró a Avant que el contrato de 293 millones fue concedido a pesar de que los competidores estadounidenses habían presentado costes más bajos, sugiriendo que el gobierno quería emplear a la compañía extranjera para blindar ambos lados de la transacción ante la responsabilidad por cualquier “asunto sucio”. Resulta duro decir con cuánta frecuencia los CPS han cometido violaciones de los derechos humanos en Iraq; el Charlotte News Observer informaba en marzo que los contratistas de seguridad disparan sistemáticamente contra vehículos civiles. El problema fue ampliamente ignorado hasta que un “video trofeo” [que mostraba a] guardias de seguridad disparando con rifles automáticos contra coches de civiles [iraquíes] fue colgado en una página de Internet y se volvió contra AEGIS.

Como la División de Investigación Penal del Ejército dice que no se acusará ni a Aegis ni a sus empleados, los críticos consideran que ello solo demuestra hasta qué punto los contratistas quedan fuera de la ley bajo la actual legislación. Desde que comenzó la “Guerra contra el terrorismo”, únicamente un civil, el interrogador contratado por la CIA David A. Passaro, ha sido hallado culpable de felonía asociada a las tácticas en los interrogatorios. Incluso la Asociación de Operaciones Internacionales de Paz, una asociación de empresas de la industria que insiste en que la industria se guía por códigos de conducta rigurosos, ha rechazado que Aegis se una a sus socios.

Número 5: Bateles, el primer contratista condenado

En marzo, Custer Battles se convirtió en el primer contratista de Iraq hallado culpable de fraude. Un juez ordenó a la empresa el pago de más de 10 millones de dólares por daños en 37 casos de fraude, incluida falsa facturación. En agosto, sin embargo, el juez del caso retiró la mayor parte de las acusaciones debido a un tecnicismo, y sentenció que como la Autoridad Provisional de la Coalición no formaba parte estrictamente del gobierno de EEUU, no existían bases para la demanda ante los tribunales de EEUU.

El abogado de Battles, Robert Rhoad, mantiene que “[…] sencillamente no existía evidencia de fraude o intento de fraude”. De hecho el juez declaró que la empresa había expedido “[…] falsas y fraudulentas facturas infladas”. También permitió que el veredicto del juzgado se declarase contra la empresa por haber amenazado con represalias a quienes declararon contra ella originando que el caso llegase hasta el Acta de Falsas Demandas (False Claims Act), la ley que permite a los ciudadanos iniciar el derecho privado de acciones [legales] para recuperar dinero en nombre de los contribuyentes. Durante el juicio, el general retirado Hugo Tant III testificó que el fraude “[…] era probablemente el peor que he visto jamás en mis 30 años en el Ejército”. Cuando Tant declaró ante Mike Battles, uno de los propietarios de la empresa, que 34 ó 36 carros [de combate] proporcionados por la empresa no funcionaban, este respondió:

“Usted nos pidió carros y cumplimos nuestro contrato; que los carros funcionaran o no, no es relevante.”

El caso de Custer Battle está siendo revisado a fondo por la comunidad de contratistas ya que podrían salir a la luz otros muchos casos de fraude. Aún hay pendientes unos 70 casos de fraude contra varios contratistas. No se sabe quiénes son (un caso ha sido recientemente establecido contra EGL, [empresa] subcontratista de Halliburton, por cuatro millones de dólares) ya que los casos archivados bajo el Acta de Falsas Demandas están bajo secreto hasta que el gobierno no decide si se suma a las demandas. Ello significa que algunas compañías acusadas de fraude aún tienen que ser identificadas públicamente, lo que hace difícil a los funcionarios de contratos federales suspenderlas o excluirlas de nuevos contratos. La Fuerza Aérea de EEUU suspendió a Custer Battles para nuevos contratos en septiembre de 2004, una vez que se reveló el supuesto fraude. Sin embargo, en mayo, The Wall Street Journal informaba de la existencia de intentos de poner fin a la orden de suspensión por parte de dos antiguos altos cargos de la Armada que habían creado una compañía que había comprado restos a Custer Battles. Mientras tanto, Alan Grayson, el fiscal que llevó el caso contra Custer Battles, dice que debido a las órdenes establecidas por la APC, los iraquíes no tienen posibilidad de recuperar nada de los 20 mil millones de dólares usados para pagar a los contratistas de EEUU. La APC efectivamente, creo una “Zona de libre fraude”, sostiene Grayson [2].

Número 6: ‘General Dynamics’

La mayoría de los grandes contratistas de defensa han tenido buenos resultados como consecuencia de la guerra contra el terrorismo. El balance de 5 años de Lockheed Martin, por ejemplo, revela que el stock de la empresa ha doblado su valor desde 2001. Sin embrago, The Washington Post informó en julio que, según los analistas de la industria, quien ha recibido mayores beneficios directos de la guerra contra Iraq entre los grandes contratistas de defensa es Gneral Dynamics. Ello tiene que ver en buena medida con el hecho de que la compañía ha enfocado su negocio de sistemas de combate al abastecimiento al Ejército con todo tipo de materiales: balas, tanques o vehículos Striker que se utilizaron por primera vez durante la invasión de 2003.

En Julio, The Washington Post informaba que los beneficios de la empresa se habían triplicado desde el 11-S. Ello debe haber causado satisfacción a alguna gente, incluido a David K. Heebner, un antiguo asistente del Jefe del Estado Mayor del Ejército, Eric Shinseki, quien fuera contratado por General Dynamics en 1999, un año antes de que se cerrase el contrato de los [vehículos] Striker. Según los supervisores de defensa del Proyecto Gubernamental Oversight (POGOP, en sus siglas en inglés). General Dynamics anunció formalmente que iba a contratar a Heebner el 20 de noviembre de 1999, justo un mes después de que Shinseki anunciase una nueva visión para transformar el ejército deshaciéndose de los vehículos pesados y adquiriendo nuevos vehículos armados más ligeros, y un mes y pico antes de que se produjera el retiro oficial de Heebners, el 31 de diciembre de 1999.

En menos de un año y medio después, Heebner fue presentado en la presentación del primer Striker en Alabama donde fue alabado por Shinseki por su trabajo en el Ejército en el proyecto Stryker. Aunque el inspector general del Pentágono concluyó en una investigación preliminar que Heebner se había retirado de cualquier relación en proyectos que estuviesen relacionados con su empleado una vez que se le había ofrecido el trabajo, los críticos mantienen que las actuales normas de la ética son demasiado débiles. Está claro que el ejército se inclinaba a dar un contrato de billones de dólares a General Dynamics al mismo tiempo que Heebner estaba en negociaciones con la compañía para un puesto ejecutivo” dice Jeffrey St. Clair, autor de Gran Theft Pentagon, una arrebatadora revisión de mercantilismo durante la “guerra contra el terrorismo”.

El caso de Heebner es similar a otro infame de Marlene Druyan, de Boeing, una oficial de la Fuerza Aérea que fue condenada a nueve meses de prisión y a siete de arresto domiciliario por haber pactado un salario de 250.000 dólares al año parea ella al mismo tiempo que estaba negociando contratos para la Fuerza Aérea que eran favorables a Boeing. En marzo de este año, Heebner declaró haber ganado 33.500 acciones en la empresa que suponen más de cuatro millones de dólares además de otras 21.050 opciones.

No todo el mundo está satisfecho con el resultado del contrato de los Striker. Toim Christie, el director de pruebas operativas y evaluaciones del Pentágono envió una carta clasificada a Donald Rumself antes de que se desplegasen en Iraq [los vehículos Stryker] advirtiéndole de que el vehículo de 3 millones de dólares no estaba preparado para recibir fuego de artillería. Para entonces, GAO advirtió de serias deficiencias en el vehículo de entrenamiento que se les había proporcionado, una preocupación que se convirtió en algo serio cuando los soldados condujeron accidentalmente los Strykers a las aguas del río Tigris. A pesar de las peticiones públicas de altos oficiales del Ejército, un informe interno del Ejército filtrado a The Washington Post en marzo de 2005 revelaba que los vehículos desplegados en Iraq han dado multitud de problemas en su engranaje y mantenimiento que “[…] están yendo a peor y no a mejor”. Quizá, como seguro contra cualquier denuncia, General Dynamics ha añadido al ex Fiscal General [de EEUU] John Ashcroft entre los miembros de su poderoso lobby. Entre ellos se encuentran Juleanna Glover Weiss, secretaria de prensa del ex vicepresidente [estadounidense] Dick Cheney, Lory Day Sharp, anterior asesora de Ashcroft, y Willie Gaynor, un ex funcionario del Departamento de Comercio que trabajó igualmente en la campaña para la reelección de Bush y de Cheney en 2004.

Número 7: ‘Nour USA Ltd.’

Incorporada poco después de que comenzase la guerra, Nour USA Ltd. ha recibido 400 millones de dólares en contratos en Iraq —incluido el contrato de 80 millones para proporcionar seguridad a los oleoductos— que los críticos dicen se concedieron a través de la intervención de Ahmad Chalabi, el oportunista [opositor] número uno de Iraq, quien tuvo su influencia en la escalada de EEUU hacia la pesadilla del presente con engañosas afirmaciones sobre armas de destrucción masiva [del anterior régimen iraquí].

Chalabi ha negado los informes según los cuales habría recibido dos millones de dólares pero otros licitadores en el contrato precisan que Nour no tenía ninguna experiencia anterior relacionada y que su oferta en el contrato de la seguridad del petróleo era demasiado baja para ser creíble. Otro consultor de la compañía que no ha negado haber recibido dinero por intervenir es William Cohen, el ex secretario de Defensa bajo [la Administración] Clinton. Muchos iraquíes consideran que Chalabi es la opción designada a dedo por EEUU para gobernar Iraq, a pesar de ser un fugitivo buscado por la justicia en Jordania y a pesar de haber sido acusado de pasar información clasificada a Irán.

Iyad Allawi, un rival potencial por el poder en Iraq [y ex primer ministro de Iraq], ha criticado públicamente a Chalabi por haber realizado contratos de trabajos que según él deberían ser responsabilidad del Estado.

Números 8, 9, y 10: ‘Chevron’ y ‘ExxonMobil’, y los ‘petroimperialistas’

Tras tres años de ocupación y después de una serie de hábiles maniobras legales y de citas políticas manipuladoras, la toma de posesión del crudo de Iraq por parte de los gigantes del petróleo está casi completa [3]. La pieza clave del proceso tuvo lugar en septiembre de 2004, cuando el primer ministro designado por EEUU, Iyad Alaui adquirió derecho de preferencia en las elecciones de enero de 2005 y en [la elaboración d]el borrador de Constitución subsiguiente, redactando las guías básicas para crear las bases de una nueva ley sobre el petróleo. La política de Alaui excluyó de manera efectiva que el gobierno [iraquí] pudiera tener en el futuro ninguna intervención en la producción de petróleo al mismo tiempo que prometía la privatización de la compañía nacional iraquí del petróleo. Aunque Alaui ya no está en el poder, sus planes han influido de manera decisiva en el pensamiento sobre política petrolera.

Dando su apoyo para que el proceso siguiera adelante se encuentran los economistas de Bearing Point, consultores cuyos últimos contratos estipulan “[…] la intervención del sector privado en sectores estratégicos, incluidas la privatización, ventas de activos, concesiones, arriendos y contratos de gerencia, especialmente en la industria del petróleo y en las relacionadas con ésta”.

Por su parte, los gigantes de la industria del petróleo han tomado un perfil relativamente bajo en el proceso prestando tan solo una serie de estadistas a la APC, incluido Philip Carroll (de Shell US Fluor), Rob Mckee (de Conoco Philips y Halliburton) y Norman Szydlowski (de Chevron Texaco), el enlace de la APC con el nuevo ministerio de Petróleo de Iraq. Grez Muttitt de la plataforma británica Non profit declara que Chevron, Shell y Conoco Phillips están entre las más ambiciosas de todas las grandes compañías de petróleo en Iraq. Shell y Chevron ya han firmado acuerdos con el gobierno iraquí y han comenzado a formar equipos iraquíes y a conducir estudios; acuerdos que han dado a estas compañías un acceso vital a los funcionarios del ministerio del Petróleo y a datos geológicos.

A pesar de que el ministro de Petróleo iraquí, Husain al-Shahristani declaraba en agosto pasado que la competición final por el desarrollo de los campos de petróleo iraquí sería abierta, los acuerdos preliminares otorgarán a los gigantes del petróleo una ventaja significativa cuando llegue el momento. El grado de interés de las grandes compañías petroleras depende de su apetito por el riesgo y de su necesidad de [obtener] reservas. Shell, por ejemplo, ha actuado peor que ninguna para hallar nuevas reservas en los últimos años —hecho subrayado por un escándalo sucedido en 2004 en el que se desveló que la compañía estaba mintiendo a sus inversionistas.

En este momento, el reto clave de las multinacionales es si pueden convencer al Parlamento iraquí para que apruebe una nueva ley del petróleo para finales de este año. Una provisión central de esta nueva ley estipula el compromiso de utilizar los denominados Acuerdos de Producción Compartida (PSA, en sus siglas en inglés) que blindarán al gobierno [iraquí] en un compromiso a largo plazo (más de 50 años) para compartir los beneficios del petróleo y restringirán su derecho a introducir nuevas leyes que pudieran afectar a los beneficios de las compañías. Greg Muttitt dice que estos acuerdos están diseñados para favorecer a las compañías privadas a expensas de exportar gobiernos y que esa es la razón de que ninguno de los grandes países productores de petróleo de Oriente Medio los utilice. Bajo la nueva ley de petróleo, todos los yacimientos nuevos y algunos de los ya existentes quedarían abiertos a las compañías privadas mediante estos PSA. Comoquiera que menos de 20 de los 80 yacimientos conocidos en Iraq han sido ya explotados, si el gobierno de Iraq acepta firmar los PSA ello podría costar al país cerca de 200 mil millones de dólares en pérdidas de beneficios, según Muttitt, director de investigación de “Designios del Crudo: la estafa del petróleo iraquí”.

Mientras tanto, en una especie de movimiento de pinza, el Parlamento ha empezado a sentir la presión del Fondo Monetario Internacional para que adopte la nueva ley de petróleo. Por supuesto presionar a un país tan volátil como Iraq para que acepte cualquier tipo de acuerdo sin permitir primero un debate parlamentario legítimo supone un gran peligro. Es una manera aventurada de alimentar la democracia en un país que parece que ya ha entrado en una guerra civil. “Si se toma a la ligera —bien denegando un reparto justo a las regiones donde se ubica el crudo, o dándoles demasiada autonomía a costa de la cohesión nacional— esas decisiones sobre el petróleo podrían fracturar y, en última instancia quebrar el país”, apunta Muttitt.

* Charlie Cray es director de ‘Center for Corporate Policy’ de Washington DC

Texto original en inglés: http://www.alternet.org/waroniraq/41083

Notas de IraqSolidaridad:

1.Véase en IraqSolidaridad: http://www.iraqsolidaridad.org/2006/docs/analisis_28-09-06_sabah.html , http://www.iraqsolidaridad.org/2006/docs/econ_14-02-06.html, http://www.iraqsolidaridad.org/2004-2005/docs/econ_21-07-05.html, http://www.iraqsolidaridad.org/2006/docs/econ_7-02-06.html y http://www.iraqsolidaridad.org/2004-2005/analisis/ali_12-04-05.html.

2.Sobre esta denominación, véase en IraqSolidaridad: http://www.iraqsolidaridad.org/2006/docs/econ_11-05-06_2.html.

3.Véase en IraqSolidaridad: http://www.iraqsolidaridad.org/2004-2005/docs/econ_7-12-05.html, http://www.iraqsolidaridad.org/2004-2005/docs/econ_15-12-05.html, http://www.iraqsolidaridad.org/2006/docs/econ_17-01-06.html, http://www.iraqsolidaridad.org/2006/docs/econ_10-01-06.html, http://www.iraqsolidaridad.org/2006/docs/econ_25-05-06.html y http://www.iraqsolidaridad.org/2006/docs/econ_11-05-06.html.

Traducción del inglés para IraqSolidaridad de Loles Oliván.