a relación del Ejército con los derechos humanos ha saltado a la escena, la sociedad civil abrió la caja de Pandora. Una década atrás era impensable que ninguna otra instancia nacional que no fuera de naturaleza militar abordara situaciones tan emblemáticas como la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió en estas semanas en torno a los amparos solicitados por militares que habían sido dados de baja por su condición de portadores de VIH/sida.

Detrás de ello está la brecha que abrió el general José Francisco Gallardo, a quien le aplicaron todo el rigor militar, lo mantuvieron preso durante ocho años con dos meses y fue liberado en 2002, seis años después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos así lo recomendara, acusando al Estado mexicano de practicar la desviación de poder con el fin específico de perseguir al general Gallardo, quien aún no recupera su rango y derechos plenos.

Altos costos han sido pagados por atreverse a plantear la necesidad de la creación de un ombudsman castrense. Nunca se ha dicho que los militares carecen de derechos humanos; sin embargo, en la práctica, su pertenencia al Ejército los priva de ellos. El problema es complejo, pues la otra cara de la moneda, que también ha permanecido oscura, es la participación de miembros del Ejército en la violación de derechos humanos; en algunos casos, como en 1968, "cumpliendo órdenes" que nunca se han esclarecido ni castigado a los responsables de producirlas y ejecutarlas, y en muchos otros cometiendo villanías contra la población. Es en este escenario que se ubican las investigaciones en torno a la violación tumultuaria de militares que ocasionó la muerte a doña Ernestina Ascencio Rosario, de 73 años, en la comunidad de Tetlacingo, municipio de Soledad Atzompa en la región de Zongolica, Veracruz

Estos días la Secretaría de la Defensa Nacional ha emitido diversos boletines "que no la cubren de gloria": ha debido aceptar, tras la decisión de la Suprema Corte, la reincorporación de los militares amparados, ha ofrecido una ubicación para ellos que les permita el acceso a la atención médica, se ha comprometido a evitar que sean víctimas de discriminación y estamos hablando de una causa que llevó 10 años de complejos litigios promovidos por el prestigiado y congruente abogado Pedro Morales Aché, quien seguramente ofrecerá próximamente un balance de estos casos emblemáticos.

También la referida secretaría hubo de manifestarse, ante una comisión de legisladores perredistas recibida por su titular, en el sentido de ratificar su compromiso de "no tolerancia" de actos ilícitos de cualquier índole contra la población civil, refiriéndose a los ominosos sucesos de Tetlacingo, afirmando que en el Ejército "se respetan en todo momento los derechos fundamentales de las personas" (boletín 207, 7 de marzo). Recordemos aquello de que quien afirma está obligado a probar. En este caso el responsable de la 26 Zona Militar en Veracruz deslizó una hipótesis de investigación que suena altamente perversa: habló de que los violadores y homicidas fueron "delincuentes vestidos de militar", insinuando que fue una reacción de la delincuencia organizada a la labor del Ejército en la zona.

Lamentablemente no estamos hablando de un caso aislado, sólo recordemos a Chiapas a partir de 1994 y a los sucesos del Ejido Morelia. Sin duda tendría que investigarse con rigor y darse a conocer los resultados de las periciales que están en curso, sometiéndolas a confirmaciones diversas.

Por otra parte, están los sucesos en Saltillo, donde se pretende comprometer a una integrante del equipo del obispo Raúl Vera para desvirtuar la denuncia de sexoservidoras en torno a violaciones de un grupo de militares.

Habría que señalar que el involucramiento del Ejército en las acciones contra el crimen organizado, aparte de la polémica presente sobre la constitucionalidad de esta intervención, sin duda está generando reacciones; no obstante, es muy peligroso que se utilice a la ligera este tipo de argumentos antes de que así lo concluyan las investigaciones, tanto del fuero civil como del militar, pues no se observa otro propósito más que evadir responsabilidades, pero ante todo desviar la atención sobre la necesaria decisión, ya inaplazable, de colocar el tema de los derechos humanos en la ruta del Ejército, en su doble dimensión: para el respeto a quienes son parte del mismo, así como para el que deben a la ciudadanía. Ya va siendo hora de que se revisen los alcances y limitaciones del fuero militar sostenido con el argumento de la seguridad nacional.

En tanto todo esto se esclarece, Felipe Calderón Hinojosa intenta convencer de sus buenas cuentas a cien días de que entró por la puerta de atrás en el Congreso; por lo pronto, destacan sus muy cuestionables propuestas en materia de seguridad (que deberán analizarse detenidamente con la lupa de los derechos humanos), mientras se observa el desprestigio verde olivo, su carta central en la línea de la mano dura.

Fuente: La Jornada / México – 13.03.07